El Ejecutivo dio a conocer una iniciativa de ley con la que propone reglamentar y facilitar la construcción de infraestructura, como centros de salud o escuelas, en territorios comunales, sin que los pobladores deban ceder la propiedad de los terrenos al Estado, como actualmente se hace.

Para cumplir con ese propósito, se plantea reformar el Decreto 101-97 del Congreso de la República, específicamente en los artículos que regulan las construcciones del Estado en tierras pertenecientes a comunidades indígenas y otras formas de gobernanza comunal o colectiva de propiedad agraria.

Uno de los ejes centrales de la propuesta es la inclusión del artículo 30 quater, que autoriza expresamente al Estado a desarrollar proyectos de infraestructura en tierras comunales e indígenas. Además, la iniciativa contempla la asignación de recursos para estudios de preinversión, con el fin de planificar y ejecutar las obras de forma técnica y eficiente. Establece también un plazo mínimo de 20 años para garantizar la sostenibilidad de estos proyectos y un uso responsable del presupuesto público.

La ley también aclara qué no pretende: no constituye una reforma agraria, no implica expropiaciones ni busca resolver conflictos por la tierra o disputas territoriales entre municipios. Asegura que tampoco afecta la propiedad privada ni el patrimonio de las municipalidades, y se resguardarán los derechos de tenencia de la tierra.

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Según la Presidencia, el proyecto reconoce la problemática del despojo de tierras comunales, que afecta a múltiples pueblos indígenas, y busca un equilibrio entre el desarrollo de infraestructura y el respeto a sus derechos y formas de vida.

El documento enfatiza que la autorización para construir en estos territorios no dependerá de una decisión personal, sino comunitaria, formalizada mediante un acta de asamblea, con el fin de promover la participación de las comunidades involucradas.

Resistencia histórica

El analista Renso Rosal consideró que la propuesta del Ejecutivo es una medida interesante, pues, aunque no lo menciona de forma explícita, encuentra sustento en la Constitución y en los Acuerdos de Paz, en particular en el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas. Este último reconoce la importancia de utilizar y administrar adecuadamente las tierras comunales y otras formas de propiedad ancestral, garantizando su aprovechamiento para proyectos de beneficio público.

A su criterio, la iniciativa no solo reconoce la existencia de estas formas de propiedad, sino que abre la posibilidad de que se utilicen para construir bienes y servicios públicos, como escuelas o centros de salud, lo que significaría avanzar en compromisos que el Estado de Guatemala mantiene pendientes.

Sin embargo, Rosal advirtió que la propuesta podría enfrentar las mismas resistencias históricas que han obstaculizado acciones relacionadas con la regularización de tierras indígenas. Señaló que ciertos sectores privados podrían percibir que la medida pone en riesgo la propiedad privada o representa un paso previo hacia la ocupación o estatización de tierras, reactivando temores que ya se manifestaron durante la campaña electoral de 2023.

En este contexto, consideró que el escenario de polarización política y social podría dificultar la aprobación de la reforma. Añadió que, aunque el oficialismo tenga una estrategia para impulsarla, en el Congreso persiste un desafío: varios diputados que podrían considerarse representantes indígenas no se autoidentifican como tales ni defienden de manera consistente los intereses de esos pueblos, lo que limita la viabilidad política de la iniciativa.

Según indicaron parlamentarios, representantes de distintos bloques legislativos, junto con miembros de la Junta Directiva del Congreso y el presidente Bernardo Arévalo, sostuvieron una reunión en el Palacio Nacional de la Cultura para conocer y discutir la propuesta de reforma a la ley.

A la reunión asistieron representantes de los partidos Victoria, Todos, Winaq, Azul, Vamos, Cabal, Viva, Valor y UNE.

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Congreso entrampado

La diputada Victoria Palala, del partido Semilla, declaró a medios de comunicación este 7 de agosto que la iniciativa ya fue presentada a Dirección Legislativa y que esperan lograr consenso en el Congreso para su aprobación.

El Congreso de la República enfrenta un fuerte estancamiento legislativo, caracterizado por la imposibilidad de avanzar en decisiones clave. A este panorama se suman episodios de tensión en el hemiciclo, donde situaciones que exceden el debate han sido protagonistas. Las citaciones con ministros se han convertido en escenas marcadas por agresiones verbales y físicas, como el lanzamiento de una llanta por parte de un diputado durante una sesión, lo que refleja el creciente nivel de hostilidad y la falta de civilidad entre legisladores.

El gobierno hizo una presentación con los siguientes puntos:

• No implica una reforma agraria ni la expropiación de tierras.
• No aborda conflictos de tenencia ni disputas territoriales entre municipios.
• No beneficia a propietarios individuales ni compromete la propiedad de las municipalidades.
  Busca evitar el despojo de tierras comunales, protegidas por la Constitución.
• Pretende saldar una deuda histórica con los pueblos indígenas, excluidos de la inversión pública.
• Facilita la inversión al destinar recursos a la etapa de preinversión.
• Contenidos finales
  Autoriza la construcción de infraestructura y la asignación de recursos para estudios de preinversión en tierras de comunidades indígenas (artículo 67 de la Constitución).
• Reconoce como título suficiente el acta de asamblea comunitaria.