Estados Unidos continúa su cerco contra el Tribunal Penal Internacional (TPI), responsable de procesar crímenes de guerra y agresiones militares y una de las instituciones multilaterales a las que el presidente Donald Trump ha declarado la guerra en el primer año y medio de su mandato. El Departamento de Estado ha anunciado este martes sanciones contra la presidenta del tribunal, la japonesa Tomoko Akane, y contra uno de los fiscales jefes, el senegalés Abdoulaye Seye.
Las medidas contra Tomoko Akane y el fiscal Abdoulaye Seye se suman a las adoptadas contra otros 11 magistrados. Washington aspira a desmantelar la institución responsable de procesar crímenes de guerra y contra la humanidad
Estados Unidos continúa su cerco contra el Tribunal Penal Internacional (TPI), responsable de procesar crímenes de guerra y agresiones militares y una de las instituciones multilaterales a las que el presidente Donald Trump ha declarado la guerra en el primer año y medio de su mandato. El Departamento de Estado ha anunciado este martes sanciones contra la presidenta del tribunal, la japonesa Tomoko Akane, y contra uno de los fiscales jefes, el senegalés Abdoulaye Seye.
“Estos individuos han participado directamente en esfuerzos del TPI para investigar, detener, retener o iniciar procesos judiciales contra funcionarios cuyos gobiernos no han aceptado la jurisdicción del TPI”, ha declarado el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en un comunicado. Las sanciones congelan cualquier activo que los afectados puedan tener bajo control de Estados Unidos y les expulsan del sistema financiero estadounidense, una parte fundamental de los mecanismos internacionales con los que opera cualquier banco.
Estados Unidos no es miembro de la institución fundada en 2002, con sede en La Haya y que tiene como misión juzgar posibles crímenes de guerra, contra la humanidad y genocidio. Ya el año pasado, apenas semanas después de haber regresado a la Casa Blanca, el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para imponer sanciones contra magistrados del tribunal, incluidos jueces y fiscales. El mandatario justificaba esa orden por la decisión del TPI de emitir órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su antiguo ministro de Defensa, Yoav Gallant, como sospechosos de crímenes de guerra durante la ofensiva israelí en Gaza, y por emprender una investigación sobre el comportamiento de estadounidenses en Afganistán.
“La Administración de Donald Trump ha sido clara: el TPI es un tribunal supranacional corrupto e irremediablemente politizado que ha abusado con malicia de su autoridad y se ha excedido en sus competencias. No toleraremos este asalto contra la soberanía nacional”, ha apuntado Rubio en el comunicado de este martes. El jefe de la diplomacia estadounidense también declara que la institución “ha tratado de imponer su autoridad reiteradamente sobre ciudadanos de Estados Unidos y otros países que no han aceptado la jurisdicción (del TPI) o ratificado el Estatuto de Roma (por el que se creó el tribunal). Esto sienta un precedente peligroso para todos los países”.
En un mensaje enviado por WhatsApp, portavoces del alto tribunal han señalado la noche de este martes que “las medidas dirigidas contra jueces, fiscales y personal que trabajan para el cumplimiento del mandato conferido al TPI por los Estados, socavan el Estado de Derecho”. La nota añade que “cuando se amenaza a los actores judiciales por aplicar la ley, es el propio orden jurídico internacional el que se ve puesto en peligro”.
El TPI concluye asegurando que el tribunal “no se dejará intimidar y respalda firmemente a su personal y a las víctimas de atrocidades inimaginables”. Y que seguirá desempeñando su mandato “con independencia e imparcialidad, en plena conformidad con el Estatuto de Roma [su texto fundacional] y en interés de las víctimas de crímenes internacionales”, informa Isabel Ferrer.
La campaña que ha lanzado la Administración republicana contra el tribunal desde la firma de la orden ejecutiva el año pasado es intensa y descarnada. En 2025, el Gobierno estadounidense sancionó a 11 magistrados del TPI: ocho de sus 18 jueces y tres de sus fiscales, cuyas vidas diarias se han visto afectadas por unos castigos que no les permiten, por ejemplo, operar normalmente con tarjetas de crédito. A ello, tres jueces del tribunal han interpuesto una demanda contra la Administración de Trump, con el argumento de que esas medidas contra ellos son ilegales.
En una tribuna que publicaba en julio, el propio Rubio declaraba abiertamente que el objetivo es “desmantelar” la institución responsable de que genocidas y autores de crímenes contra la humanidad rindan cuentan de sus actos. Un comunicado del Departamento de Estado también entonces barajaba la posibilidad de ampliar las sanciones con medidas de prohibición de viaje, y proponía presionar a los 125 Estados miembros para que se retiren de la institución. Venezuela, convertida en un protectorado de hecho estadounidense desde la captura del presidente Nicolás Maduro el 3 de enero, ya ha emprendido ese camino y notificó el mes pasado su voluntad de marcharse del TPI por considerar que el tribunal padece “un sesgo demográfico demostrado”. Otros países, como Chad o Mali, también han expresado su deseo de abandonarlo.
“Esto es solo el comienzo”, escribía entonces el secretario de Estado y consejero de Seguridad Nacional. “Utilizando todas las herramientas a disposición de nuestro Gobierno, trabajando codo a codo con cada aliado con quien podamos unir fuerzas, desmantelaremos el TPI, ladrillo a ladrillo si es necesario”.
La antipatía de esta Administración contra el tribunal con sede en La Haya no es un caso único entre los gobiernos de Estados Unidos que se han sucedido desde la fundación del TPI en 2002. Sea cual fuere su ideología, demócrata o republicana, ninguno ha tenido interés en sumarse a una institución con potestad para juzgar a alguno de sus ciudadanos o dirigentes.
En la primera potencia del mundo, con una amplia presencia, intereses y actividades de todo tipo en el exterior, ninguna Administración ha querido correr el riesgo de ver a alguno de sus miembros tener que rendir cuentas ante el mundo por alguna decisión que pudiera haber costado vidas o supuesto una grave violación de los derechos humanos. Pero ninguno ha mostrado tanta inquina contra la institución o castigado tanto a sus magistrados.
Expertos y activistas han denunciado que algunas de las políticas acometidas por la Administración de Trump constituyen violaciones de los derechos humanos que pueden entrar dentro de las competencias del tribunal. Entre ellas, la campaña de bombardeos contra supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico oriental, el secuestro del presidente Nicolás Maduro en Venezuela juzgarlo por supuestos delitos de narcotráfico, o la guerra contra Irán. En su tribuna, Rubio alegaba que el tribunal representa una amenaza contra los militares, contratistas u otros estadounidenses que ejecuten las políticas de Trump en materia de deportaciones masivas o de bombardeos contra las supuestas narcolanchas.
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