En Guatemala podemos pedir comida por teléfono, transferir dinero en segundos y vender productos a través de redes sociales. Pero cuando se trata de interactuar con el Estado, demasiadas veces regresamos al papel, a la fila y al sello. El espejo es incómodo: muestra que no estamos tan modernizados como creemos.

Vivimos en una sociedad cada vez más digital, pero operamos con una institucionalidad que aún arrastra lógicas del siglo pasado. Y esa contradicción ya no es anecdótica: es estructural. La pregunta no es si debemos digitalizar el Estado, sino cuánto nos está costando no hacerlo.

Guatemala no es un país desconectado. Más de 11 millones de personas usan internet, lo que equivale a cerca del 62% de la población. Millones ya trabajan, estudian, compran y pagan servicios en línea. Esa realidad genera una expectativa legítima: si el sector privado puede ofrecer servicios ágiles y disponibles las 24 horas, los siete días de la semana, ¿por qué tantos trámites públicos siguen dependiendo de la presencialidad, la duplicación de documentos y procesos fragmentados?

La burocracia no es solo una molestia cotidiana: representa un costo económico real. Cada día perdido en una fila es tiempo productivo que se desvanece. Cada trámite complejo desalienta la formalización. Cada requisito redundante abre espacios para discrecionalidad y opacidad. En un país donde siete de cada diez trabajadores están en la informalidad, simplificar procesos no es un capricho tecnocrático; es una política de desarrollo.

Antes de su descontinuación, el informe Doing Business señalaba que abrir un negocio en Guatemala tomaba en promedio más de un mes, frente a poco más de una semana en el promedio latinoamericano. Cada día adicional representa inversión detenida, empleos que no se crean y oportunidades que se esfuman. Estudios regionales estiman que los costos asociados a trámites burocráticos pueden representar hasta el 4% del PIB. En nuestra escala económica, eso equivale a miles de millones de dólares perdidos en tiempo, gestorías y procesos innecesarios.

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Cuando observamos los indicadores internacionales, el espejo es claro. En el Índice de Desarrollo de Gobierno Electrónico de Naciones Unidas, Guatemala se ubica en la posición 122 de 193 países, en la mitad inferior del ranking global. El GovTech Maturity Index 2022 del Banco Mundial ubica a Guatemala en el Grupo B (Significant Focus on GovTech), con un puntaje de 0.632. Este resultado evidencia esfuerzos relevantes, pero aún con debilidades estructurales en habilitadores clave como interoperabilidad, infraestructura digital compartida y fortalecimiento institucional.

En inteligencia artificial aplicada al sector público, seguimos rezagados. En ciberseguridad, el nivel de preparación aún es limitado. No estamos en cero, pero tampoco donde deberíamos estar.

Mientras tanto, otros países de la región decidieron hace más de una década que la transformación digital no podía ser un experimento aislado. Desde el 2007, Uruguay digitalizó la mayoría de sus trámites y consolidó una política sostenida en el tiempo. Colombia implementó su carpeta ciudadana digital interoperable. Costa Rica masificó la firma digital con plena validez legal. Estonia convirtió su identidad digital en motor de competitividad global.

No son países perfectos, sino países que tomaron decisiones estratégicas y las sostuvieron más allá de un período de gobierno.

En Guatemala existen avances. El Catálogo Nacional de Trámites, los servicios en línea de la SAT y del Renap, y distintos esfuerzos institucionales muestran que hay voluntad y capacidades. Pero el problema es la fragmentación. Proyectos aislados no sustituyen una política integral de Estado Digital. Digitalizar no es escanear formularios ni convertir la burocracia en PDF: es rediseñar procesos, eliminar pasos innecesarios y conectar sistemas para que el ciudadano no repita información que el propio Estado ya posee.

He visto de cerca cómo muchas iniciativas se quedan en fase piloto porque chocan con resistencias invisibles. La transformación digital toca intereses, reduce la discrecionalidad, deja huella y hace trazables decisiones que antes se diluían en papeles y archivos físicos. No todas las estructuras se sienten cómodas con eso.

También pesa la fragmentación institucional: 340 municipalidades autónomas, ministerios con culturas organizacionales distintas y entidades descentralizadas con agendas propias. Coordinar una estrategia nacional en este contexto no es sencillo. A eso se suman los ciclos políticos cortos. Cuatro años rara vez bastan para consolidar cambios culturales y tecnológicos profundos. Sin continuidad, los proyectos se reinician o desaparecen.

Por eso, la digitalización debe convertirse en política de Estado, no en eslogan de gobierno. Requiere metas claras, presupuesto protegido, marcos legales habilitantes y métricas independientes que sobrevivan cambios de administración.

Con las elecciones del 2027 acercándose, la transformación digital debería formar parte central del debate público. ¿Cuál es la propuesta concreta de cada fuerza política sobre identidad digital, interoperabilidad y firma electrónica? ¿Cómo garantizarán continuidad más allá de su mandato? No basta con hablar de modernización; se necesitan compromisos medibles.

La tecnología no resolverá por sí sola la pobreza ni la desigualdad, pero puede convertirse en una de las palancas más efectivas para mejorar competitividad, transparencia y confianza institucional. Un Estado que simplifica permisos atrae inversión. Un Estado interoperable reduce la corrupción cotidiana. Un Estado que automatiza procesos devuelve tiempo y dignidad al ciudadano.

La pregunta no es si Guatemala puede transformarse digitalmente. Puede. Tenemos talento, conectividad creciente y ejemplos regionales que demuestran que es posible. La pregunta es si estamos dispuestos a asumir el costo político de hacerlo y a exigir continuidad más allá de un período de gobierno.

Cada trámite que hoy toma horas podría resolverse en minutos. Cada proceso opaco podría dejar huella digital verificable. Cada barrera burocrática podría convertirse en oportunidad.

La transformación digital del Estado no es una moda tecnológica: es una condición para la competitividad y el futuro del país.

El espejo ya está frente a nosotros. La pregunta es: ¿cuánto tiempo más vamos a evitar mirarlo?

Julio Herrera Toledo es experto en transformación digital y gobierno abierto. Director Ejecutivo de Red Ciudadana, ha liderado iniciativas en datos abiertos, modernización institucional e innovación pública en Guatemala y Centroamérica.

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