Luis Fernando Samayoa Delgado, director de la ABG, brindó una perspectiva del sector sobre la actualización y modernización de las leyes de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, vigentes desde el 2001 y el 2005, respectivamente.

El 28 de julio pasado, el Ejecutivo presentó la iniciativa 6593, denominada Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y Financiamiento al Terrorismo,que responde a la próxima evaluación mutua del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).

El directivo analizó con Prensa Libre el proceso de discusión y la importancia de contar con una nueva normativa, así como su implementación, que puede sentar las bases para una evaluación internacional favorable.

Como sector, ¿qué seguimiento le están brindando a la iniciativa sobre las reformas a la ley de lavado de dinero?

Es una ley que hay que pasar inmediatamente; que nos urge que el país tenga. Es una normativa que moderniza en función de esta narrativa sobre el combate del financiamiento al terrorismo y al narcotráfico, por lo que es muy importante.

Hay discusiones oficiales muy interesantes dentro del sector financiero. Incluye muy buenas cosas, es una ley moderna y técnica. Está dirigida principalmente a cumplir con los 40 requisitos del Gafilat.

¿Cuál es la discusión del contenido?

La iniciativa está en dos comisiones en el Congreso de la República para su discusión técnica. En términos generales, es una ley no solo importante para el sector financiero, sino para el país, para los ciudadanos también. Es aquí cuando los congresistas deben cerrar filas; si es posible, pasarla por urgencia nacional, porque así de comprometidos estamos y de urgidos de tiempo.

¿Por qué?

Guatemala tendrá la visita de Gafilat en el 2027, por lo que esta ley debería estar no solo aprobada, sino implementada y en funcionamiento. Si no se cuenta, el país puede ser sancionado y amonestado.

En el mundo hay 211 países, de los cuales 206 están sujetos a esta legislación, han firmado convenios y son evaluados periódicamente igual que Guatemala. O sea, nosotros no somos una excepción. La regla es evaluar a todos los países del mundo y el año entrante se están evaluando varios países de Centroamérica.

¿Qué significan las amonestaciones?

Hemos tenido —por ejemplo— países amigos como Panamá que han caído en la lista gris (del Gafilat), y las consecuencias son atroces. Entonces, creemos que es “un apretón de cincho necesario”, viendo la política de Estados Unidos con la designación de ciertos grupos como terroristas.

Es evidente que los Estados Unidos, que —además— es el socio más importante para el comercio exterior y para el flujo de fondos, lo está viendo muy seriamente. Entonces, creemos que hay que moverse rápido y decisivamente.

Tenemos la confianza de que tanto los diputados como aquellos que participan en las comisiones de trabajo puedan emitir su mejor opinión y sacar una opinión favorable, dictaminarla —tal vez— con posiblemente algunos cambios.

Me dice que es urgencia la aprobación, ¿cuál es el riesgo?

Es muy sencillo. La urgencia es porque ya la visita de Gafilat a Guatemala está programada para el 2027, por lo que se está a un año y meses de distancia; pero la Intendencia de Verificación Especial (IVE) —que es la unidad de inteligencia financiera, UIF— va a recibir requerimientos de información el año entrante y es parte de los procedimientos.

La ley —implementación— tiene que evidenciar que hay cumplimiento, y para que exista conclusión debe estar vigente en ese momento con los estándares internacionales, los reglamentos y en funcionamiento. Por eso es la urgencia; el tiempo se nos agota.

¿Qué escenario manejan?

Positivo sería que se cuente con una ley aprobada por el Congreso de la República el próximo mes, que tengamos por lo menos seis a siete meses de cumplimiento y que se demuestren resultados.

En los acercamientos que han tenido, ¿cómo se han desarrollado?

Se ha participado en las reuniones con los diputados y comprenden la seriedad de la normativa para que camine. Guatemala debe mostrar al mundo que es un país efectivo y lograr este tipo de normativas.

A su juicio, ¿es sistémica esta situación?

Diría que es crítica. En posibles contingencias, si no se aprueba y si viene Gafilat a evaluarlo, si no hay una ley en funcionamiento y evidenciada, podría haber posibles consecuencias posibles.

Todo se determinará por los evaluadores, pero es algo que ha pasado en otros países. Así que uno no tiene que ser mago para adivinar. Las consecuencias pueden ser desde amonestaciones severas hasta regulaciones críticas, como ponernos en una lista gris.

Y salir de las listas grises es bien difícil, porque tiene que hacerse todo el ciclo de nuevo. Se tiene que legislar sobre nuevas leyes, se tienen que implementar, se tiene que dar tiempo a que las normativas surtan efecto y se tiene que hacer una nueva evaluación.
Esos periodos son generalmente entre tres a cuatro años.

¿Qué equivale estar en una de esas listas?

Primero, un aislamiento de los organismos financieros internacionales, el aislamiento de los bancos corresponsales y habría algunas medidas por parte de ellos. Y ¿qué quiere decir eso? En que no nos van a proporcionar la atención que deberíamos.

Ahora, cuando necesitamos fondos para toda esta infraestructura que el país necesita —carreteras, puertos, aeropuertos, transporte público, entre otros—, será difícil de conseguir.