El 7 de diciembre del 2025, el director general del Sistema Penitenciario, Jorge Guillermo López Dellachiessa, autorizó el ingreso de nueve congeladores, nueve estufas, ocho ventiladores, un microondas, una estufa y un refrigerador para los reclusos catalogados de alta peligrosidad internos en la cárcel Renovación 1, en Escuintla.

Cuando fue inaugurado ese penal, en noviembre del 2024, el Ministerio de Gobernación lo clasificó como de máxima seguridad y afirmó que no se permitiría el ingreso de electrodomésticos, televisores ni artículos personales. Trece meses después, el panorama cambió y, según consta en documentos firmados por López, los electrodomésticos debían distribuirse en todos los sectores y áreas de resguardo.

“En función de lo anterior, tomando en cuenta los pronunciamientos de las Subdirecciones y Departamentos del Sistema Penitenciario, se autoriza lo solicitado, siempre y cuando sea para uso comunal en cada sector. Lo anterior con el fin de velar por los derechos humanos de la población reclusa”, indican los documentos.

También señalan que los ocho ventiladores eran para uso de los privados de libertad del sector uno, “quienes los necesitan por las altas temperaturas y la falta de circulación de aire”.

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El microondas, el televisor y la refrigeradora serían instalados en el área de resguardo n.º 1, donde se encontraban los reclusos con problemas de salud, quienes necesitaban calentar agua para tratar la inflamación de los pies y refrigerar medicamentos.

“Lo anterior con el fin de velar por los derechos humanos de los referidos privados de libertad y para coadyuvar a la mejoría de los padecimientos de salud que presentan”, indica el informe.

Mingob dice que los electrodomésticos no son lujos para los reos

El Departamento de Comunicación Social del Ministerio de Gobernación (Mingob) indicó que no existen lujos ni beneficios individuales para los reclusos de Renovación 1.

“Cumpliendo con nuestra política de transparencia, podemos asegurar que no existen lujos ni beneficios individuales para privados de libertad en el Centro de Detención Renovación 1”, comentó.

Agregó que lo autorizado en diciembre del 2025, según documentos oficiales, fue el ingreso de productos de línea blanca por órdenes judiciales.

“Todo ello mediante órdenes judiciales que llegaron al Sistema Penitenciario, luego que muchos privados de libertad presentaran recursos de exhibición personal”, dijo la institución.

El Mingob compartió un documento firmado por Rosa Carolina González García, jueza presidenta del Tribunal de Mayor Riesgo C, quien ordenó un estudio de viabilidad para el ingreso de un ventilador para el recluso Jarvin Leonel Itzol Cruz y/o Genry Geovany Itzol Cruz, alias “Loco”, un secuestrador y extorsionista condenado a 88 años de prisión.

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“El documento que adjuntamos es una prueba de nuestra argumentación. Se buscan más evidencias en el archivo digital, pues las físicas se perdieron durante el incendio provocado por los reos amotinados el pasado 17 de enero”, dijo el Mingob.

Añadió que los electrodomésticos tenían un fin humanitario para los reclusos con problemas de salud en Renovación 1. “Toda vez que varios necesitan insulina para controlar su diabetes, se autorizó el ingreso de un refrigerador y varios congeladores, pues ese medicamento en especial requiere de refrigeración permanente”, indicó.

El Mingob no respondió cuánta insulina ni qué cantidad de medicamentos se almacenan en Renovación 1 que requieran estar en nueve congeladores.

“En ningún momento se han autorizado lujos ni comodidades individuales, mucho menos aparatos con finalidad recreativa que, aunque fueron solicitados, se rechazaron rotundamente”, añadió.

Recalcó que los documentos públicos enfatizan que se trata de un beneficio comunal para los reclusos, no personal.

¿Qué pasó en Renovación 1 el 17 de enero de 2025?

El centro de máxima seguridad Renovación 1, ubicado en Escuintla y con un costo de Q4.5 millones, fue parcialmente destruido durante un motín encabezado por cabecillas del Barrio 18 entre el 17 y 18 de enero. En ese penal guardan prisión cinco cabecillas del Barrio 18, cinco de la Mara Salvatrucha y más de 130 reclusos condenados por secuestro, violación, asesinato, extorsión y narcotráfico, todos catalogados como de alta peligrosidad.

Ese no fue el único motín. De forma simultánea se registraron dos más en las cárceles Fraijanes 2 y Preventivo para Varones de la zona 18. Además, se reportaron 12 ataques contra la Policía Nacional Civil, en los cuales murieron 10 agentes.

Antes de esos hechos, las pandillas no eran consideradas capaces de alterar el orden constitucional; ahora pueden ser vistas como “una amenaza mayor”, según Carmen Rosa de León, investigadora del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible.

La ola de violencia que estos grupos, declarados como “terroristas”, desataron en las cárceles y en las calles llevó al Ejecutivo a declarar estado de sitio por 30 días, y luto nacional por la muerte de los policías.