Las plantas para el tratamiento de desechos sólidos y aguas residuales siguen siendo una tarea pendiente para el país. Un reglamento aprobado en el 2006 fijó mayo del 2025 como el límite para que las municipalidades construyan, operen y mantengan plantas para el tratamiento adecuado de las aguas que generan.

Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad ordenó en el 2024 la suspensión provisional de la medida, en atención a una solicitud de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam).

Sin fuerza legal que las obligue, algunas alcaldías destinan parte de los recursos de los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede) para la construcción de plantas de tratamiento.

De acuerdo con la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan), se planifican 46 plantas de tratamiento de aguas residuales y 17 para manejo de desechos. Los proyectos se ubican en 56 municipios de 17 departamentos.

Sololá es el departamento con más proyectos de aguas residuales y manejo de desechos aprobados por Segeplan. En el primer rubro le sigue el departamento de Guatemala.

La vigencia del reglamento del 2006 se postergó por peticiones de los alcaldes, bajo el argumento de que no cuentan con fondos ni capacidad para cumplirlo.

Oportunidad

La construcción de este tipo de obras suele requerir más tiempo y presupuesto que otras. Por ello, Christians Castillo, del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), valora positivamente el esfuerzo.

“Se debe saludar el esfuerzo, porque eso se ha venido postergando desde hace por lo menos dos décadas. Siempre los alcaldes han buscado postergar la inversión en aquellos proyectos que no generan votos o que no se miran. Si bien contribuyen al bienestar de la población de los municipios, no necesariamente son obras visibles y eso no les genera tanto rédito político a los alcaldes”, apuntó.

Castillo detalló que, más allá de las críticas por la asignación de Q12 mil millones a los Codede este año y la posible reprogramación de obras para el 2026, algo positivo es que, al tener más de un ejercicio fiscal y mayor presupuesto, se abre la puerta a ejecutar este tipo de obras.

“Ante la gran cantidad de recursos, por fin están destinando fondos a cosas que son estratégicas, pero menos visibles”, comentó el analista.

Los municipios más pequeños suelen ser los más limitados en recursos, es decir, los que tienen menos probabilidades de impulsar este tipo de infraestructura. Por ello, Castillo recomendó que una posible solución podría surgir de las mancomunidades.

“Hay posibilidades también de articular inversiones mediante economías de escala, es decir, que las mancomunidades puedan establecer consorcios para crear este tipo de proyectos en beneficio de varios municipios”, indicó.

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Mantenimiento

Otro aspecto a considerar es que, por la naturaleza de estas obras, al entrar en funcionamiento también representan un gasto de recursos humanos y financieros para las alcaldías. Sobre esto, Castillo advirtió que los jefes ediles deben ser conscientes de que todos los proyectos requieren mantenimiento preventivo.

“El problema de los proyectos sociales grandes y de infraestructura, en general, es que los alcaldes los inauguran con mucha pompa, y tradicionalmente vemos que, en la gestión pública municipal guatemalteca, todos los proyectos entran en una fase de deterioro sostenido y sistemático, que solo es intervenido hasta que requiere acciones remediales”, subrayó.

Añadió que existe una falta de planificación a largo plazo, debido a que pocos ediles logran reelegirse de forma continua. Esto provoca que no se destinen recursos para remozamiento y mantenimiento; incluso, en varias ocasiones se opta por nuevas construcciones debido al nivel de deterioro alcanzado.

“Sigue siendo un reto de cultura política y de modelo de gestión pública, porque es sistemático. La mayoría de las obras —a nivel nacional— están en una situación realmente compleja o se convierten en una amenaza”, puntualizó.

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Desechos sólidos

El reglamento sobre manejo de desechos sólidos cobró vigencia en febrero del presente año. La clasificación de los residuos se postergó días después, debido a que los recolectores —quienes separan los desechos valorizables— manifestaron su desacuerdo con la medida.

Hace algunas semanas, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) anunció que se llegó a acuerdos con los sectores interesados. Ahora, las municipalidades podrán reducir la clasificación de tres tipos de desechos a solo dos. Además, los recolectores deberán registrarse ante las municipalidades.