“Lo primero que hicieron los dos ministros fue desmarcarse, —y decir— ‘nosotros no participamos’. Después —el Mindef— dice que sí lo hizo como contención, y que no quisieron intervenir”, señala Alan Ajiatas, subjefe de la Fiscalía de Narcoactividad hasta el 2023. “Entonces, ha sido muy irresponsable la comunicación que han tenido”.

Un día después de los asesinatos en Huité, el Mindef divulgó un comunicado de prensa en el que atribuyó los hechos a “un enfrentamiento entre organizaciones del crimen organizado”. Dos semanas más adelante, la PNC reveló que ninguna de las víctimas tenía antecedentes delictivos.

Los miembros del comando armado usaban uniformes tipo militar que no dejaban ninguna porción de piel expuesta, salvo la que rodeaba sus ojos, en los casos en que no tenían lentes oscuros puestos, o visores nocturnos, algo no observado en los grupos de narcotráfico que operan en Guatemala, que resultan detenidos, heridos o muertos después de enfrentamientos entre sí, como en la matanza de Juancho León, en Zacapa, y entre Zetas y Huistas, en Agua Zarca, Huehuetenango, en el 2008.

“No se tiene claridad de que hayan participado organizaciones criminales porque tenemos muy poca información”, indicó Ajiatas. “Una organización criminal es más bélica, más propensa a perder el control. Hubieran reaccionado ante los insultos —de testigos presentes— con al menos una ráfaga. Lo que sigue estando claro es que participó el Ejército, y que pudo haber disparado a gente desarmada”, añadió.

El exfuncionario admitió que algunos operativos antinarcóticos desatan una reacción violenta en las comunidades cercanas. Mencionó el caso de fiscales que fueron rociados con gasolina y amenazados con ser quemados, y con una sierra eléctrica. “En estos casos hubo certeza de verificación del Ministerio Público (MP), había fe pública”, aseguró. Este no fue el caso en Huité, el 27 de septiembre.

“Se debe considerar si —fue— claro el ataque contra las unidades de las fuerzas y que se pueda verificar si la reacción bélica —contra la población civil— se justificó”, dijo Ajiatas. En el oriente del país, no hay registros de años recientes del uso de fuerza armada militar contra narcotraficantes. “No actúan en ciertas áreas, y cuando lo hacen, es de una manera irresponsable”, cuestionó.

En las últimas semanas, el Mindef hizo una investigación interna, por orden del presidente Bernardo Arévalo. Además, el coronel de Infantería Miguel Estuardo Barrios Martínez presentó ante el MP una denuncia contra el ministro Sáenz y el jefe del Estado Mayor, José Martínez Milián.

En una entrevista con Libertopolis, Barrios acusó a Sáenz de darle de baja para convertirlo en un ejemplo de mordaza y demostrarles qué puede pasar a otros oficiales que pretendan hacer cualquier delación relacionada con el Mindef.

Esa cartera puso a disposición del MP a 107 elementos de la Segunda Brigada de Infantería en Zacapa, para las diligencias que el MP deba realizar, sugiriendo que entre ellos están los responsables. Luego, hasta el 8 de octubre, Defensa anunció que relevó de sus cargos al jefe del Estado Mayor de la Defensa Martínez Milián, y al coronel de Infantería Edwin Constanza Hidalgo, jefe de la Segunda Brigada en Zacapa.

Lo que revelan los videos

Siete minutos después de que tres mujeres fueron atacadas a balazos en la entrada principal de Huité, al norte del casco urbano, una cámara grabó —a las 20.33 horas— cuando un jeep J8 se detuvo aproximadamente a una cuadra de distancia, y avanzó desde la 1a. avenida, que conecta con una ruta —RD ZAC 1 y RN 20— que procede directamente de la brigada militar de la cabecera de Zacapa. Después se estacionó justo a la par de la escena del crimen, mientras se escuchaban otras detonaciones en el lugar donde el vehículo de las víctimas quedó empotrado en un portón.

Tres videos en TikTok muestran que entre las 20.26 y las 20.55 horas, cuando las mujeres eran asesinadas, parte del comando militar bloqueó el acceso norte a Huité, una ruta que se conecta con la 1a. Avenida en el casco del municipio. Así obligaron a los automovilistas a dar vuelta en U.

Si el comando armado y los vehículos militares salieron de la citada brigada, y presuntamente regresaron al mismo sitio, no se explica por qué casi un hora y 11 minutos después del asesinato de las mujeres tres Jeeps J8 fueron grabados por una cámara desplazándose por la Calle Real o principal de San José Teculután hacia la CA-9, una carretera que conduce por el noreste a Izabal y Petén, o hacia El Progreso y la capital, en el centro del país. La implicación es que no todo el personal y vehículos que participaron en la operación regresaron a la Segunda Brigada de Infantería en Zacapa. Por lo tanto, podrían no estar “a disposición” actualmente todos los elementos involucrados.

Ajiatas señala que en operaciones contra el narcotráfico se utiliza personal de lugares perimetrales. “Pero si había —jeeps— J8, se utilizaron unidades de la región Chortí, cuya área de competencia es Zacapa y Chiquimula”, explicó el exfiscal.

En el 2022, el entonces portavoz del Mindef, Rubén Téllez, dijo al diario República que el Batallón Especial de Interdicción y Rescate del Ejército de Guatemala (BEIR), “realiza operaciones especialesen cualquier parte del territorio nacional, donde persuade, neutraliza y contrarresta cualquier amenaza terrorista o narcoterrorista”. Un oficial retirado señaló a Prensa Libre que, según fuentes extraoficiales del Mindef, sí hay elementos del BEIR en Zacapa.

No obstante, Ajiatas advirtió de que, “en las operaciones sensibles, que requieren mayor coordinación, si el objetivo se presume que era la detención de un extraditable, lo habitual es que se utilicen equipos fuera de la región, para reducir al máximo la fuga de información”. Si es cierta una versión extraoficial de que Haroldo Lorenzana Terraza —pedido en extradición por EE. UU.— huyó del estadio antes de que el comando llegara, es posible que sí hubo fuga de información, o que uno de sus múltiples vigías le advirtiera acerca del movimiento irregular.

Según el exfiscal de antinarcóticos, el trabajo con equipos de la región también hace peligrar a las unidades operativas del sector si están cerca de actores —criminales— en el área. “Otra opción es que rotan a los equipos, los de occidente o suroriente a otros lugares, sin necesidad de darles mayor información”, añadió el exfuncionario.

El MP todavía no divulga una hipótesis de los hechos y persisten múltiples preguntas sin responder. Si fue una incursión militar ilegal, porque no tenía órdenes judiciales ni coordinación con el MP ni la PNC, el caso de Huité emerge como otro que involucra el uso anómalo de los jeeps J8 que EE. UU. donó.

Detonante y antecedentes

Un par de horas después de que el comando armado llegó al estadio de fútbol de Huité, circuló en Facebook y TikTok el rumor de que el objetivo era Haroldo Lorenzana Terraza, alias Haroldito, cuya captura y extradición por narcotráfico solicitó EE. UU. a Guatemala. Ese país ofrece una recompensa de US$5 millones por información que conduzca a su detención.

Dos fuentes en Zacapa dijeron que escucharon de terceras personas la versión de Lorenzana Terraza en el estadio. De ser así, presumen que alguien lo alertó, porque él y su seguridad salieron antes de que el comando armado llegara. Esto explicaría por qué llegó primero a ese lugar, no así los ocho asesinatos que cometió después.

En marzo del 2026 EE. UU. levantó el embargo a la venta de armamento militar a Guatemala —impuesto en 1977, además del de 2019, a raíz del uso anómalo de los J8—. Acto seguido, el Mindef le compró dos mil 200 fusiles Colt M4, calibre 5.56 milímetros, y otro equipo táctico, que llegó al país el 21 de septiembre. Un día después, nueve fiscales estadounidenses —en una visita sin precedentes— se reunieron con el presidente Bernardo Arévalo, el fiscal general, Gabriel García Luna, y el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, para discutir la cooperación en casos relacionados con Guatemala.

El 23 de septiembre apareció en TikTok el video de un retén en una carretera de Fiscal, Palencia —a 37 kilómetros de la capital, y a 130 de Huité—. Lo dirigía un comando con indumentaria similar a la observada el 27 de septiembre en Zacapa. El video tampoco muestra la presencia del Ministerio Público (MP), ni de la PNC. Ninguna autoridad del Mindef se ha referido al caso de Palencia.

Solo el MP podría determinar si existe conexión entre el equipo nuevo que adquirió el Mindef, el retén en Palencia y los ocho asesinatos en Huité, y solo si las armas nuevas ya estaban registradas en la Dirección General de Control de Armas y Municiones (Digecam), que además controla la cartera de Defensa. No hay una confirmación oficial de tal registro. Mientras tanto, el MP reunió 77 “indicios balísticos” en cuatro escenas de crimen en Huité, que podrían ayudar a determinar qué tipo de arma los disparó.