análisis
Presupuesto 2026: Cacif señala riesgos macroeconómicos y normativos
En la antesala de la presentación del primer borrador de la iniciativa del presupuesto, por Q163 mil 783.4 millones, el Cacif presentó un análisis en el que hace una serie de observaciones.
|
Un análisis sobre de la estructura y posibles impactos macroeconómicos del presupuesto de ingresos y egresos del 2026 presenta el Cacif. (Foto Prensa Libre: Cortesía Cacif)
Foto:
Un análisis sobre de la estructura y posibles impactos macroeconómicos del presupuesto de ingresos y egresos del 2026 por un monto de Q163 mil 783.4 millones, presentó el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) y en la cual hace una serie de observaciones y recomendaciones.
El estudio del sector privado organizado surge a pocos días para que los diputados integrantes de la Comisión de Finanzas del Congreso de la República hagan el dictamen de la iniciativa que presentó el Ministerio de Finanzas (Minfin) con algunas modificaciones y cambios, para que la discusión se traslade al Pleno.
Cacif pide revisar monto y déficit
Sergio de la Torre, coordinador de la Comisión Económica del Cacif, declaró que, a pesar de los hallazgos encontrados en la iniciativa, es necesario contar con un instrumento de gasto para el siguiente año, a fin de mantener las finanzas públicas.
Sin embargo, expresó preocupación por el monto planteado y por el déficit fiscal, así como por las ampliaciones preautorizadas que podrían elevar el déficit hasta 4 %, lo cual podría traducirse en inflación y un alto costo de vida.
“Esperamos que exista una discusión muy seria en la Comisión de Finanzas, en términos del tamaño, del destino, de la flexibilidad en la utilización de los recursos; que se definan objetivos claros, medibles y que respondan a las necesidades de la población”, enfatizó.
Alertan por alza desmedida
Sigfrido Lee, director de la Unidad Económica del Cacif, explicó que los montos de los presupuestos han aumentado desde el 2007, tanto en lo asignado como en lo vigente, en relación con el planteamiento formulado por la administración del gobernante Bernardo Arévalo de León y el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin).
En esta ocasión, afirmó que hay riesgos macroeconómicos en la propuesta de gasto. Indicó que, durante el gobierno de Óscar Berger, en el 2007, se entregó un techo presupuestario de Q40 mil millones, y ahora la propuesta asciende a Q163 mil millones.
Recalcó que, en la iniciativa, hay ampliaciones preaprobadas que podrían elevarla hasta Q173 mil millones.
Citó que, durante la administración de Álvaro Colom, el programa de gasto estatal creció 35 %; con Otto Pérez Molina, 18 %; Jimmy Morales, 24 %, y con Alejandro Giammattei, 10 %, al momento de entregar el gobierno.
Para el tercer año de gestión actual, el plan aumenta 41 %: “y ahí es cuando se comienza a hablar de un crecimiento desmedido y considerable”, justificó Lee.
Alerta por déficit fiscal
Una de las preocupaciones del Cacif es el aumento del techo del gasto, la estructura del financiamiento y su destino. Entre los hallazgos destaca que ahora hay una mayor asignación a los rubros de funcionamiento, mientras que la inversión se ha reducido.
Durante la presentación, se dio a conocer que el 18% del presupuesto se destina a inversión y que, para el 2025, la Dirección General de Caminos asignará entre Q2 mil y Q2 mil 500 millones, “pero no habrá ninguna carretera nueva y se está pagando deuda. Se gasta dinero, pero no necesariamente se convierte en inversión”, agregó Lee.
Entonces, dijo: “¿Ese crecimiento desmedido del presupuesto hacia dónde se está yendo? A gastos de funcionamiento”.
En cuanto al financiamiento, indicó que se detectó que el 20 % del programa total se cubrirá con deuda y que no se está cumpliendo con el pacto fiscal. “Esa es una señal más de que esto no es lo correcto”, expresó.
Recordó que se enfrenta uno de los déficits más altos, del 3.3 %, como lo planteó el Minfin para el siguiente año, y que solo durante la pandemia este indicador fue mayor.
“Hace 20 años se propuso preservar la estabilidad, y aunque el FMI dice que puede haber un aumento del déficit por un par de años, este debe cumplir ciertas condiciones: estar orientado a la inversión, ser temporal y transparente. Lo que estamos viendo ahora es que ninguna de esas condiciones se cumple”, remarcó el director.
“Esperamos que exista una discusión muy seria en la Comisión de Finanzas, en términos del tamaño, del destino, de la flexibilidad en la utilización de los recursos; que se definan objetivos claros, medibles y que respondan a las necesidades de la población”
Sergio de la Torre, coordinador de la Comisión Económica del Cacif,
En sus observaciones de corto plazo, el Cacif considera que el déficit fiscal generará presiones inflacionarias y alzas en las tasas de interés, lo cual afectará el costo de la canasta básica y del crédito.
A mediano plazo, prevé posibles aumentos de impuestos, lo cual perjudicará a las familias más pobres. Y a largo plazo, advierte que la falta de inversión en capital físico y humano limitará el crecimiento económico y la creación de empleo, y que el alto endeudamiento afectará la sostenibilidad fiscal.
Funcionamiento absorbe deuda
La deuda planteada en la iniciativa asciende a Q33 mil 514 millones, lo que representa un déficit fiscal del 3.3 % respecto del presupuesto de Q163 mil 783.4 millones.
Se criticó que solo el 16 % de esa nueva contratación de deuda se destinaría a inversión, mientras que el 49 %, entre bonos y préstamos, se utilizaría para gasto de funcionamiento.
“Este es uno de los aspectos más preocupantes, sobre todo para la población joven, porque serán ellos quienes tendrán que pagar. Pero estamos viendo que la deuda es para cubrir sueldos y salarios, pensiones, incluso gastos de la generación pasada, y eso no es sostenible”, apuntó.
Excepciones ponen en riesgo control
El análisis también incluyó el apartado normativo, que impacta en la implementación del presupuesto y en el cual se identificaron hallazgos puntuales.
En cuanto a las excepciones a la Ley del Presupuesto y la Ley de Contrataciones del Estado, se detectó un articulado que establece excepciones tanto a la Ley Orgánica del Presupuesto como a la Ley de Contrataciones.
Asimismo, se permite la contratación y adquisición de bienes y servicios a través de organismos internacionales, lo cual exonera del cumplimiento de procesos competitivos e impuestos.
Por ejemplo, se autoriza la contratación directa de medicamentos y equipo médico por parte del Ministerio de Salud; la compra de alimentos e insumos agropecuarios mediante organismos internacionales, ya sea en especie o con contribución monetaria, por ministerios de Estado, municipalidades y otras instituciones; y la firma de convenios para intervenciones estratégicas, como en los ministerios de Salud, Educación, Gobernación, Comunicaciones y Cultura, así como en la Empresa Portuaria Quetzal, Ferrocarriles de Guatemala y programas sociales.
Gasto se eleva con ampliaciones
Durante la presentación del análisis se informó que se contabilizó una suma cercana a Q1 mil millones en la creación de fondos especiales. En ese apartado se identificaron al menos 11 asignaciones de fideicomisos para distintos programas.
“Se criticó que solo el 16 % de esa nueva contratación de deuda se destinaría a inversión, mientras que el 49 %, entre bonos y préstamos, se utilizaría para gasto de funcionamiento”
También se alertó sobre ampliaciones preautorizadas que podrían superar el techo de Q163 mil 783.4 millones. “Fácilmente pueden superar los Q10 mil millones y llegar a Q173 mil millones”, subrayó el directivo. Eso, añadió, podría implicar un aumento del déficit del 3.3 % al 4.3 %.
Infraestructura recibe solo 1% del PIB
Jorge Benavides, investigador de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), se refirió durante el foro al tema de infraestructura. Indicó que el Ministerio de Comunicaciones lleva una ejecución del 41 % respecto de la asignación presupuestaria de Q7 mil millones para esa cartera.
“Hablar de infraestructura es hablar de dinero que se necesita, y el Estado debiera estar invirtiendo el 24 % del PIB cada año, para darle mantenimiento a la red existente y crecer a un ritmo sostenible”, apuntó.
Explicó que el Estado debería invertir el 6 % del PIB en infraestructura, pero solo destina el 1 %; y que el sector privado debería invertir el 18 %, aunque actualmente cubre entre el 14 % y el 15 % del PIB.
“No hay inversión privada si antes no hay inversión pública. ¿Qué pasa con el presupuesto para inversión? En los últimos 22 años, el gasto en funcionamiento creció cinco veces, y la inversión real en infraestructura, apenas 1.2 veces”, precisó.
Reiteró que se tiene un presupuesto en el cual el gasto de funcionamiento absorbe la mayor parte, lo que impide destinar recursos a inversión. “Por kilómetro de red existente, se debería estar invirtiendo US$50 mil al año en mantenimiento, y eso nunca se ha alcanzado”, aseveró.
Piden retomar el Pacto Fiscal
Abel Cruz, vicerrector de la Universidad Mesoamérica, declaró que el presupuesto es una herramienta de la política fiscal, sin contar con una política económica, por lo que una de las implicaciones es no contar con indicadores.
Por otro lado, no se tiene claro, que es lo que se quiere mejorar, por lo que en ese contexto es necesario regresar a los principios del Pacto Fiscal, que plantea que el Estado no debe gastar más de lo que recibe, y permitir un déficit fiscal que no supere el 1%, pero en el último año de gobierno, mantener un déficit cero.
En la antesala de la presentación del primer borrador de la iniciativa del presupuesto, por Q163 mil 783.4 millones, el Cacif presentó un análisis en el que hace una serie de observaciones.
análisis
Presupuesto 2026: Cacif señala riesgos macroeconómicos y normativos
En la antesala de la presentación del primer borrador de la iniciativa del presupuesto, por Q163 mil 783.4 millones, el Cacif presentó un análisis en el que hace una serie de observaciones.
|
Un análisis sobre de la estructura y posibles impactos macroeconómicos del presupuesto de ingresos y egresos del 2026 presenta el Cacif. (Foto Prensa Libre: Cortesía Cacif)
Un análisis sobre de la estructura y posibles impactos macroeconómicos del presupuesto de ingresos y egresos del 2026 por un monto de Q163 mil 783.4 millones, presentó el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) y en la cual hace una serie de observaciones y recomendaciones.
El estudio del sector privado organizado surge a pocos días para que los diputados integrantes de la Comisión de Finanzas del Congreso de la República hagan el dictamen de la iniciativa que presentó el Ministerio de Finanzas (Minfin) con algunas modificaciones y cambios, para que la discusión se traslade al Pleno.
Cacif pide revisar monto y déficit
Sergio de la Torre, coordinador de la Comisión Económica del Cacif, declaró que, a pesar de los hallazgos encontrados en la iniciativa, es necesario contar con un instrumento de gasto para el siguiente año, a fin de mantener las finanzas públicas.
Sin embargo, expresó preocupación por el monto planteado y por el déficit fiscal, así como por las ampliaciones preautorizadas que podrían elevar el déficit hasta 4 %, lo cual podría traducirse en inflación y un alto costo de vida.
“Esperamos que exista una discusión muy seria en la Comisión de Finanzas, en términos del tamaño, del destino, de la flexibilidad en la utilización de los recursos; que se definan objetivos claros, medibles y que respondan a las necesidades de la población”, enfatizó.
Alertan por alza desmedida
Sigfrido Lee, director de la Unidad Económica del Cacif, explicó que los montos de los presupuestos han aumentado desde el 2007, tanto en lo asignado como en lo vigente, en relación con el planteamiento formulado por la administración del gobernante Bernardo Arévalo de León y el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin).
En esta ocasión, afirmó que hay riesgos macroeconómicos en la propuesta de gasto. Indicó que, durante el gobierno de Óscar Berger, en el 2007, se entregó un techo presupuestario de Q40 mil millones, y ahora la propuesta asciende a Q163 mil millones.
Recalcó que, en la iniciativa, hay ampliaciones preaprobadas que podrían elevarla hasta Q173 mil millones.
Citó que, durante la administración de Álvaro Colom, el programa de gasto estatal creció 35 %; con Otto Pérez Molina, 18 %; Jimmy Morales, 24 %, y con Alejandro Giammattei, 10 %, al momento de entregar el gobierno.
Para el tercer año de gestión actual, el plan aumenta 41 %: “y ahí es cuando se comienza a hablar de un crecimiento desmedido y considerable”, justificó Lee.
Alerta por déficit fiscal
Una de las preocupaciones del Cacif es el aumento del techo del gasto, la estructura del financiamiento y su destino. Entre los hallazgos destaca que ahora hay una mayor asignación a los rubros de funcionamiento, mientras que la inversión se ha reducido.
Durante la presentación, se dio a conocer que el 18% del presupuesto se destina a inversión y que, para el 2025, la Dirección General de Caminos asignará entre Q2 mil y Q2 mil 500 millones, “pero no habrá ninguna carretera nueva y se está pagando deuda. Se gasta dinero, pero no necesariamente se convierte en inversión”, agregó Lee.
Entonces, dijo: “¿Ese crecimiento desmedido del presupuesto hacia dónde se está yendo? A gastos de funcionamiento”.
En cuanto al financiamiento, indicó que se detectó que el 20 % del programa total se cubrirá con deuda y que no se está cumpliendo con el pacto fiscal. “Esa es una señal más de que esto no es lo correcto”, expresó.
Recordó que se enfrenta uno de los déficits más altos, del 3.3 %, como lo planteó el Minfin para el siguiente año, y que solo durante la pandemia este indicador fue mayor.
“Hace 20 años se propuso preservar la estabilidad, y aunque el FMI dice que puede haber un aumento del déficit por un par de años, este debe cumplir ciertas condiciones: estar orientado a la inversión, ser temporal y transparente. Lo que estamos viendo ahora es que ninguna de esas condiciones se cumple”, remarcó el director.
“Esperamos que exista una discusión muy seria en la Comisión de Finanzas, en términos del tamaño, del destino, de la flexibilidad en la utilización de los recursos; que se definan objetivos claros, medibles y que respondan a las necesidades de la población”
Sergio de la Torre, coordinador de la Comisión Económica del Cacif,
En sus observaciones de corto plazo, el Cacif considera que el déficit fiscal generará presiones inflacionarias y alzas en las tasas de interés, lo cual afectará el costo de la canasta básica y del crédito.
A mediano plazo, prevé posibles aumentos de impuestos, lo cual perjudicará a las familias más pobres. Y a largo plazo, advierte que la falta de inversión en capital físico y humano limitará el crecimiento económico y la creación de empleo, y que el alto endeudamiento afectará la sostenibilidad fiscal.
Funcionamiento absorbe deuda
La deuda planteada en la iniciativa asciende a Q33 mil 514 millones, lo que representa un déficit fiscal del 3.3 % respecto del presupuesto de Q163 mil 783.4 millones.
Se criticó que solo el 16 % de esa nueva contratación de deuda se destinaría a inversión, mientras que el 49 %, entre bonos y préstamos, se utilizaría para gasto de funcionamiento.
“Este es uno de los aspectos más preocupantes, sobre todo para la población joven, porque serán ellos quienes tendrán que pagar. Pero estamos viendo que la deuda es para cubrir sueldos y salarios, pensiones, incluso gastos de la generación pasada, y eso no es sostenible”, apuntó.
Excepciones ponen en riesgo control
El análisis también incluyó el apartado normativo, que impacta en la implementación del presupuesto y en el cual se identificaron hallazgos puntuales.
En cuanto a las excepciones a la Ley del Presupuesto y la Ley de Contrataciones del Estado, se detectó un articulado que establece excepciones tanto a la Ley Orgánica del Presupuesto como a la Ley de Contrataciones.
Asimismo, se permite la contratación y adquisición de bienes y servicios a través de organismos internacionales, lo cual exonera del cumplimiento de procesos competitivos e impuestos.
Por ejemplo, se autoriza la contratación directa de medicamentos y equipo médico por parte del Ministerio de Salud; la compra de alimentos e insumos agropecuarios mediante organismos internacionales, ya sea en especie o con contribución monetaria, por ministerios de Estado, municipalidades y otras instituciones; y la firma de convenios para intervenciones estratégicas, como en los ministerios de Salud, Educación, Gobernación, Comunicaciones y Cultura, así como en la Empresa Portuaria Quetzal, Ferrocarriles de Guatemala y programas sociales.
Gasto se eleva con ampliaciones
Durante la presentación del análisis se informó que se contabilizó una suma cercana a Q1 mil millones en la creación de fondos especiales. En ese apartado se identificaron al menos 11 asignaciones de fideicomisos para distintos programas.
«Se criticó que solo el 16 % de esa nueva contratación de deuda se destinaría a inversión, mientras que el 49 %, entre bonos y préstamos, se utilizaría para gasto de funcionamiento»
También se alertó sobre ampliaciones preautorizadas que podrían superar el techo de Q163 mil 783.4 millones. “Fácilmente pueden superar los Q10 mil millones y llegar a Q173 mil millones”, subrayó el directivo. Eso, añadió, podría implicar un aumento del déficit del 3.3 % al 4.3 %.
Infraestructura recibe solo 1% del PIB
Jorge Benavides, investigador de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), se refirió durante el foro al tema de infraestructura. Indicó que el Ministerio de Comunicaciones lleva una ejecución del 41 % respecto de la asignación presupuestaria de Q7 mil millones para esa cartera.
“Hablar de infraestructura es hablar de dinero que se necesita, y el Estado debiera estar invirtiendo el 24 % del PIB cada año, para darle mantenimiento a la red existente y crecer a un ritmo sostenible”, apuntó.
Explicó que el Estado debería invertir el 6 % del PIB en infraestructura, pero solo destina el 1 %; y que el sector privado debería invertir el 18 %, aunque actualmente cubre entre el 14 % y el 15 % del PIB.
“No hay inversión privada si antes no hay inversión pública. ¿Qué pasa con el presupuesto para inversión? En los últimos 22 años, el gasto en funcionamiento creció cinco veces, y la inversión real en infraestructura, apenas 1.2 veces”, precisó.
Reiteró que se tiene un presupuesto en el cual el gasto de funcionamiento absorbe la mayor parte, lo que impide destinar recursos a inversión. “Por kilómetro de red existente, se debería estar invirtiendo US$50 mil al año en mantenimiento, y eso nunca se ha alcanzado”, aseveró.
Piden retomar el Pacto Fiscal
Abel Cruz, vicerrector de la Universidad Mesoamérica, declaró que el presupuesto es una herramienta de la política fiscal, sin contar con una política económica, por lo que una de las implicaciones es no contar con indicadores.
Por otro lado, no se tiene claro, que es lo que se quiere mejorar, por lo que en ese contexto es necesario regresar a los principios del Pacto Fiscal, que plantea que el Estado no debe gastar más de lo que recibe, y permitir un déficit fiscal que no supere el 1%, pero en el último año de gobierno, mantener un déficit cero.
ESCRITO POR:
Urias Gamarro
Periodista especializado en macroeconomía, finanzas públicas e infraestructura, con 20 años de experiencia en medios radiales, impresos y digitales.
ARCHIVADO EN:
Prensa Libre | Economía
