El Gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni sigue apretando las tuercas del código penal en Italia a golpe de nuevas normas de seguridad. Ha aprobado ya siete decretos y leyes en este ámbito y esta vez el objetivo son los menores que delinquen, sobre todo las pandillas juveniles surgidas en los últimos años: el Consejo de Ministros ha dado luz verde este jueves a una nueva norma que establece que la edad a partir de la cual se puede imputar penalmente de forma automática a un joven ante un presunto delito baja de los 18 a los 14 años. La edad penal mínima sigue igual, es 14 años, pero hasta ahora solo se imputaba a un menor si quedaba demostrado que sabía lo que hacía y tenía una clara capacidad de comprender y decidir la acción del delito. El juez valoraba caso por caso. Ahora será al revés y se les equipara a los adultos; se invierte la carga de la prueba, por lo que será la defensa del menor quien tendrá que probar que no era consciente del alcance de sus actos.
Hasta ahora, los jóvenes de menos de 18 años no eran procesados automáticamente, salvo que se probara su capacidad de comprensión de los hechos. La nueva ley pretende combatir las bandas juveniles
El Gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni sigue apretando las tuercas del código penal en Italia a golpe de nuevas normas de seguridad. Ha aprobado ya siete decretos y leyes en este ámbito y esta vez el objetivo son los menores que delinquen, sobre todo las pandillas juveniles surgidas en los últimos años: el Consejo de Ministros ha dado luz verde este jueves a una nueva norma que establece que la edad a partir de la cual se puede imputar penalmente de forma automática a un joven ante un presunto delito baja de los 18 a los 14 años. La edad penal mínima sigue igual, es 14 años, pero hasta ahora solo se imputaba a un menor si quedaba demostrado que sabía lo que hacía y tenía una clara capacidad de comprender y decidir la acción del delito. El juez valoraba caso por caso. Ahora será al revés y se les equipara a los adultos; se invierte la carga de la prueba, por lo que será la defensa del menor quien tendrá que probar que no era consciente del alcance de sus actos.
“Quien se equivoca debe responder de sus propias acciones. También cuando es menor”, ha dicho Meloni en un vídeo difundido en redes sociales. “Es un principio que estamos intentando afirmar en todos los ámbitos: quien agrede, roba o destroza debe pagar siempre. Aunque tenga 15 o 16 años. Antes se presumía la incapacidad; hoy se presume la responsabilidad”.
La oposición y las organizaciones que trabajan con jóvenes en situación de marginalidad, incluidos capellanes de prisiones de menores, han criticado duramente la iniciativa, que aún debe pasar por el Parlamento. La izquierda acusa al Ejecutivo de hacer solo propaganda y no ocuparse de los problemas reales de los ciudadanos, y considera que la respuesta al problema de la violencia juvenil no son las medidas represivas. La Unión de Cámaras Penales, que reúne a 10.000 abogados penalistas, ha mostrado en un comunicado su inquietud por “una preocupante regresión cultural” y señalan posibles riesgos de constitucionalidad.
El proyecto de ley que incluye esta norma ya ha sido bautizado anti-maranza. El término se refiere a los miembros de pandillas juveniles de barrios periféricos, a veces hijos de inmigrantes, que en los últimos años han protagonizado episodios violentos de delincuencia, algunos de ellos de violencia gratuita. Pero, además, también afecta a los menores detenidos en disturbios callejeros en manifestaciones, razón por la que la oposición asegura que se quiere criminalizar a la juventud que protesta.
Meloni ha explicado que la medida “se dirige principalmente a aquellos que se creen intocables y explotan a menores como mano de obra para sus propios negocios, pero también sirve para castigar a aquellos chicos que piensan que pueden hacer lo que quieran porque saben que no les pasará nada”.
En el mismo proyecto hay otros artículos que ya trascendieron hace semanas. Se podrá retener preventivamente a menores con motivos fundados, por ejemplo, si llevan armas u objetos peligrosos. Los jefes de policía también pueden prohibir grupos de cinco o más personas que muestren actitud intimidatoria, e incluso vetar a determinados individuos que se reúnan en grupo.
Save the Children, que también ha criticado la nueva ley, ha señalado en su último informe de este año que Italia es uno de los países con la tasa de delincuencia juvenil más baja de Europa, pero sí indica que es un problema creciente: el número de arrestos de menores ha aumentado notablemente en los últimos años. En 2024 fueron detenidos por robo 3.968 menores, más del doble que en 2014. Por lesiones fueron 4.653, también casi el doble. Y los arrestados por peleas se han disparado casi un 100% en cinco años. Otro fenómeno preocupante es que se ha normalizado llevar cuchillos y armas blancas. Sobre este aspecto, el Gobierno ya intervino en febrero con otra norma que endurecía la pena por su posesión: de seis meses a tres años y medio si se lleva una navaja de más de ocho centímetros.
“Débil con los fuertes y fuerte con los débiles”
Esta línea represiva es muy discutida por la oposición y fue adoptada por el Gobierno de Meloni nada más llegar al poder, en 2023, con el llamado decreto Caivano. Es el nombre de una localidad cercana a Nápoles donde se registró un terrible suceso en una zona muy degradada, la violación de dos niñas por parte de un grupo de menores. Sus críticos, entre ellos el escritor Roberto Saviano, opinan que solamente llenó las prisiones de chicos.
“Débil con los fuertes y fuerte con los débiles, este es el lema de Meloni”, ha dicho sobre la nueva ley Chiara Braga, jefa del grupo de la Cámara de Diputados del Partido Democrático (PD), primer partido de la oposición. “Ayer con los inmigrantes, hoy con los menores. No hay límite al deseo de mostrar un chivo expiatorio, en vez de solucionar el problema. (…) Es la peor derecha italiana, y la peor derecha europea”, ha afirmado.
La responsable de infancia del PD, Michela Di Biase, ha declarado que los menores “no se pueden considerar un adulto en miniatura”. “La responsabilidad penal debe considerar su madurez y sus capacidades. El riesgo de los automatismos es que sustituyan la valoración de la persona con una respuesta solo represiva”, ha explicado. En su opinión, se debe intervenir en las causas del problema con prevención, educación y apoyo a las familias, no “anticipar el modelo penal de los adultos”.
La propuesta de ley debe pasar por el Parlamento, pero el mero hecho de anunciarla tiene su efecto. Es otra medida más de la coalición de derecha (Hermanos de Italia y La Liga, de ultraderecha, y Forza Italia, derecha) pensada para contentar a su electorado más airado.
A un año de las elecciones
Meloni está acelerando porque queda un año para las elecciones generales, si no las adelanta a primavera, y crece el temor por el rápido ascenso del nuevo partido de extrema derecha, Futuro Nacional (FN). Su líder, el exgeneral Roberto Vannacci acusa a Meloni de haber defraudado a sus votantes e incumplido sus promesas de mano dura, y se está comiendo los votos de la Liga de Matteo Salvini. En los sondeos, FN ya está por encima en torno al 7%. Por eso se ha acelerado la carrera entre Vannacci y el Ejecutivo por formular antes ideas más extremas.
Como en otras ocasiones, la primera ministra italiana maneja bien los tiempos y se mueve siguiendo la actualidad. Esta semana era propicia porque la cuestión de la seguridad se ha impuesto otra vez en el debate público. En primer lugar, por la condena definitiva a 14 años y la entrada en prisión el pasado sábado de un joyero de Piamonte que en 2021 mató a dos atracadores, tras perseguirles en la calle cuando huían de su establecimiento. El Tribunal de Casación, equivalente al Supremo, ha confirmado que no fue legítima defensa porque la amenaza ya había cesado cuando disparó, pero estos años se ha convertido en un héroe para la derecha. Todo el Gobierno criticó la sentencia y la Liga presentó un proyecto de ley para ampliar la legítima defensa también a los momentos posteriores a un delito. “Quien entra en mi casa renuncia a su derecho a la vida”, dijo Vannacci.
Por otro lado, el domingo murió en Bolonia un hombre de origen marroquí con signos de desequilibrio mental en manos de dos agentes que lo habían inmovilizado. Llovía sobre mojado, pues en los últimos años se han registrado muertes de ciudadanos por violencia policial desmedida tras ser arrestados. Hubo una manifestación de protesta en la ciudad que por la noche degeneró en graves incidentes con grupos violentos.
La respuesta del Gobierno cada vez que se han producido disturbios en movilizaciones ha sido acusar a la oposición de izquierda de promover un clima de violencia y luego han seguido nuevas medidas de seguridad, cada vez más severas. Ya sucedió tras los destrozos causados en la estación de Milán el pasado mes de septiembre, durante una huelga general contra la ofensiva de Israel en Gaza. Y en febrero, tras otra protesta en Turín por el cierre de un centro social.
Feed MRSS-S Noticias
