Un juez federal ordenó este miércoles a la Administración de Donald Trump devolver a Estados Unidos a una colombiana que fue deportada a la República Democrática del Congo (RDC), a pesar de que el país del centro de África se había negado a aceptarla por motivos médicos. La mujer ha sido identificada como Adriana María Quiroz Zapata. Tiene 55 años y padece de varias enfermedades como diabetes, hiperlipidemia e hipotiroidismo, según le dijo su abogada a The New York Times, que adelantó la noticia. El auto del magistrado del distrito de Columbia pone aún más presión a la Casa Blanca en su política de deportación a terceros países.
La Administración Trump expulsó a la mujer al país centroafricano pese a que este se había negado a acogerla por su condición de salud
Un juez federal ordenó este miércoles a la Administración de Donald Trump devolver a Estados Unidos a una colombiana que fue deportada a la República Democrática del Congo (RDC), a pesar de que el país del centro de África se había negado a aceptarla por motivos médicos. La mujer ha sido identificada como Adriana María Quiroz Zapata. Tiene 55 años y padece de varias enfermedades como diabetes, hiperlipidemia e hipotiroidismo, según le dijo su abogada a The New York Times, que adelantó la noticia. El auto del magistrado del distrito de Columbia pone aún más presión a la Casa Blanca en su política de deportación a terceros países.
Quiroz Zapata fue deportada al Congo el pasado 16 de abril ante la imposibilidad de deportarla a su país de origen, de donde salió huyendo de su expareja, un hombre vinculado a la Policía Nacional de Colombia que, según ella, la violó y la golpeó con impunidad. La mujer y otros 14 migrantes latinoamericanos fueron expulsados a la RDC en el primer operativo de este tipo entre EE UU y la nación centroafricana. Aunque Kinshasa había aceptado acoger a los migrantes deportados, se había negado a recibir a la colombiana por su cuadro de salud.
“El Gobierno [de EE UU] la envió de todos modos. Por lo tanto, es probable que el envío de la demandante a la RDC fuera ilegal”, escribió el juez Richard J. Leon en el fallo, según el expediente judicial recogido por el Times. “Enviar a la demandante a la RDC, por lo tanto, fue probablemente ilegal”, añadió. “No cabe duda de que la demandante cumple con los requisitos para ser considerada víctima de un daño irreparable. Fue enviada a un país que se negó a aceptarla porque no puede brindarle la atención médica necesaria. Como consecuencia, se enfrenta a un riesgo diario de complicaciones médicas, incluso la muerte”.
Pocos días después de su deportación, dos colombianos hablaron con EL PAÍS sobre el operativo. A ninguno de ellos le dijeron cuál era su destino hasta minutos antes de abordar el vuelo que los iba a llevar al otro lado del Atlántico. “No creía lo que estaba pasando. Mi cabeza seguía enredada y le pedía a Dios que me diera fortaleza. Me daba mucha impotencia porque íbamos amarrados. Nos dieron una bolsita con un sándwich y un agua. No podíamos levantar la cabeza. Nos trataban como esclavos. Es algo que no le deseo a nadie”, narraba uno de ellos. En el grupo de expulsados también había personas de nacionalidad peruana y ecuatoriana.
Aunque los tres gobiernos sudamericanos informaron que iniciarían los trámites para su retorno voluntario a sus respectivos países, los migrantes siguen alojados en un hotel de Kinshasa. Allí, han recibido el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), un organismo de la ONU, para ser atendidos y alimentados.
Uno de los colombianos que sigue en Kinshasa sostiene que varios de ellos siguen enfermos y creen que al menos uno de los migrantes presenta síntomas de paludismo (malaria). “Nos atienden, pero no es lo que esperábamos. La situación está muy difícil”, añade.
Deportaciones en secreto
La Administración de Trump ha impulsado las deportaciones a terceros países como parte de su campaña antiinmigración. La ley estadounidense permite que los migrantes con orden de expulsión que no pueden ser deportados a sus propios países porque se exponen a represalias puedan ser enviados a terceros países con los que hay acuerdos de asilo. Sin embargo, el Gobierno estadounidense ha llevado a cabo las expulsiones en secreto, sin permitir el proceso debido a los deportados y desentendiéndose de lo que les depara. Apenas ha ofrecido información sobre los acuerdos a los que se ha llegado con otros gobiernos, que generalmente reciben beneficios económicos a cambio.
Además, en el caso de la colombiana Quiroz Zapata, el Gobierno la expulsó al Congo sin que el país aceptara recibirla, otra condición recogida por la legislación de EE UU para llevar a cabo las deportaciones a terceros países.
La mayoría de los deportados han sido enviados a países con los que no tienen ningún vínculo, ni siquiera hablan el idioma, y permanecen en el limbo, sin saber cómo salir, ni a quién acudir para solicitar asilo. Las condiciones en las que los mantienen en estos destinos, sin poder cubrir las necesidades básicas de alimentación e higiene e incluso donde están expuestos a la tortura, han propiciado que algunos migrantes hayan preferido volver a sus países de origen, donde se exponen a ser perseguidos. Otros han sido enviados al país del que huyeron sin su consentimiento.
Cerca de 17.500 personas han sido deportadas a terceros países desde que el presidente Trump regresó al cargo, según una estimación de Third Country Deportation Watch, un grupo de monitoreo operado por las organizaciones sin fines de lucro Refugees International y Human Rights First. La inmensa mayoría fue enviada a México.
República Dominicana ha sido el último país que ha firmado un acuerdo con Estados Unidos para recibir personas de otros países. En total, la Administración Trump ha cerrado pactos con 28 países de América Latina, África y Asia Central. El número de personas deportadas a terceros países ronda el 2% de las deportaciones totales, pero Estados Unidos lo usa como un método de persuasión para desincentivar la llegada de migrantes y para que retiren sus peticiones de asilo.
Generar incertidumbre sobre el destino al que podrían ser enviados —Esuatini, Sudán del Sur, Ruanda, Costa Rica o Camerún— ha sido un elemento central de la estrategia. Muchos de los destinos son países donde hay conflictos armados, acumulan denuncias de violaciones de los derechos humanos y no tienen capacidad para asegurar el bienestar de los deportados.
El juez en el caso de Quiroz Zapata se refirió al de Kilmar Abrego García, el salvadoreño que el año pasado fue deportado por error a El Salvador y devuelto a Estados Unidos por la presión social y judicial que provocó. Su caso planteó preguntas sobre los criterios del Gobierno para deportar a terceros países. La Administración estadounidense continúa peleando en los tribunales su deportación, pero la jueza que lleva el caso en un tribunal de Maryland ha puesto en duda sus argumentos para enviarle a Liberia. Ese país es la última elección de Estados Unidos para deportarle, después de que varios gobiernos africanos se negaran a recibirlo.
Abrego García ha aceptado ser enviado a Costa Rica, el único país que le ha ofrecido asilo. El Gobierno insiste, no obstante, en enviarle al país africano, sin una justificación creíble en lo que la defensa considera una venganza contra el salvadoreño, convertido en símbolo de las deportaciones injustas de Trump.
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