Aquella noche de octubre, Rakhel Rios subió al monte a lomos de una moto con la linterna del celular apuntando al suelo. Buscaba a un joven con el pelo teñido de rojo. Ravel, su hijo de 19 años, no estaba en la comisaría, ni en los hospitales, ni entre los muertos o detenidos que aparecían en los vídeos que circularon tras la masacre. Mientras sus amigas iban recogiendo los cuerpos de sus hijos, a ella solo le quedaba por comprobar el bosque que separa los complejos de favelas de Alemão y la Penha, en la zona norte de Río de Janeiro. Entre los árboles encontró cadáveres de 10 en 10 y ella gritaba hasta oír su propio eco: “¿Hay alguno con el pelo rojo?”. A las cinco y media de la mañana, atiborrada de tranquilizantes, arañada, sucia y sin haber comido, se fue a casa a ducharse. Su prima le estaba peinando cuando sonó el teléfono: habían encontrado a Ravel. O, mejor dicho, su cabeza.
Casi un año después de la operación policial más letal de la historia del país, nada ha cambiado en las favelas de Río. Lula y Bolsonaro llegan a las urnas con recetas opuestas en seguridad
Aquella noche de octubre, Rakhel Rios subió al monte a lomos de una moto con la linterna del celular apuntando al suelo. Buscaba a un joven con el pelo teñido de rojo. Ravel, su hijo de 19 años, no estaba en la comisaría, ni en los hospitales, ni entre los muertos o detenidos que aparecían en los vídeos que circularon tras la masacre. Mientras sus amigas iban recogiendo los cuerpos de sus hijos, a ella solo le quedaba por comprobar el bosque que separa los complejos de favelas de Alemão y la Penha, en la zona norte de Río de Janeiro. Entre los árboles encontró cadáveres de 10 en 10 y ella gritaba hasta oír su propio eco: “¿Hay alguno con el pelo rojo?”. A las cinco y media de la mañana, atiborrada de tranquilizantes, arañada, sucia y sin haber comido, se fue a casa a ducharse. Su prima le estaba peinando cuando sonó el teléfono: habían encontrado a Ravel. O, mejor dicho, su cabeza.
Ravel fue uno de los 117 civiles que murieron el 28 de octubre del año pasado en la operación policial más letal de la historia de Brasil, en la que también cayeron cinco agentes. Aquellas imágenes en las que se vieron decenas de cadáveres en calzoncillos alineados en una calle de la favela de Penha dieron la vuelta al mundo. Para una parte de Brasil, aquello fue una prueba más de una política de seguridad que lleva décadas matando a jóvenes negros sin muchos resultados. Para otra, era una nueva imposición de la mano dura con la que se están ganando elecciones de norte a sur del continente.
Casi un año después, cuando Brasil elige presidente este domingo, en esa misma calle en la que yacían decenas de cuerpos acribillados, la vida es la de siempre, nada cambió. “Aquí los políticos solo aparecen cada cuatro años, pero nunca traen inversión, educación o cultura”, reclama Sandra Vieira, líder de la Central Única das Favelas (CUFA) en esa barriada. Las esquinas, como antes de la operación, siguen controladas por hombres armados.
Un hombre en bañador y chanclas, con un fusil AR-15 colgado del hombro y cuatro cargadores en la cintura, asegura, sin un atisbo de desafío: “Aquí mueren 100 [traficantes] y entran 200”.
Rakhel tiene 35 años y es nieta de un policía militar que murió en servicio. Soñaba, dice, con que su hijo Ravel se alistara en el Ejército. Dice que a su hijo nunca le faltó nada. Que fue firme con él. “Lo crié para que fuera un hombre de bien”, asegura. “Una madre no cría a un hijo para que sea traficante”, remarca la activista Vieira en su despacho. Rakhel cuenta que las malas compañías se lo fueron llevando y que solo supo que su hijo iba armado por las fotos que empezaron a circular por internet después de su muerte. Vieira añade que a esos jóvenes les faltan oportunidades.
Días antes de que a Rakhel por fin le permitiesen reconocer el cuerpo desmembrado de su hijo, Flávio Bolsonaro, senador por Río y hoy candidato de la extrema derecha a la Presidencia, publicó un vídeo celebrando el resultado. Dijo que el arsenal incautado demostraba que no había otro camino que “el máximo de fuerza”. El presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, por el contrario, se refirió al episodio como una “matanza”. Y el 57% de los habitantes de la región metropolitana de Río tenía su propio veredicto: consideró que aquel sangriento episodio fue un éxito, según Datafolha. Rakhel entiende a quienes lo aplaudieron porque ella fue una de esas personas: “Cuando oía que alguien había muerto en una operación, pensaba: uno menos. Porque no me había tocado a mí. Hasta que me tocó”.
Para la izquierda, la operación simbolizó la barbarie policial, pero fue puro capital electoral para la derecha. Felipe Curi, el jefe de la Policía Civil que dirigió la incursión contra el Comando Vermelho, y un comisario que perdió una pierna en el tiroteo piden el voto este domingo para convertirse en diputados. El 122 es el número a teclear en la urna electrónica para votar a Curi, la cifra de los muertos que cayeron ese día de guerra. Ambos cuentan con el respaldo de Flávio Bolsonaro. “Este tipo de operaciones son un escaparate para agradar a esa extrema derecha que predica una actuación policial violenta”, defiende la socióloga Carolina Grillo, de la Universidad Federal Fluminense.
Esta es, según Grillo, “la elección en la que la seguridad tiene más peso de la historia”. La delincuencia es la principal preocupación de los brasileños: el 33% la cita como el mayor problema del país, frente al 15% que menciona la economía, según una encuesta de Quaest de agosto.
La aparente paradoja es que este temor crece cuando la violencia letal está en mínimos. Brasil cerró 2025 con 19 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, la tasa más baja desde que empezó la serie en 2012, según el Anuario Brasileño de Seguridad Pública. Lo que sí aumentó es la violencia policial, que mató a 6.602 personas en un año, otro récord. El 80% de las víctimas son negras.
Menos muertos, sin embargo, tampoco significa menos crimen. Cuatro de cada diez brasileños dicen convivir con facciones o milicias en su barrio, según una encuesta de Datafolha. “Cuando la delincuencia se organiza, los homicidios tienden a caer”, explica Grillo. El PCC (Primeiro Comando da Capital), de São Paulo, y el Comando Vermelho, de Río, se expandieron por casi todo el territorio nacional en la última década, y decenas de grupos locales copiaron su modelo.
El negocio ya no es solo la droga. Siguiendo el ejemplo de las milicias de Río, formadas por policías y exagentes, ahora extorsionan a los vecinos de barrios pobres a cambio de suministrar la luz, el gas, el transporte o el suelo para edificar. El PCC hace años que montó un imperio empresarial para blanquear ingresos y a eso se suman las estafas y los robos de celulares, que tienen atemorizados a los brasileños.
Rakhel aún no ha tenido “el valor” para leer el informe forense de su hijo, pero recuerda lo que vio en la camilla de la morgue. “Tenía la ingle amoratada y la mandíbula rota, como si lo hubieran golpeado antes de morir. Muchas madres vimos signos de tortura en los cuerpos de nuestros hijos”. Ella es una de las pocas que ha denunciado al Estado. “Fuera cual fuera la situación de mi hijo, aquella operación se salió de toda legalidad”, dice. “Algunos chicos se rindieron, el hijo de una amiga apareció atado. ¿Por qué mi hijo no tuvo derecho a una segunda oportunidad?”, cuestiona, ahora sí llorando.
Los dos candidatos con posibilidades de ganar esta elección ofrecen recetas opuestas. “Cuesta mucho encontrar propuestas que de verdad ofrezcan alguna perspectiva a la población, que no sean más de lo mismo, lo que ya se hace desde hace décadas y no ha funcionado”, critica Grillo.
El programa de Flávio Bolsonaro habla el mismo idioma que muchos de sus policías, que llevan décadas quejándose de que la ley protege a los criminales. Bolsonaro quiere declarar “narcoterroristas” al PCC, al Comando Vermelho y a las milicias, los grupos criminales de parapoliciales con los que llevan años relacionándolo. En mayo, días después de que Bolsonaro se reuniera con Donald Trump y Marco Rubio, Washington anunció la designación de esos dos primeros como organizaciones terroristas extranjeras, una medida que el Gobierno de Lula había intentado evitar por temor a sanciones o a una acción militar.
El senador fluminense también quiere reducir la edad penal a 16 años y castrar químicamente a violadores y pederastas. Y, así como el presidente colombiano prometió en la que fue la última elección de la región, asegura que levantará cárceles de máxima seguridad siguiendo “el modelo de El Salvador”. Las agrupará en un complejo llamado Treva (tinieblas).
La propuesta central de Lula es una reforma constitucional para crear un Ministerio de Seguridad Pública, la asfixia financiera de las facciones, el control de armas que el Gobierno de Jair Bolsonaro flexibilizó y cámaras corporales para evitar los abusos policiales. Lula apuesta por la prevención y esquiva el endurecimiento penal que Bolsonaro promete.
Rakhel no votará el domingo. “Esta es una guerra falsa. Para mí todos los políticos son iguales”, dice la mujer, que acaba de tatuarse el nombre de su hijo en mitad del pecho. “Murieron ciento y pico chavales y el tráfico [de drogas] sigue en el mismo sitio”, lamenta. Ahí está el hombre del AR-15 y los cuatro cargadores para dar fe.
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