
Finanzas Públicas
Suspensión del presupuesto 2026: Ejecutivo activa techo del 2025 por Q154 mil 836.6 millones y enfrentará desafíos en el Congreso
Analistas advierten sobre riesgos en la ejecución, necesidad de respaldo político y obstáculos legales para lograr reajustes presupuestarios.
El presupuesto del Estado para el 2026 fue suspendido temporalmente por la CC. Ahora rige para este año, el monto que estaba vigente al cierre del 2025, con Q154 mil 836.6 millones. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL).
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El Gobierno de Guatemala, por medio del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), informó que, a partir del 1 de enero del 2026, rige el presupuesto vigente correspondiente al 2025, que supera los Q154 mil 836.6 millones.
El Minfin anticipa, en un comunicado de prensa difundido el 31 de diciembre, que trabaja en los reajustes necesarios para avanzar en la ejecución. Entre los analistas causa inquietud el desafío de lograr apoyos en el Congreso para el reordenamiento del gasto público del 2026.
El Decreto 27-2025, que aprueba el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el 2026, quedó suspendido temporalmente por una resolución emitida por la Corte de Constitucionalidad (CC) el 30 de diciembre, en respuesta a dos amparos que señalaron vicios en el procedimiento de aprobación seguido en el Congreso.
En consecuencia, conforme con lo resuelto por la CC y la literal b) del artículo 171 de la Constitución, el presupuesto para este año será el del ejercicio fiscal anterior, correspondiente al 2025, contenido en el Decreto 36-2024, con un monto de Q154 mil 836.6 millones, según informó el Minfin.
Inicialmente, el Decreto 36-2024 aprobó un presupuesto de Q148 mil 526 millones. Este tuvo ampliaciones durante el año, por lo que, según el Sicoin, el monto vigente al cierre del 2025 fue de Q154 mil 836.6 millones.
El aumento obedeció a que el Congreso dejó preautorizadas ampliaciones presupuestarias para el 2025, explicó Ricardo Barrientos, director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).
Asimismo, el Congreso aprobó el Decreto 1-2025, en febrero del 2025, que amplió el presupuesto en Q4 mil 166.7 millones para cubrir desembolsos derivados de la suspensión provisional de cuatro artículos del presupuesto del 2025.
Esa suspensión fue resultado de una acción de inconstitucionalidad parcial presentada por el Cacif. El monto incluyó Q1 mil 891.7 millones para los consejos departamentales de desarrollo (Codedes); Q1 mil 625 millones para el régimen de clases pasivas; Q56.5 millones para seguro paramétrico y Q393.5 millones para el programa de reducción de emisiones, entre otros.
CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES
El Minfin aclaró que la suspensión del presupuesto del 2026 no impide la gestión del Gobierno, pero sí limita la creación o ampliación de programas e inversiones, cuyo monto previsto era de Q163 mil 469.3 millones.
El Ejecutivo anunció que trabajará en un reajuste presupuestario que permita un plan de gasto alineado con las necesidades de la población, por lo que, también en enero del 2026, enviará al Congreso una iniciativa de ley para modificar el presupuesto vigente y adaptarlo a los desafíos económicos, sociales e institucionales del tercer año de gobierno.
Desafío político
Barrientos agregó que el Minfin y el Gobierno enfrentan retos como la ejecución inicial del presupuesto, su readecuación y la dinámica política en el Congreso durante el 2026. Esto podría atrasar aún más la ejecución.
Además, podrían surgir dificultades para entidades descentralizadas, ya que algunas preveían aumentos presupuestarios y otras, como la Superintendencia de Competencia, se incluirían por primera vez.
A su criterio, también debería derogarse el Acuerdo Gubernativo 263-2025, publicado el 30 de diciembre, que aprobó la distribución analítica del presupuesto del 2026. En su lugar, deberá aprobarse una nueva con base en el presupuesto vigente.
Jorge Lavarreda, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), mencionó que entre los retos presupuestarios del Gobierno están, en primer lugar, planificar y ejecutar las readecuaciones necesarias para implementar, en la medida de lo posible, los planes operativos del 2026 con el nuevo techo presupuestario.
Posteriormente, deberá prepararse una propuesta de ley para enviarla al Congreso, con el fin de ajustar lo que no pueda modificarse tras esas readecuaciones. “Este último paso implica, primero, una etapa para resolver aspectos técnicos y legales, y luego una de cabildeo político”, explicó, el experto del Cien al referirse a la necesidad de una nueva aprobación legislativa.
Práctica recurrente
El actual Gobierno vivió una situación similar en su primer año, cuando la CC suspendió el decreto del presupuesto del 2024, quedando vigente el del año anterior. En ese caso, se aprobaron cuatro ampliaciones presupuestarias durante el año.
El Minfin también informó que, en las primeras semanas del año, se presentará otra iniciativa de ley para ampliar el presupuesto, con el fin de cumplir los plazos de ejecución de proyectos de infraestructura, desarrollo social y fortalecimiento institucional.
Según la cartera, la aprobación de dicha iniciativa permitiría contar con normas presupuestarias actualizadas y un presupuesto que optimice la ejecución de los recursos, priorizando proyectos estratégicos y de alto impacto social.
Lea además: Presupuesto 2025: CC suspende cuatro artículos impugnados por el Cacif
Mientras se aprueba el reajuste, el Gobierno priorizará el cumplimiento de obligaciones constitucionales y legales, como el pago de salarios, servicios básicos, transferencias obligatorias, salud, educación, seguridad y deuda pública.
Barrientos opinó que también será necesario analizar cómo se aplicarán, en el 2026, los Q7 mil millones establecidos en el artículo 129 del presupuesto del 2025, con el cual se modificó el monto original asignado a ministerios y dependencias públicas.
Analistas advierten sobre riesgos en la ejecución, necesidad de respaldo político y obstáculos legales para lograr reajustes presupuestarios.
Finanzas Públicas
Suspensión del presupuesto 2026: Ejecutivo activa techo del 2025 por Q154 mil 836.6 millones y enfrentará desafíos en el Congreso
Analistas advierten sobre riesgos en la ejecución, necesidad de respaldo político y obstáculos legales para lograr reajustes presupuestarios.
El presupuesto del Estado para el 2026 fue suspendido temporalmente por la CC. Ahora rige para este año, el monto que estaba vigente al cierre del 2025, con Q154 mil 836.6 millones. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL).
El Gobierno de Guatemala, por medio del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), informó que, a partir del 1 de enero del 2026, rige el presupuesto vigente correspondiente al 2025, que supera los Q154 mil 836.6 millones.
El Minfin anticipa, en un comunicado de prensa difundido el 31 de diciembre, que trabaja en los reajustes necesarios para avanzar en la ejecución. Entre los analistas causa inquietud el desafío de lograr apoyos en el Congreso para el reordenamiento del gasto público del 2026.
El Decreto 27-2025, que aprueba el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el 2026, quedó suspendido temporalmente por una resolución emitida por la Corte de Constitucionalidad (CC) el 30 de diciembre, en respuesta a dos amparos que señalaron vicios en el procedimiento de aprobación seguido en el Congreso.
En consecuencia, conforme con lo resuelto por la CC y la literal b) del artículo 171 de la Constitución, el presupuesto para este año será el del ejercicio fiscal anterior, correspondiente al 2025, contenido en el Decreto 36-2024, con un monto de Q154 mil 836.6 millones, según informó el Minfin.
Inicialmente, el Decreto 36-2024 aprobó un presupuesto de Q148 mil 526 millones. Este tuvo ampliaciones durante el año, por lo que, según el Sicoin, el monto vigente al cierre del 2025 fue de Q154 mil 836.6 millones.
El aumento obedeció a que el Congreso dejó preautorizadas ampliaciones presupuestarias para el 2025, explicó Ricardo Barrientos, director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).
Asimismo, el Congreso aprobó el Decreto 1-2025, en febrero del 2025, que amplió el presupuesto en Q4 mil 166.7 millones para cubrir desembolsos derivados de la suspensión provisional de cuatro artículos del presupuesto del 2025.
Esa suspensión fue resultado de una acción de inconstitucionalidad parcial presentada por el Cacif. El monto incluyó Q1 mil 891.7 millones para los consejos departamentales de desarrollo (Codedes); Q1 mil 625 millones para el régimen de clases pasivas; Q56.5 millones para seguro paramétrico y Q393.5 millones para el programa de reducción de emisiones, entre otros.
CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES
El Minfin aclaró que la suspensión del presupuesto del 2026 no impide la gestión del Gobierno, pero sí limita la creación o ampliación de programas e inversiones, cuyo monto previsto era de Q163 mil 469.3 millones.
El Ejecutivo anunció que trabajará en un reajuste presupuestario que permita un plan de gasto alineado con las necesidades de la población, por lo que, también en enero del 2026, enviará al Congreso una iniciativa de ley para modificar el presupuesto vigente y adaptarlo a los desafíos económicos, sociales e institucionales del tercer año de gobierno.
Desafío político
Barrientos agregó que el Minfin y el Gobierno enfrentan retos como la ejecución inicial del presupuesto, su readecuación y la dinámica política en el Congreso durante el 2026. Esto podría atrasar aún más la ejecución.
Además, podrían surgir dificultades para entidades descentralizadas, ya que algunas preveían aumentos presupuestarios y otras, como la Superintendencia de Competencia, se incluirían por primera vez.
A su criterio, también debería derogarse el Acuerdo Gubernativo 263-2025, publicado el 30 de diciembre, que aprobó la distribución analítica del presupuesto del 2026. En su lugar, deberá aprobarse una nueva con base en el presupuesto vigente.
Jorge Lavarreda, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), mencionó que entre los retos presupuestarios del Gobierno están, en primer lugar, planificar y ejecutar las readecuaciones necesarias para implementar, en la medida de lo posible, los planes operativos del 2026 con el nuevo techo presupuestario.
Posteriormente, deberá prepararse una propuesta de ley para enviarla al Congreso, con el fin de ajustar lo que no pueda modificarse tras esas readecuaciones. “Este último paso implica, primero, una etapa para resolver aspectos técnicos y legales, y luego una de cabildeo político”, explicó, el experto del Cien al referirse a la necesidad de una nueva aprobación legislativa.
Práctica recurrente
El actual Gobierno vivió una situación similar en su primer año, cuando la CC suspendió el decreto del presupuesto del 2024, quedando vigente el del año anterior. En ese caso, se aprobaron cuatro ampliaciones presupuestarias durante el año.
El Minfin también informó que, en las primeras semanas del año, se presentará otra iniciativa de ley para ampliar el presupuesto, con el fin de cumplir los plazos de ejecución de proyectos de infraestructura, desarrollo social y fortalecimiento institucional.
Según la cartera, la aprobación de dicha iniciativa permitiría contar con normas presupuestarias actualizadas y un presupuesto que optimice la ejecución de los recursos, priorizando proyectos estratégicos y de alto impacto social.
Lea además: Presupuesto 2025: CC suspende cuatro artículos impugnados por el Cacif
Mientras se aprueba el reajuste, el Gobierno priorizará el cumplimiento de obligaciones constitucionales y legales, como el pago de salarios, servicios básicos, transferencias obligatorias, salud, educación, seguridad y deuda pública.
Barrientos opinó que también será necesario analizar cómo se aplicarán, en el 2026, los Q7 mil millones establecidos en el artículo 129 del presupuesto del 2025, con el cual se modificó el monto original asignado a ministerios y dependencias públicas.
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