La decisión de 12 países occidentales, ocho de ellos socios comunitarios, de restringir o vetar productos de asentamientos ilegales israelíes en Cisjordania es una muestra más de la creciente frustración e indignación con las políticas expansionistas de Israel que boicotean cualquier posibilidad de lograr algún día una solución de dos Estados. Pero el paso, realizado al margen de la Unión Europea, es a la vez una evidencia más de la incapacidad del bloque comunitario de actuar con firmeza —y de forma unánime— ante el Gobierno de Benjamin Netanyahu. Ni siquiera en una cuestión como la política de asentamientos que tan duras condenas ha provocado incluso de las capitales más reticentes a criticar a Israel, como Berlín o Viena.
Desde Bruselas, Albares insta a seguir buscando vías para presionar a Israel, igual que se ha hecho desde el primer momento con Rusia por su ofensiva en Ucrania
La decisión de 12 países occidentales, ocho de ellos socios comunitarios, de restringir o vetar productos de asentamientos ilegales israelíes en Cisjordania es una muestra más de la creciente frustración e indignación con las políticas expansionistas de Israel que boicotean cualquier posibilidad de lograr algún día una solución de dos Estados. Pero el paso, realizado al margen de la Unión Europea, es a la vez una evidencia más de la incapacidad del bloque comunitario de actuar con firmeza —y de forma unánime— ante el Gobierno de Benjamin Netanyahu. Ni siquiera en una cuestión como la política de asentamientos que tan duras condenas ha provocado incluso de las capitales más reticentes a criticar a Israel, como Berlín o Viena.
La UE ha fracasado una y otra vez en aplicar sobre Israel las palancas de presión —diplomáticas, políticas y comerciales— que tiene disponibles. Desde sanciones significativas, a la suspensión del acuerdo comercial entre ambos bloques. Es un asunto enormemente controvertido y divisivo entre los Estados miembros, reconocen fuentes comunitarias. La Comisión Europea, además, capitaneada por la alemana Ursula von der Leyen, señalada desde el inicio de la ofensiva israelí en Gaza tras el atentado de Hamás en 2023 por sus reticencias a dar pasos que contraríen a Israel, ha arrastrado los pies a la hora de lanzar medidas, incluso a la hora de castigar los asentamientos ilegales que condenan todos los Estados miembros.
En julio, tras reiteradas presiones de las capitales, presentó al fin a los Veintisiete tres “opciones” para restringir o vetar el comercio con estos asentamientos. Pero con el formato elegido, la conservadora alemana abrió la caja de Pandora al apuntar que, aunque se trata de medidas comerciales —que requieren solo una mayoría cualificada ya de por sí difícil— podría llegar a necesitarse, por sus implicaciones políticas, el voto por unanimidad. Algo que se considera prácticamente imposible en una UE donde varios países siguen rechazando cualquier castigo a Israel, pero a lo que rápidamente se aferraron los países que prefieren frenar también este paso, como Alemania o Italia.
Los Estados miembros no han sido capaces siquiera de dar el primer paso y elegir una de las alternativas u opciones propuestas por Bruselas, pese a que para ello solo se requería una mayoría simple de 14 países, reconoció antes de la pausa estival la alta representante para Política Exterior y Seguridad, Kaja Kallas. La estonia no oculta su frustración sobre la falta de consenso a la hora de abordar la situación en el territorio ocupado de Cisjordania, donde la violencia de ultranacionalistas radicales contra palestinos ha aumentando en los últimos tres años a un ritmo sin precedentes.
Y pese a un largo verano repleto de nuevos violentos incidentes de colonos radicales y de anuncios de Israel que, desoyendo todas las advertencias internacionales, sigue adelante en sus planes expansionistas, incluido el controvertido asentamiento E1 que partirá en dos Cisjordania y que también provocó otra condena firme de Europa en agosto, las cuentas siguen sin salir en Bruselas.
“En las últimas discusiones no ha habido un resultado claro sobre las diferentes opciones, ni en el Consejo de Asuntos Exteriores ni a nivel de Coreper [las reuniones en Bruselas de los embajadores de los Estados miembros], lo que significa que no hay ninguna mayoría clara en torno a las opciones presentadas por la Comisión”, recuerda a este diario el portavoz comunitario de Exteriores, Anouar el Anouni. “Está en manos de los Estados miembros decidir los siguientes pasos”, acota.
Alrededor de una quinta parte de todos los envíos israelíes destinados a la UE proceden de colonias en Cisjordania, Jerusalén Este y los Altos del Golán, según una investigación por la organización jurídica Global Echo Litigation Center, que opera a escala global y está formada por abogados israelíes y palestinos. La organización, que analizó más de 30.000 expedientes administrativos comerciales sobre exportaciones de Israel a los Veintisiete entre 2017 y 2026, subraya que, pese a las restricciones existentes, los productos originarios de las colonias siguen entrando en los mercados europeos sin aranceles, desde cítricos y tahini a dátiles, aguacates o uvas.
“Todos los Estados miembros de la UE coinciden en que los asentamientos israelíes en Cisjordania son ilegales según el Derecho internacional”, recordó Kallas nada más conocer la decisión de Francia, Reino Unido y Canadá de que dejarán de comprar productos a los asentamientos israelíes ilegales. “La expansión de los asentamientos por parte del Gobierno israelí en Cisjordania está socavando las perspectivas de una solución viable de dos Estados”, subrayó el martes tras el anuncio de París, Londres y Ottawa. Una iniciativa que se suma a la declaración conjunta con otros nueve países europeos —entre ellos España— anunciando su apoyo a la medida, que varios ya aplican, o su intención de imponer restricciones o incluso vetar los productos de los asentamientos en territorio ocupado de Cisjordania.
Pero el asunto no avanza en Bruselas. El problema en torno a las sanciones a los asentamientos ilegales es que los números para actuar como UE, pese a las declaraciones y condenas conjuntas, “no han variado”, confirman varias fuentes diplomáticas.
“La voz de la UE debe hacerse oír alto y claro (…) lamentablemente, no somos capaces de alcanzar un mínimo común denominador entre los Veintisiete que debería basarse únicamente en nuestros valores y principios fundamentales y en el respeto del Derecho internacional”, ha lamentado este miércoles el ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, durante una conferencia en el Parlamento Europeo sobre la situación en Oriente Próximo.
El asunto está aún más encallado de cara a las elecciones de octubre en Israel, el mismo mes en el que la UE podría intentar avanzar de nuevo la cuestión, en la próxima cita de Exteriores, el 12 de octubre en Luxemburgo. “Algunos Estados miembros creen que el avance de medidas de presión europeas pueden dar alas a los ultranacionalistas”, apunta una fuente diplomática. De hecho, aunque la UE ha aprobado una serie de sanciones contra colonos israelíes violentos y organizaciones de colonos ha enterrado en un cajón la idea de sancionar a dos ministros ultras: Itamar Ben-Gvir (Seguridad Nacional) y Bezalel Smotrich (Finanzas).
Aun así, Albares ha insistido en que se deben seguir buscando vías para presionar a Israel, igual que se ha hecho desde el primer momento con Rusia por su ofensiva en Ucrania.
“Los derechos humanos, la justicia y la dignidad no pueden ser universales en nuestros discursos y condicionales en nuestra política exterior. Si las vidas de los civiles importan, deben importar independientemente de la nacionalidad, la religión y la afiliación política. La represión y la violación flagrante de los derechos humanos deben condenarse en todas partes”, subraya. Porque lo que está en juego, ha recordado, es también la “credibilidad y relevancia” de Europa.
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