Funcionarios electorales, activistas, abogados, expertos en derecho al voto y otros centinelas de la sociedad civil estadounidense llevan un año y medio denunciando una campaña del presidente Donald Trump para socavar la confianza en la celebración de unas elecciones libres y justas. El temor es que esté preparando el terreno para subvertir el resultado si este no favorece al Partido Republicano.
De amenazas a funcionarios a la incautación de papeletas o un despliegue de agentes federales: los expertos identifican ocho escenarios posibles a 10 días de las elecciones
Funcionarios electorales, activistas, abogados, expertos en derecho al voto y otros centinelas de la sociedad civil estadounidense llevan un año y medio denunciando una campaña del presidente Donald Trump para socavar la confianza en la celebración de unas elecciones libres y justas. El temor es que esté preparando el terreno para subvertir el resultado si este no favorece al Partido Republicano.
A 10 días de las legislativas de mitad de mandato, esa campaña entra en su recta final en pleno apogeo, pese a la acumulación de reveses en los tribunales, que han tumbado un intento de Trump tras otro de cambiar en los últimos meses las reglas a toda prisa. En ese tiempo, el presidente de Estados Unidos también ha obtenido victorias aisladas.
Esta misma semana, que acabó con una demanda preventiva del Departamento de Justicia para impugnar los resultados en Alaska si ganan los demócratas, ha habido ejemplos en ambos sentidos. Mientras una magistrada de California ha ordenado detener una investigación federal en busca de un presunto fraude masivo de votantes no ciudadanos (una conspiranoia desmontada una y otra vez), el Supremo de Washington ha prohibido que New Hampshire admita los carnés estudiantiles como modo de identificación en las urnas.
Para intentar entender cuáles son las principales amenazas que desde la Casa Blanca se ciernen sobre las elecciones del 3 de noviembre, EL PAÍS ha consultado a una decena de expertos en materia electoral, con la intención también de saber cuáles de esas amenazas son las más reales.
Sus análisis coinciden en que el sistema está listo para resistir los embates de un presidente que, hasta la fecha, siempre se ha negado a aceptar una derrota en las urnas. Están de acuerdo en definirla como una operación “sin precedentes” en la historia de este país. También, en que hay uno que vale por todos los demás: la última vez que Trump perdió, una turba de sus fieles, alentados por sus bulos, atacó el Capitolio para tratar de impedir una pacífica transferencia de poder. Esos expertos se ven así en una difícil disyuntiva: entre el deber de alertar y la responsabilidad de no alarmar a la ciudadanía hasta el punto de disuadirla a participar.
Las posibles amenazas descritas dependerán de lo estrechos que sean los resultados, que las encuestas vaticinan que favorecerán a los demócratas. Y se dividen en tres grandes grupos: las lanzadas antes de la votación, desde hace meses; las que penden sobre el día de la elección; y los escenarios posteriores al cierre de los colegios, en previsión de un escrutinio largo y puede que accidentado.
La Casa Blanca insiste en que todas esas maniobras solo obedecen a un fin: “Salvaguardar la integridad electoral y fomentar la seguridad en el proceso democrático”.
Operación: intimidar al votante
Desde su irrupción hace una década, Trump ha sido el político que, con alcance global, más ha hecho por socavar la confianza de la ciudadanía en el sistema electoral. Es cierto que el estadounidense, tan complejo, con sus miles de circunscripciones, sus lentísimos escrutinios y lo vasto de su territorio, se presta a la sospecha, aunque está probado que los comicios son seguros en este país.
Trump ha esparcido incesantemente ―con la ayuda de aliados como Elon Musk― conspiraciones sobre fraudes masivos, menos cuando, como en 2024, él salió ganador de las urnas. Ha presionado para redibujar distritos electorales en favor de su partido. Ha mandado al FBI a incautarse de papeletas emitidas en 2020, año en el que perdió ante Joe Biden, y ha tratado sin éxito de hacerse con registros de votantes. Ha denunciado irregularidades en las máquinas electorales y fallos en el conteo. Y ha sembrado la sospecha sobre el sufragio por correo y por anticipado, pese a que esta semana ha mandado decenas de mensajes en redes sociales a sus simpatizantes para que usen el primer método y él mismo empleó el segundo este sábado en Palm Beach (Florida), junto a su esposa, Melania Trump.
El Tribunal Supremo, cuya mayoría conservadora le es afín, ha tumbado en dos ocasiones sus intentos de limitar el voto por correo, del mismo modo que han quedado desacreditados la existencia de un fraude masivo o los fallos generalizados en las máquinas de recuento. Nada de eso le ha impedido insistir en sus bulos y en la conveniencia de sacar adelante una ley, atascada en el Senado, que endurecería el acceso al voto de millones de compatriotas. También ha propuesto “nacionalizar las elecciones”, pese a que en el sistema estadounidense su organización es una competencia compartida entre los Estados y los condados.
Operaciones teatrales como la lanzada esta semana en California, con la detención ante las cámaras de personas acusadas de votar ilegalmente, abundan en una estrategia que en cierto modo incluye todas las demás: socavar la fe en la democracia e intimidar a los ciudadanos para convencerlos de que no merece la pena participar. “Ese es el principal peligro de esta cita”, considera Jasleen Singh, del Centro Brennan, entidad no partidista de referencia en derecho electoral. “Habrá sido un éxito [para Trump] si la gente se queda en casa [el 3 de noviembre] y no acude a votar”.
Amenazas y presiones a funcionarios
Desde 2020, la de funcionario electoral se ha convertido en una de las profesiones de mayor riesgo en Estados Unidos. Entonces, Trump presionó a un secretario de Estado (Brad Raffensperger, en Georgia) para que le buscara los votos que le faltaban, mientras decenas de trabajadores, muchos de los cuales son voluntarios sin sueldo, recibieron amenazas de muerte y llamadas telefónicas intimidantes.
Este año, la Administración de Trump ha insinuado que está dispuesta a castigar con multas o incluso con la cárcel a los funcionarios que no actúen a su dictado, aunque los expertos coinciden, de nuevo, en que algo así excede las competencias del Gobierno federal.
Condados y Estados controlados por ambos partidos llevan meses preparándose para todos los posibles escenarios; tanto para los imponderables (como catástrofes naturales), como para las viejas eventualidades (que protagonizaron pasadas elecciones: del intento de secuestro de las máquinas de conteo a los ciberataques extranjeros). También están listos para los nuevos escenarios y, si hiciera falta, para repeler una intervención de Trump y sus aliados, ya que estos han sustituido la vieja relación de colaboración por una nueva basada en la hostilidad.
“En estas elecciones, la mayor amenaza no proviene de enemigos extranjeros, sino de la Casa Blanca”, advirtió en una conversación reciente en Washington la secretaria de Estado de Colorado, Jena Griswold. “Hemos renovado todos nuestros planes de contingencia y hemos contratado personal. Hemos incorporado a la oficina del fiscal general y del gobernador a la práctica de simulacros ante situaciones de crisis para que aprendan a gestionar la presión y la ansiedad. Además, contamos con abogados de primer nivel dispuestos a unirse a la lucha”. En su última sesión legislativa, el Parlamento de Colorado, de mayoría demócrata, también aprobó una ley que prohíbe a un candidato presidencial figurar en la papeleta si, como ha coqueteado Trump con hacer, quiere presentarse a un tercer mandato en 2028.
Un poco probable estado de emergencia
La sugerencia de aprovechar un pretexto para declarar el estado de emergencia y suspender la celebración de las elecciones o anular su resultado lleva sonando desde hace meses en los círculos más radicales del trumpismo. A una pregunta en una entrevista con Time sobre esa posibilidad, Trump contestó: “No descarto ni doy por sentado nada”. Pese a esas palabras, no parece plausible, según los expertos consultados, que algo así vaya a suceder en las midterms.
Benjamin Hovland, que fue despedido en julio por el Gobierno de su puesto en la Comisión de Asistencia Electoral (EAC son sus siglas en inglés), recuerda esas declaraciones. E indica que, una vez más, ese es parte del propósito: “sembrar la incertidumbre, hacer que el día de la elección parezca un caos y que la gente se desentienda”. El Gobierno echó a Hovland poco después de que una sentencia del Supremo diera a la Casa Blanca carta blanca para deshacerse de funcionarios de las agencias independientes. Su despido formó parte de la aniquilación de Trump de la EAC, entidad encargada de asistir a las autoridades locales y estatales en el proceso electoral.
Tras su regreso al poder, Trump también se ha deshecho del programa de ciberseguridad que vigilaba posibles injerencias extranjeras, como las que protagonizaron las elecciones de 2016. Eso no le impidió señalar en julio a China en un discurso televisado desde el Despacho Oval en el que recalentó viejos bulos de las presidenciales de 2020.
¿Agentes federales en colegios electorales?
Tanto el presidente como el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, o el director del FBI, Kash Patel, llevan meses perdiendo una oportunidad tras otra de descartar un posible despliegue de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) o del FBI el 3 de noviembre en los colegios electorales. La teoría es que ayudarían a una plácida celebración de los comicios y a poner coto al voto de inmigrantes irregulares, que, según han demostrado sucesivas investigaciones, también federales, es residual. En la práctica, esa presencia haría que muchos inmigrantes, especialmente hispanos, se lo piensen dos veces antes de aparecer en los centros de votación, aunque estén legalmente en el país. Un año y medio de brutal campaña antiinmigración les aconseja andarse con cuidado.
“Algo así sería del todo ilegal”, advierte Singh, la experta del Centro Brennan, que añade que un juez pararía ese despliegue de inmediato. “Las organizaciones civiles y legales como la nuestra están listas para responder ante esa eventualidad”.
Los ojos de los observadores de Trump
El Departamento de Justicia ha reclutado a un ejército de un millar de “observadores electorales” que piensa mandar el 3 de noviembre por todo el país. No es una figura nueva, pero sí lo es su cantidad: en las elecciones de 2024 la Administración de Biden desplegó a 594.
Su labor, explica Jonathan Diaz, de la organización en defensa del derecho al voto Campaign Legal Center (CLC), recuerda vagamente a la de uno de esos observadores que supervisan elecciones en países extranjeros: “monitorean, y si ven algún problema, le dan seguimiento con las autoridades locales”. “Dada la agresividad de esta Administración y su disposición a violar la Constitución y la ley, hay mucha preocupación sobre cómo se comportarán esos monitores en las midterms”, dice Díaz.
La ley les prohíbe intimidar o acosar a los votantes, y el plan de repartirlos por todo el país (aunque solo alcanzarían a cubrir una pequeña parte de las miles de contiendas que se dirimen ese día) ha sido recibida con hostilidad también desde el lado republicano. El gobernador de Wyoming, Mark Gordon, protestó en agosto cuando un puñado de esos observadores pidieron hacer entrevistas a votantes en las primarias. Los enviados del Departamento de Justicia se tuvieron que ir por donde habían venido.
Incautación de máquinas y papeletas
Los bulos sobre las máquinas de votación protagonizaron las elecciones de 2020, y prometen ser tema de conversación en la jornada electoral que se avecina. Esta semana, votantes por todo el país han informado en redes sociales sobre un comportamiento extraño de esa tecnología, según el cual el elector pulsa el nombre de un candidato y la máquina registra que ha optado por otro (no necesariamente demócrata). Ha pasado en elecciones anteriores y, según los expertos, no es indicativo necesariamente de un fraude masivo.
Hovland, el funcionario despedido por Trump, recuerda que “más del 98% de los estadounidenses votan con una papeleta de papel o con un sistema de comprobación físico”, y advierte de que con las máquinas se hacen “pruebas previas” y “auditorías posteriores”. “También se realizan recuentos manuales de muestras para asegurar que el equipo funciona correctamente”, dice. “Hay numerosas garantías, pero eso no quita para que se sigan difundiendo narrativas falsas sobre sus supuestos fallos”.
Basándose en esas sospechas, la Administración de Trump podría incautarse de esos equipos o confiscar papeletas que considere dudosas, como hizo en enero el FBI en el condado de Fulton (Georgia), zona cero de la Gran Mentira de las elecciones de 2020. Diez meses después, sigue sin estar claro qué buscaban esos agentes. Menos aún, qué encontraron.
Demandas para impugnar el resultado
La demanda de Alaska, que el Departamento de Justicia justificó este viernes en el hecho de que hay dos candidatos con nombres muy parecidos, Dan S. Sullivan (republicano) y Dan Sullivan (independiente), puede ser la primera de muchas. El Supremo de Alaska ya zanjó ese asunto, por lo que solo puede tratarse de una maniobra para preparar el terreno y poner en duda los resultados en caso de derrota.
“Es absurda, carece de base”, explica el abogado y experto en política federal Aaron Blacksberg. “Es un intento desesperado, que solo cabe calificar de teatro político. Demuestra cuán desesperados están, y que están tirando espaguetis a la pared, para ver cuál se pega. Ningún juez considerará que tiene mérito”, sentencia.
En 2020, también llovieron las demandas cuando Trump se agarró al bulo (que aún no ha soltado) de que los demócratas le robaron las elecciones. La diferencia es que entonces fueron los abogados de su campaña los que litigaron en los tribunales, en vista de que los responsables del Departamento de Justicia se negaron a hacerlo. El fiscal general, Todd Blanche, ha dado sobradas muestras de que esta vez será diferente, y de que está dispuesto a poner ese departamento, al que se le supone independencia del Ejecutivo, al servicio de las estratagemas de Trump, que este viernes admitió sin tapujos que él pidió personalmente que se interpusiera la demanda de Alaska.
En su segunda presidencia, que arrancó con el indulto de 1.600 participantes en el asalto al Capitolio, Trump ha nombrado además a decenas de negacionistas electorales en puestos clave; algunos tan importantes como los del secretario Mullin o Patel (FBI). También lo es la vicefiscal general, Harmeet Dhillon. Se trata de posiciones con poder para no aceptar los resultados de las midterms o para entorpecer su certificación.
“Hay impugnaciones en cada elección”, advierte Kathy Boockvar, que fue secretaria de Estado demócrata en Pensilvania y ahora dirige Athena, consultoría desde la que trabaja para proteger el derecho al voto. “La única vez que no las hubo fue en 2024, porque ganaron quienes solían poner en duda los resultados. Las amenazas van cambiando [desde hace una década], pero el pueblo estadounidense puede tener fe en que el sistema está diseñado para resistirlas, que los tribunales estarán a la altura, y que los funcionarios protegerán sus derechos contra viento y marea”.
¿Y si el Congreso no reconoce a los ganadores?
Este es el escenario más improbable del lote, “casi cercano a la ciencia ficción”, según Díaz, el experto del CLC. En el sistema estadounidense, basado en reglas de hace un par de siglos, pasan varias semanas entre el primer martes después del primer lunes de noviembre (jornada de la elección) y el mismo día, pero del mes de enero, en el que el Congreso jura el cargo. En 2020, Trump aprovechó ese tiempo para alimentar el monstruo que desembocó en el asalto al Capitolio.
Ese día cae esta vez en el 3 de enero de 2027. Algunos analistas se temen que Trump presione a los líderes republicanos en el Capitolio, donde controlan ambas cámaras (control que podrían perder en las midterms) para que no reconozcan la legitimidad de algunos miembros del partido rival salidos de las urnas. Díaz considera que si para entonces los Estados ya han certificado a todos los ganadores de una elección que, repiten todos los expertos, estará lejos de haber acabado con la noche electoral, el asunto “quedará resuelto”.
Tras decir eso, Diaz hace una pausa y añade. “Aunque todo es posible”.
Y en eso está de acuerdo todo el mundo: si algo ha quedado claro en esta campaña ―y en la década en la política estadounidense que la ha precedido―, es que con Trump nunca se sabe, por más escenarios que uno imagine.
Feed MRSS-S Noticias
