Sucesos
“Una madre va a ser siempre una madre”: el caso de Juana Santiago Chel en Nebaj abre un debate sobre la ley y la humanidad; el MP investiga
Una orden judicial para desalojar a una adulta mayor desencadenó disturbios, el incendio de la vivienda de una jueza en Nebaj y un debate sobre el cumplimiento de la ley, mientras el Ministerio Público (MP) investiga los hechos.
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” alt=”Miniatura” class=”d-block w-100″/>Las pertenencias de Juana Santiago Chel, una mujer de la tercera edad, quedaron sobre la calle por una orden judicial promovida por uno de sus hijos. Horas después, la indignación que provocaron las imágenes del desalojo recorrió Nebaj, Quiché, hasta convertirse en una protesta que terminó con la vivienda de la jueza que autorizó la diligencia reducida por las llamas, en un caso que abrió un intenso debate sobre los límites entre el cumplimiento de la ley, el uso de la fuerza y el trato hacia las personas más vulnerables.
La diligencia se ejecutó el 30 de julio en la comunidad Xecoxol, Nebaj, Quiché, luego de un proceso judicial impulsado por uno de los hijos de la adulta mayor. Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) toman de los brazos a la mujer para retirarla del inmueble, imágenes que generaron una ola de críticas y la reacción de cientos de vecinos.
Durante el programa Impacto Directo, de Guatevisión, expertos analizaron el caso y coincidieron en que trasciende el cumplimiento de una resolución judicial. El debate se centró en la proporcionalidad del operativo, el componente humano durante la diligencia, la obligación de la Policía de acatar una orden judicial y la necesidad de establecer si los protocolos institucionales fueron aplicados correctamente.
“Una madre va a ser siempre una madre”
Una de las expresiones más contundentes durante el programa fue: “Una madre va a ser siempre una madre”, al referirse a que la orden de desalojo fue promovida por uno de los hijos de la adulta mayor.
Uno de los expertos calificó de “inaceptable” el despliegue policial utilizado para ejecutar la diligencia y aseguró que el caso generó indignación al involucrar a dos mujeres de la tercera edad.
Asimismo, manifestó que “violencia engendra violencia” y señaló que, aunque las autoridades sostienen que cumplían con su trabajo, existen distintas maneras de ejecutar este tipo de procedimientos.
Otro de los analistas recordó que la PNC únicamente atendió una orden judicial; sin embargo, cuestionó la cantidad de agentes desplegados durante el operativo.
“Cuando vi la nota dije: ¿De dónde salió tanto policía?”, expresó al señalar que en esa región normalmente la presencia policial es limitada.
También indicó que, según la información conocida sobre el caso, existen señalamientos de que el hijo habría obtenido firmas de su madre cuando ella se encontraba enferma para concretar el traslado de la propiedad, extremo que deberá establecerse por las autoridades competentes.
¿Se cumplió la ley o faltó humanidad?
Durante el programa también se abordaron las declaraciones del ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, quien anunció que el Ministerio revisará la actuación de los agentes que participaron en la diligencia.
El funcionario reconoció el impacto de las imágenes difundidas.
“Es difícil ver las imágenes de una persona de la tercera edad sacada de su domicilio. Son imágenes difíciles de procesar y también reprochables”, afirmó.
No obstante, reiteró que la Policía actuó en cumplimiento de una resolución judicial.
“La Policía actúa con base en una orden judicial. La Policía no puede determinar qué órdenes obedece y qué órdenes no obedece”, expresó.
Asimismo, informó que el Ministerio de Gobernación sostendrá reuniones con autoridades del Organismo Judicial (OJ) para analizar medidas de seguridad a favor de la jueza que emitió la resolución y evaluar la situación del juzgado de Nebaj.
Otro de los expertos explicó que un juez únicamente puede autorizar un lanzamiento cuando existen documentos que acreditan el derecho de propiedad.
Sin embargo, indicó que, si la propietaria firmó documentos sin conocer su contenido, podría existir un vicio del consentimiento, situación que únicamente puede resolverse mediante otro proceso judicial.
También señaló que el abogado de la familia sostiene que el lanzamiento pudo haberse ejecutado en un lugar equivocado debido a un posible error en los linderos del terreno, aspecto que deberá esclarecerse durante las investigaciones.
Del desalojo a los disturbios
Horas después del procedimiento, cientos de pobladores se concentraron frente a dependencias policiales y judiciales para exigir justicia en favor de la adulta mayor.
Posteriormente, un grupo llegó hasta la vivienda de la jueza Ada Madaí López Morales, quien ya no se encontraba en el inmueble, y prendió fuego a la residencia.
Según la PNC, los manifestantes superaban ampliamente en número a los agentes destacados en el lugar, por lo que fue necesario solicitar apoyo de otras unidades policiales. Los Bomberos Voluntarios lograron controlar el incendio durante la madrugada, aunque las llamas ya habían causado daños en la vivienda.
Tras los hechos, la Policía informó que abrió una investigación interna para establecer si los agentes actuaron conforme a los protocolos durante la diligencia.
El Ministerio Público (MP) informó que inició una investigación por los hechos ocurridos el 30 de julio durante y después de la diligencia de desalojo en Santa María Nebaj, Quiché. La institución aclaró que no participó en la planificación ni en la ejecución del procedimiento; sin embargo, al conocer posibles acciones delictivas, abrió las pesquisas para esclarecer los hechos en los que se vio involucrada Juana Santiago Chel, así como determinar si existen responsabilidades penales de los distintos partícipes. Añadió que, debido a que la investigación continúa en desarrollo, informará oportunamente sobre los avances que legalmente puedan hacerse públicos, sin afectar las diligencias en curso.
Por su parte, el Organismo Judicial expresó su respaldo a la jueza Ada Madaí López Morales, condenó los actos de intimidación y violencia y reiteró que cualquier acción contra quienes ejercen funciones jurisdiccionales representa una afectación a la independencia judicial, al Estado de Derecho y al acceso a la justicia.
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Una orden judicial para desalojar a una adulta mayor desencadenó disturbios, el incendio de la vivienda de una jueza en Nebaj y un debate sobre el cumplimiento de la ley, mientras el Ministerio Público (MP) investiga los hechos.
Sucesos
“Una madre va a ser siempre una madre”: el caso de Juana Santiago Chel en Nebaj abre un debate sobre la ley y la humanidad; el MP investiga
Una orden judicial para desalojar a una adulta mayor desencadenó disturbios, el incendio de la vivienda de una jueza en Nebaj y un debate sobre el cumplimiento de la ley, mientras el Ministerio Público (MP) investiga los hechos.
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Las pertenencias de Juana Santiago Chel, una mujer de la tercera edad, quedaron sobre la calle por una orden judicial promovida por uno de sus hijos. Horas después, la indignación que provocaron las imágenes del desalojo recorrió Nebaj, Quiché, hasta convertirse en una protesta que terminó con la vivienda de la jueza que autorizó la diligencia reducida por las llamas, en un caso que abrió un intenso debate sobre los límites entre el cumplimiento de la ley, el uso de la fuerza y el trato hacia las personas más vulnerables.
La diligencia se ejecutó el 30 de julio en la comunidad Xecoxol, Nebaj, Quiché, luego de un proceso judicial impulsado por uno de los hijos de la adulta mayor. Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) toman de los brazos a la mujer para retirarla del inmueble, imágenes que generaron una ola de críticas y la reacción de cientos de vecinos.
Durante el programa Impacto Directo, de Guatevisión, expertos analizaron el caso y coincidieron en que trasciende el cumplimiento de una resolución judicial. El debate se centró en la proporcionalidad del operativo, el componente humano durante la diligencia, la obligación de la Policía de acatar una orden judicial y la necesidad de establecer si los protocolos institucionales fueron aplicados correctamente.
“Una madre va a ser siempre una madre”
Una de las expresiones más contundentes durante el programa fue: “Una madre va a ser siempre una madre”, al referirse a que la orden de desalojo fue promovida por uno de los hijos de la adulta mayor.
Uno de los expertos calificó de “inaceptable” el despliegue policial utilizado para ejecutar la diligencia y aseguró que el caso generó indignación al involucrar a dos mujeres de la tercera edad.
Asimismo, manifestó que “violencia engendra violencia” y señaló que, aunque las autoridades sostienen que cumplían con su trabajo, existen distintas maneras de ejecutar este tipo de procedimientos.
Otro de los analistas recordó que la PNC únicamente atendió una orden judicial; sin embargo, cuestionó la cantidad de agentes desplegados durante el operativo.
“Cuando vi la nota dije: ¿De dónde salió tanto policía?”, expresó al señalar que en esa región normalmente la presencia policial es limitada.
También indicó que, según la información conocida sobre el caso, existen señalamientos de que el hijo habría obtenido firmas de su madre cuando ella se encontraba enferma para concretar el traslado de la propiedad, extremo que deberá establecerse por las autoridades competentes.
¿Se cumplió la ley o faltó humanidad?
Durante el programa también se abordaron las declaraciones del ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, quien anunció que el Ministerio revisará la actuación de los agentes que participaron en la diligencia.
El funcionario reconoció el impacto de las imágenes difundidas.
“Es difícil ver las imágenes de una persona de la tercera edad sacada de su domicilio. Son imágenes difíciles de procesar y también reprochables”, afirmó.
No obstante, reiteró que la Policía actuó en cumplimiento de una resolución judicial.
“La Policía actúa con base en una orden judicial. La Policía no puede determinar qué órdenes obedece y qué órdenes no obedece”, expresó.
Asimismo, informó que el Ministerio de Gobernación sostendrá reuniones con autoridades del Organismo Judicial (OJ) para analizar medidas de seguridad a favor de la jueza que emitió la resolución y evaluar la situación del juzgado de Nebaj.
Otro de los expertos explicó que un juez únicamente puede autorizar un lanzamiento cuando existen documentos que acreditan el derecho de propiedad.
Sin embargo, indicó que, si la propietaria firmó documentos sin conocer su contenido, podría existir un vicio del consentimiento, situación que únicamente puede resolverse mediante otro proceso judicial.
También señaló que el abogado de la familia sostiene que el lanzamiento pudo haberse ejecutado en un lugar equivocado debido a un posible error en los linderos del terreno, aspecto que deberá esclarecerse durante las investigaciones.
Del desalojo a los disturbios
Horas después del procedimiento, cientos de pobladores se concentraron frente a dependencias policiales y judiciales para exigir justicia en favor de la adulta mayor.
Posteriormente, un grupo llegó hasta la vivienda de la jueza Ada Madaí López Morales, quien ya no se encontraba en el inmueble, y prendió fuego a la residencia.
Según la PNC, los manifestantes superaban ampliamente en número a los agentes destacados en el lugar, por lo que fue necesario solicitar apoyo de otras unidades policiales. Los Bomberos Voluntarios lograron controlar el incendio durante la madrugada, aunque las llamas ya habían causado daños en la vivienda.
Tras los hechos, la Policía informó que abrió una investigación interna para establecer si los agentes actuaron conforme a los protocolos durante la diligencia.
El Ministerio Público (MP) informó que inició una investigación por los hechos ocurridos el 30 de julio durante y después de la diligencia de desalojo en Santa María Nebaj, Quiché. La institución aclaró que no participó en la planificación ni en la ejecución del procedimiento; sin embargo, al conocer posibles acciones delictivas, abrió las pesquisas para esclarecer los hechos en los que se vio involucrada Juana Santiago Chel, así como determinar si existen responsabilidades penales de los distintos partícipes. Añadió que, debido a que la investigación continúa en desarrollo, informará oportunamente sobre los avances que legalmente puedan hacerse públicos, sin afectar las diligencias en curso.
Por su parte, el Organismo Judicial expresó su respaldo a la jueza Ada Madaí López Morales, condenó los actos de intimidación y violencia y reiteró que cualquier acción contra quienes ejercen funciones jurisdiccionales representa una afectación a la independencia judicial, al Estado de Derecho y al acceso a la justicia.
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ESCRITO POR:
Erick Gutiérrez
Periodista de Prensa Libre con tres años de experiencia en periodismo impreso, digital y multimedia. Fotógrafo e integrante del equipo de Inmediatez y Tendencias.
ARCHIVADO EN:
Prensa Libre | Guatemala
