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Motines, rehenes y masacres: los episodios que muestran una década de crisis carcelaria en Guatemala
Los motines simultáneos de enero de 2025 confirmaron que la crisis penitenciaria en Guatemala es un problema estructural que ningún gobierno de la historia reciente ha logrado resolver.
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Entre el 17 y 18 de enero de 2025, el sistema penitenciario guatemalteco enfrentó tres motines simultáneos en las cárceles de Renovación 1 (Escuintla), Fraijanes 2 y el Centro Preventivo para Varones de la zona 18. Los disturbios incluyeron tomas de rehenes, disparos dentro de los penales y ataques armados posteriores, según confirmaron las autoridades.
El Ministerio de Gobernación (Mingob) atribuyó los hechos a una acción coordinada de la pandilla Barrio 18, cuyo cabecilla, conocido como “El Lobo”, exigía su traslado y la restitución de privilegios, entre ellos una cama king size, aire acondicionado en su celda y alimentación tipo restaurante.
Tras la intervención de las fuerzas de seguridad y el restablecimiento del orden, se registraron 13 ataques armados en el exterior, que dejaron un saldo de 10 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) fallecidos.
La crisis derivó en la declaratoria de estado de sitio hasta el 16 de febrero, confirmó que el problema no es coyuntural, sino que se arrastra de gobierno en gobierno, sin que hasta ahora se logre un quiebre que permita recuperar el control total del sistema penitenciario.
El Ejecutivo reiteró que no negociará con las maras, ni restituirá privilegios perdidos. Además, afirmó que cualquier limitación de derechos se aplicará solo en la medida necesaria para proteger a la población y recuperar el control del sistema penitenciario.
Un patrón que se repite
Los hechos recientes evidencian que los objetivos de la Política Nacional de Reforma Penitenciaria 2014-2024 no se cumplieron. Con esta estrategia, las autoridades esperaban, en una década, garantizar la seguridad en los centros carcelarios y evitar que desde esos sitios se coordinaran actividades delictivas, metas que hoy siguen pendientes.
El recuento de más de una década evidencia un patrón: motines recurrentes, decenas de reos fallecidos y un alto costo para las fuerzas de seguridad, mientras las respuestas del Estado han sido mayoritariamente reactivas.
Sin reformas estructurales, inversión sostenida y control efectivo, la crisis penitenciaria continúa siendo, según los sucesos, uno de los mayores desafíos de seguridad para Guatemala.
Una década de poco avance
El hacinamiento sigue siendo uno de los principales factores de la crisis y, de acuerdo con informes del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), mientras no se reduzca, será imposible erradicar la violencia y la inseguridad, dentro y fuera de las cárceles.
Las cifras de informes y análisis del Cien y la Fundación para el Desarrollo (Fundesa) reflejan el estancamiento: en 2014, la tasa de ocupación carcelaria era de 280%; en 2016, fue del 305%; para 2018, subió al 372%; en junio de 2022 se situó en 363%, y para marzo de 2025, la ubicó en 339%. Aunque hay una leve reducción, los niveles siguen siendo críticos en un sistema que administra 21 cárceles a nivel nacional.
A continuación, se presentan algunos de los hechos más relevantes que marcaron a los últimos cuatro gobiernos, aunque la crisis penitenciaria se arrastra desde hace décadas.
Otto Pérez Molina (2012-2015): el inicio de la reforma penitenciaria
Los antecedentes, para esta nota, se tomarán a partir del gobierno de Otto Pérez Molina, período en el que los motines fueron recurrentes debido al hacinamiento, abusos de autoridad y cobros ilegales dentro de los centros carcelarios.
En 2013 y 2014, la cárcel pública de Jutiapa fue escenario de amotinamientos en los que los privados de libertad denunciaron malos tratos, falta de atención médica y extorsiones internas.
Las crisis fueron contenidas mediante procesos de negociación, en los que las autoridades accedieron a algunas demandas.
En ese contexto, el Ministerio de Gobernación (Mauricio Bonilla) reconoció que el hacinamiento obligó a la Policía Nacional Civil (PNC) a custodiar cárceles, una señal temprana del debilitamiento institucional del Sistema Penitenciario, que daría paso a la Política Nacional de Reforma Penitenciaria.
Alejandro Maldonado Aguirre (2015-2016): 30 reos fallecidos en cuatro meses
El gobierno de Alejandro Maldonado Aguirre, entre septiembre de 2015 y enero de 2016, estuvo marcado por una escalada de violencia en los centros carcelarios, con motines letales y enfrentamientos entre grupos rivales. En menos de cuatro meses se registraron tres hechos de alto impacto, todos con saldo mortal.
El 30 de noviembre de 2015, un amotinamiento en la Granja Modelo de Rehabilitación Canadá, en Escuintla, dejó 16 privados de libertad fallecidos, tras una riña entre estructuras que se disputaban el control del centro penitenciario.
El 1 de enero de 2016, una nueva riña entre reclusos de dos sectores del Centro de Rehabilitación Penal de Puerto Barrios, Izabal, provocó la muerte de ocho reos, entre ellos dos decapitados y dos carbonizados, además de 24 personas heridas.
Diez días después, el 11 de enero de 2016, dos motines organizados se registraron en los centros carcelarios de Chimaltenango, dejó seis privados de libertad muertos, y Fraijanes, confirmando la fragilidad del control estatal en los penales.
En conjunto, durante este período se reportaron 30 reos fallecidos. Los hechos no estuvieron asociados a exigencias formales al Estado, sino a disputas internas entre estructuras criminales. El control fue retomado mediante la intervención de la fuerza pública, sin procesos de negociación ni concesiones a los amotinados.
Jimmy Morales (2016-2020): masacres, motines y exigencias criminales
Durante el gobierno de Jimmy Morales, la crisis penitenciaria se profundizó con masacres, motines recurrentes y exigencias de privilegios, tanto en cárceles para adultos como en centros correccionales juveniles.
Uno de los episodios más grave ocurrió el 18 de julio de 2016, cuando una masacre en la Granja Penal Pavón dejó 13 personas muertas, entre ellas el capitán retirado Byron Lima Oliva, quien fue asesinado durante una pugna entre dos estructuras que buscaban controlar el penal.
Según declaraciones rendidas en juicio, el crimen fue planificado por Marvin Montiel Marín, alias “El Taquero”, quien habría pagado para ejecutar el asesinato. Ese día, 12 reos más fallecieron en el área conocida como La Sexta.
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En abril de 2018, un motín en la Granja Penal Canadá, en Escuintla, dejó inicialmente dos reos muertos (uno electrocutado al intentar escapar y otro por heridas de bala) y 12 heridos. Horas después, las autoridades confirmaron que el enfrentamiento armado entre reclusos dejó cinco fallecidos y 15 heridos, producto de una disputa de poder interna.
Ese mismo año, el 30 de septiembre de 2018, una riña en el área de aislamiento 1 de la cárcel Pavón, en Fraijanes, dejó al menos siete reos muertos.
El 23 de julio de 2018, 43 privados de libertad se amotinaron en el correccional Etapa 2, en San José Pinula, donde retuvieron a cuatro monitores y causaron destrozos. Seis jóvenes y los monitores resultaron heridos. Los amotinados exigían que se les entregara a nueve menores que habían abandonado las pandillas, con la intención de asesinarlos. Las autoridades rechazaron la exigencia.
En febrero de 2019, internos del Anexo Las Gaviotas, en la zona 13, intentaron amotinarse para exigir microondas, cafeteras, ingreso de encomiendas sin revisión y visitas íntimas. Las autoridades rechazaron las demandas y trasladaron a 27 internos adultos a la Torre de Tribunales. No se reportaron heridos ni fallecidos.
El 7 de mayo de 2019, un nuevo motín en Pavón dejó siete reos muertos y 19 heridos, con víctimas que presentaban heridas de bala, machete y rostros destrozados.
En total, durante el gobierno de Jimmy Morales se documentaron al menos siete hechos graves, con un saldo de más de 50 privados de libertad fallecidos. Las respuestas del Estado se centraron en uso de la fuerza, requisas y traslados.
Alejandro Giammattei (2020-2024): rehenes y control pandillero
Durante la administración de Alejandro Giammattei, la crisis penitenciaria no se redujo, pero cambió de forma. Los motines dejaron de ser masivos y sangrientos como en años anteriores, pero surgió un fenómeno particularmente grave: la toma de rehenes como mecanismo de presión directa contra el Estado.
En mayo de 2021, un episodio de extrema violencia se registró en la Granja Penal de Quetzaltenango, donde un motín dejó al menos siete reos decapitados, producto de un enfrentamiento entre pandillas rivales, lo que confirmó que las estructuras criminales seguían operando con fuerza dentro de los penales.
Otro de los hechos más significativos ocurrió el 11 de agosto de 2021, cuando privados de libertad del centro de máxima seguridad Canadá, conocido como El Infiernito, retuvieron a 17 guardias penitenciarios y al director del penal. Los reos exigían que cabecillas del Barrio 18, recientemente trasladados a otros centros, fueran devueltos. Tras varias horas de tensión y una mesa de diálogo, los rehenes fueron liberados, pero las exigencias no fueron aceptadas.
En abril de 2022, reclusas del penal de Santa Teresa, en la zona 18, protagonizaron una revuelta para denunciar abusos de guardias, requisas constantes y restricciones para salir de las celdas. Aunque no se reportaron muertos, el hecho evidenció tensiones persistentes.
El 22 de enero de 2023, se registró un nuevo motín en el Centro Preventivo para Varones de la zona 18, que terminó con la muerte de un privado de libertad. Según las autoridades, pandilleros del Barrio 18 lo sacaron por la fuerza luego de que el interno entregara voluntariamente un arma de fuego al personal penitenciario. El hecho volvió a evidenciar la circulación de armas dentro de los centros penitenciarios y las limitaciones del control estatal en estos recintos.
En total, durante el gobierno de Giammattei se documentaron al menos cuatro hechos graves, con un saldo de ocho privados de libertad fallecidos, además de guardias penitenciarios tomados como rehenes. La estrategia estatal se centró en traslados de cabecillas, requisas constantes y control policial, pero sin desarticular el poder de las pandillas dentro del sistema.
Una crisis estructural sin solución de fondo
Corinne Dedick, investigadora del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), explicó a Prensa Libre en una entrevista pasada que el traslado de cabecillas no resuelve el problema. “Se traslada el conflicto de una cárcel a otra”, advirtió, al subrayar la necesidad de infraestructura adecuada, prisiones especializadas y control efectivo.
A esto se suma el déficit de personal: investigaciones periodísticas revelan que en 2021 había un guardia por cada 20 reclusos, además de agentes ocupando cargos administrativos sin el perfil correspondiente.
Una herencia que atraviesa gobiernos
Los motines registrados en enero del 2026 no fueron un hecho aislado, sino el capítulo más reciente de una crisis penitenciaria heredada, que se ha profundizado con el paso de los años.
Tras más de una década, el control de la violencia originada desde los centros carcelarios continúa siendo uno de los mayores desafíos de seguridad para Guatemala, de acuerdo con varios analistas.
Los motines simultáneos de enero de 2025 confirmaron que la crisis penitenciaria en Guatemala es un problema estructural que ningún gobierno de la historia reciente ha logrado resolver.
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Motines, rehenes y masacres: los episodios que muestran una década de crisis carcelaria en Guatemala
Los motines simultáneos de enero de 2025 confirmaron que la crisis penitenciaria en Guatemala es un problema estructural que ningún gobierno de la historia reciente ha logrado resolver.
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Entre el 17 y 18 de enero de 2025, el sistema penitenciario guatemalteco enfrentó tres motines simultáneos en las cárceles de Renovación 1 (Escuintla), Fraijanes 2 y el Centro Preventivo para Varones de la zona 18. Los disturbios incluyeron tomas de rehenes, disparos dentro de los penales y ataques armados posteriores, según confirmaron las autoridades.
El Ministerio de Gobernación (Mingob) atribuyó los hechos a una acción coordinada de la pandilla Barrio 18, cuyo cabecilla, conocido como “El Lobo”, exigía su traslado y la restitución de privilegios, entre ellos una cama king size, aire acondicionado en su celda y alimentación tipo restaurante.
Tras la intervención de las fuerzas de seguridad y el restablecimiento del orden, se registraron 13 ataques armados en el exterior, que dejaron un saldo de 10 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) fallecidos.
La crisis derivó en la declaratoria de estado de sitio hasta el 16 de febrero, confirmó que el problema no es coyuntural, sino que se arrastra de gobierno en gobierno, sin que hasta ahora se logre un quiebre que permita recuperar el control total del sistema penitenciario.
El Ejecutivo reiteró que no negociará con las maras, ni restituirá privilegios perdidos. Además, afirmó que cualquier limitación de derechos se aplicará solo en la medida necesaria para proteger a la población y recuperar el control del sistema penitenciario.
Un patrón que se repite
Los hechos recientes evidencian que los objetivos de la Política Nacional de Reforma Penitenciaria 2014-2024 no se cumplieron. Con esta estrategia, las autoridades esperaban, en una década, garantizar la seguridad en los centros carcelarios y evitar que desde esos sitios se coordinaran actividades delictivas, metas que hoy siguen pendientes.
El recuento de más de una década evidencia un patrón: motines recurrentes, decenas de reos fallecidos y un alto costo para las fuerzas de seguridad, mientras las respuestas del Estado han sido mayoritariamente reactivas.
Sin reformas estructurales, inversión sostenida y control efectivo, la crisis penitenciaria continúa siendo, según los sucesos, uno de los mayores desafíos de seguridad para Guatemala.
Una década de poco avance
El hacinamiento sigue siendo uno de los principales factores de la crisis y, de acuerdo con informes del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), mientras no se reduzca, será imposible erradicar la violencia y la inseguridad, dentro y fuera de las cárceles.
Las cifras de informes y análisis del Cien y la Fundación para el Desarrollo (Fundesa) reflejan el estancamiento: en 2014, la tasa de ocupación carcelaria era de 280%; en 2016, fue del 305%; para 2018, subió al 372%; en junio de 2022 se situó en 363%, y para marzo de 2025, la ubicó en 339%. Aunque hay una leve reducción, los niveles siguen siendo críticos en un sistema que administra 21 cárceles a nivel nacional.
A continuación, se presentan algunos de los hechos más relevantes que marcaron a los últimos cuatro gobiernos, aunque la crisis penitenciaria se arrastra desde hace décadas.
Otto Pérez Molina (2012-2015): el inicio de la reforma penitenciaria
Los antecedentes, para esta nota, se tomarán a partir del gobierno de Otto Pérez Molina, período en el que los motines fueron recurrentes debido al hacinamiento, abusos de autoridad y cobros ilegales dentro de los centros carcelarios.
En 2013 y 2014, la cárcel pública de Jutiapa fue escenario de amotinamientos en los que los privados de libertad denunciaron malos tratos, falta de atención médica y extorsiones internas.
Las crisis fueron contenidas mediante procesos de negociación, en los que las autoridades accedieron a algunas demandas.
En ese contexto, el Ministerio de Gobernación (Mauricio Bonilla) reconoció que el hacinamiento obligó a la Policía Nacional Civil (PNC) a custodiar cárceles, una señal temprana del debilitamiento institucional del Sistema Penitenciario, que daría paso a la Política Nacional de Reforma Penitenciaria.
Alejandro Maldonado Aguirre (2015-2016): 30 reos fallecidos en cuatro meses
El gobierno de Alejandro Maldonado Aguirre, entre septiembre de 2015 y enero de 2016, estuvo marcado por una escalada de violencia en los centros carcelarios, con motines letales y enfrentamientos entre grupos rivales. En menos de cuatro meses se registraron tres hechos de alto impacto, todos con saldo mortal.
El 30 de noviembre de 2015, un amotinamiento en la Granja Modelo de Rehabilitación Canadá, en Escuintla, dejó 16 privados de libertad fallecidos, tras una riña entre estructuras que se disputaban el control del centro penitenciario.
El 1 de enero de 2016, una nueva riña entre reclusos de dos sectores del Centro de Rehabilitación Penal de Puerto Barrios, Izabal, provocó la muerte de ocho reos, entre ellos dos decapitados y dos carbonizados, además de 24 personas heridas.
Diez días después, el 11 de enero de 2016, dos motines organizados se registraron en los centros carcelarios de Chimaltenango, dejó seis privados de libertad muertos, y Fraijanes, confirmando la fragilidad del control estatal en los penales.
En conjunto, durante este período se reportaron 30 reos fallecidos. Los hechos no estuvieron asociados a exigencias formales al Estado, sino a disputas internas entre estructuras criminales. El control fue retomado mediante la intervención de la fuerza pública, sin procesos de negociación ni concesiones a los amotinados.
Jimmy Morales (2016-2020): masacres, motines y exigencias criminales
Durante el gobierno de Jimmy Morales, la crisis penitenciaria se profundizó con masacres, motines recurrentes y exigencias de privilegios, tanto en cárceles para adultos como en centros correccionales juveniles.
Uno de los episodios más grave ocurrió el 18 de julio de 2016, cuando una masacre en la Granja Penal Pavón dejó 13 personas muertas, entre ellas el capitán retirado Byron Lima Oliva, quien fue asesinado durante una pugna entre dos estructuras que buscaban controlar el penal.
Según declaraciones rendidas en juicio, el crimen fue planificado por Marvin Montiel Marín, alias “El Taquero”, quien habría pagado para ejecutar el asesinato. Ese día, 12 reos más fallecieron en el área conocida como La Sexta.
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Ese mismo año, el 30 de septiembre de 2018, una riña en el área de aislamiento 1 de la cárcel Pavón, en Fraijanes, dejó al menos siete reos muertos.
El 23 de julio de 2018, 43 privados de libertad se amotinaron en el correccional Etapa 2, en San José Pinula, donde retuvieron a cuatro monitores y causaron destrozos. Seis jóvenes y los monitores resultaron heridos. Los amotinados exigían que se les entregara a nueve menores que habían abandonado las pandillas, con la intención de asesinarlos. Las autoridades rechazaron la exigencia.
En febrero de 2019, internos del Anexo Las Gaviotas, en la zona 13, intentaron amotinarse para exigir microondas, cafeteras, ingreso de encomiendas sin revisión y visitas íntimas. Las autoridades rechazaron las demandas y trasladaron a 27 internos adultos a la Torre de Tribunales. No se reportaron heridos ni fallecidos.
El 7 de mayo de 2019, un nuevo motín en Pavón dejó siete reos muertos y 19 heridos, con víctimas que presentaban heridas de bala, machete y rostros destrozados.
En total, durante el gobierno de Jimmy Morales se documentaron al menos siete hechos graves, con un saldo de más de 50 privados de libertad fallecidos. Las respuestas del Estado se centraron en uso de la fuerza, requisas y traslados.
Alejandro Giammattei (2020-2024): rehenes y control pandillero
Durante la administración de Alejandro Giammattei, la crisis penitenciaria no se redujo, pero cambió de forma. Los motines dejaron de ser masivos y sangrientos como en años anteriores, pero surgió un fenómeno particularmente grave: la toma de rehenes como mecanismo de presión directa contra el Estado.
En mayo de 2021, un episodio de extrema violencia se registró en la Granja Penal de Quetzaltenango, donde un motín dejó al menos siete reos decapitados, producto de un enfrentamiento entre pandillas rivales, lo que confirmó que las estructuras criminales seguían operando con fuerza dentro de los penales.
Otro de los hechos más significativos ocurrió el 11 de agosto de 2021, cuando privados de libertad del centro de máxima seguridad Canadá, conocido como El Infiernito, retuvieron a 17 guardias penitenciarios y al director del penal. Los reos exigían que cabecillas del Barrio 18, recientemente trasladados a otros centros, fueran devueltos. Tras varias horas de tensión y una mesa de diálogo, los rehenes fueron liberados, pero las exigencias no fueron aceptadas.
En abril de 2022, reclusas del penal de Santa Teresa, en la zona 18, protagonizaron una revuelta para denunciar abusos de guardias, requisas constantes y restricciones para salir de las celdas. Aunque no se reportaron muertos, el hecho evidenció tensiones persistentes.
El 22 de enero de 2023, se registró un nuevo motín en el Centro Preventivo para Varones de la zona 18, que terminó con la muerte de un privado de libertad. Según las autoridades, pandilleros del Barrio 18 lo sacaron por la fuerza luego de que el interno entregara voluntariamente un arma de fuego al personal penitenciario. El hecho volvió a evidenciar la circulación de armas dentro de los centros penitenciarios y las limitaciones del control estatal en estos recintos.
En total, durante el gobierno de Giammattei se documentaron al menos cuatro hechos graves, con un saldo de ocho privados de libertad fallecidos, además de guardias penitenciarios tomados como rehenes. La estrategia estatal se centró en traslados de cabecillas, requisas constantes y control policial, pero sin desarticular el poder de las pandillas dentro del sistema.
Una crisis estructural sin solución de fondo
Corinne Dedick, investigadora del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), explicó a Prensa Libre en una entrevista pasada que el traslado de cabecillas no resuelve el problema. “Se traslada el conflicto de una cárcel a otra”, advirtió, al subrayar la necesidad de infraestructura adecuada, prisiones especializadas y control efectivo.
A esto se suma el déficit de personal: investigaciones periodísticas revelan que en 2021 había un guardia por cada 20 reclusos, además de agentes ocupando cargos administrativos sin el perfil correspondiente.
Una herencia que atraviesa gobiernos
Los motines registrados en enero del 2026 no fueron un hecho aislado, sino el capítulo más reciente de una crisis penitenciaria heredada, que se ha profundizado con el paso de los años.
Tras más de una década, el control de la violencia originada desde los centros carcelarios continúa siendo uno de los mayores desafíos de seguridad para Guatemala, de acuerdo con varios analistas.
ESCRITO POR:
Glenda Burrión
Periodista de Prensa Libre especializada en economía con más de 7 años de experiencia como correctora de textos y creación de contenido digital.
ARCHIVADO EN:
Prensa Libre | Guatemala
