Mingob cuestiona ley de aceptación de cargos por liberar a reincidentes: “Los capturamos y vuelven a las calles”
Según las autoridades de Gobernación, la normativa permite que delincuentes reincidentes, incluso capturados con armas ilegales, reciban penas conmutables y medidas sustitutivas, lo que facilita su liberación.
Las autoridades del Ministerio de Gobernación en conferencia de prensa este jueves 31 de julio, en el Palacio Nacional. (Foto Prensa Libre: Byron Rivera)
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Tras una serie de hechos violentos en distintos puntos del país, el Ministerio de Gobernación señaló este jueves 31 de julio que la Ley de Aceptación de Cargos representa un obstáculo en la lucha contra el crimen organizado, al facilitar la reducción de penas a delincuentes reincidentes, incluso en casos graves.
La declaración surge en un contexto marcado por aumento de muertes violentas y ataques armados, como el que ocurrió en una funeraria de la zona 1 de la Ciudad de Guatemala, que dejó siete personas muertas, así como el asesinato directo de un médico, ambos registrados recientemente en la capital.
A estos hechos se suma la violencia que persiste en los departamentos, como el ataque en un parque de Colomba, aldea Costa Cuca, municipio de Quetzaltenango, donde tres jóvenes fueron asesinados a balazos, en lo que se presume fue una disputa entre pandillas.
Aunque las autoridades aseguran que durante dos meses se logró contener la cifra de homicidios, advierten que las dinámicas de las estructuras criminales cambian constantemente, lo que dificulta mantener esa tendencia.
Favorece la reincidencia
En ese sentido, expusieron que actualmente hay un sistema legal que —según denuncian— “premia” la aceptación de cargos con penas conmutables, lo que está debilitando la lucha contra la criminalidad en Guatemala.
El viceministro de Seguridad, José Ronaldo Portillo, advirtió que la Ley de Aceptación de Cargos está favoreciendo la reincidencia, al otorgar beneficios conmutables y reducción de penas incluso a capturados por delitos graves, como portación ilegal de armas y vínculos con estructuras pandilleras.
“Hemos recapturado a una misma persona dos, tres, hasta siete veces. Este también es un llamado al sistema de justicia. Si no trabajamos de manera coordinada, los esfuerzos por reducir homicidios y aumentar hechos positivos se ven limitados”, señaló el funcionario.
También informó que recientemente se ejecutó el traslado de diez cabecillas de pandillas del Barrio 18 y de la Mara Salvatrucha hacia una cárcel de máxima seguridad, el Centro de Renovación 1, con el objetivo de cortar la coordinación de delitos desde los centros penitenciarios.
“Este centro busca tomar gradualmente el control del sistema penitenciario, con medidas modernas y estratégicas. Queremos garantizar seguridad a la población, y eso empieza por neutralizar a los cabecillas”, explicó el viceministro.
“La ley beneficia más al criminal que a la sociedad”
El director general de la Policía Nacional Civil, David Custodio Boteo, fue más enfático al señalar que la actual legislación impide el uso de colaboradores eficaces, una herramienta clave para desarticular estructuras criminales.
“La ley de aceptación de cargos ha venido específicamente a apoyar más al criminal que a la sociedad. El 100% de los detenidos por portación ilegal de armas de fuego son beneficiados. Es un ciclo de capturar, soltar y volver a capturar”, denunció.
Como ejemplo, mencionó un caso reciente en Asunción Mita, Jutiapa, en el que un individuo capturado el 1 de julio pasado por herir a dos personas con arma de fuego fue recapturado el martes 29 de julio —casi un mes después— con dos armas ilegales, incluida una mini Uzi. Ya estaba en libertad, pese a los antecedentes.
“Estamos viendo que la mayoría de los capturados por portación ilegal de armas son reincidentes, y esto está directamente relacionado con los vacíos legales que impiden retenerlos y procesarlos adecuadamente”, señalaron funcionarios del Ministerio.
Boteo subrayó que anteriormente un capturado podía constituirse en colaborador eficaz y contribuir con información valiosa. Sin embargo, con la ley vigente, los detenidos aceptan cargos, reciben penas reducidas y medidas sustitutivas, sin obligación de colaborar.
“No solo regresan a las calles, sino que se impide desarticular a las estructuras. Y todo esto con los escasos recursos que tiene la Policía, y aun así, este año ya hemos capturado a 25 mil personas”, agregó.
Entre los logros de este año también destacó:
- 2 mil 095 armas incautadas, algunas dentro de cárceles
- 934 motocicletas recuperadas con reporte de robo
- 402 vehículos recuperados
- 35 requisas coordinadas en centros penitenciarios
Durante uno de los traslados penitenciarios recientes, indicó que se detectó incluso un artefacto explosivo y armas de fuego ocultas, lo que evidencia el nivel de riesgo que implican estas operaciones.
Lucha territorial
Desde Inteligencia Civil e Investigación Criminal, las autoridades han identificado zonas de operación de estructuras del Barrio 18 y la Mara Salvatrucha, vinculadas con homicidios recientes, como un ataque armado en un velatorio en zona 9.
Las pandillas han logrado expandir su incidencia con hechos criminales relacionados con la venta de narcomenudeo y el tráfico de armas, por lo que las investigaciones se han focalizado en esos delitos.
“Lo que sucedió en el velatorio donde un expandillero del Barrio 18 fue acribillado en la zona 9 es uno de estos casos. Fueron mareros de la Mara Salvatrucha que llegaron a efectuar varios disparos y ocasionaron varias muertes. Estas muertes también están ligadas con estas estructuras criminales”, afirmó Portillo.
Investigación a policías
Relacionado con la balacera que dejó siete muertos en una funeraria en la avenida Centroamérica, zona 1 capitalina, se recordó que hay una investigación en curso a los agentes de la PNC que estaban resguardando el lugar, ante el conocimiento previo del riesgo del caso, ya que el fallecido era un pandillero del Barrio 18 y estaban asignados para resguardar el sitio.
También se reveló que algunos policías están siendo investigados por no cumplir con los patrullajes y coberturas asignadas. La Comisaría 11 presentó denuncias ante el Ministerio Público, y hay procesos administrativos en curso.
En el área rural
Las autoridades aclararon que no todos los homicidios están ligados a pandillas. En el interior del país persisten conflictos por tierras, herencias y disputas familiares, además de casos fortuitos relacionados con el crimen común y organizado.
“No todos los homicidios están vinculados a pandillas. Hay una realidad en el interior del país que tiene que ver con conflictos entre vecinos, por tierras, por herencias o incluso por disputas familiares”, afirmó Portillo.
Sostuvo que hay una distinción entre los fenómenos urbanos —como las pandillas— y los rurales, que “también generan violencia homicida”, expresó.
Centro al límite
El Centro de Renovación 1, que alberga a los reos de alta peligrosidad trasladados recientemente, está cerca de su capacidad máxima, por lo que se contempla la creación de un segundo centro de este tipo, con estándares modernos de control y vigilancia.
“Quiero comentarles también que el Centro de Renovación 1 ya está casi al límite de su capacidad. Estamos por generar un nuevo centro de renovación, porque necesitamos tener el control y el cuidado de estos centros penitenciarios”, afirmó.
Coordinación con autoridades locales
Gobernación destacó que el poder local, líderes comunitarios y gobernadores deben participar activamente en la coproducción de seguridad. En el caso de Zacapa, donde un agente de la PNC murió recientemente en un enfrentamiento, se han intensificado reuniones con actores locales.
“Este gobierno privilegia el diálogo, pero si no hay cooperación con el sistema de justicia y las autoridades locales, se seguirán enfrentando tragedias evitables”, advirtió el viceministro.
Según las autoridades de Gobernación, la normativa permite que delincuentes reincidentes, incluso capturados con armas ilegales, reciban penas conmutables y medidas sustitutivas, lo que facilita su liberación.
Mingob cuestiona ley de aceptación de cargos por liberar a reincidentes: “Los capturamos y vuelven a las calles”
Según las autoridades de Gobernación, la normativa permite que delincuentes reincidentes, incluso capturados con armas ilegales, reciban penas conmutables y medidas sustitutivas, lo que facilita su liberación.
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Las autoridades del Ministerio de Gobernación en conferencia de prensa este jueves 31 de julio, en el Palacio Nacional. (Foto Prensa Libre: Byron Rivera)
Tras una serie de hechos violentos en distintos puntos del país, el Ministerio de Gobernación señaló este jueves 31 de julio que la Ley de Aceptación de Cargos representa un obstáculo en la lucha contra el crimen organizado, al facilitar la reducción de penas a delincuentes reincidentes, incluso en casos graves.
La declaración surge en un contexto marcado por aumento de muertes violentas y ataques armados, como el que ocurrió en una funeraria de la zona 1 de la Ciudad de Guatemala, que dejó siete personas muertas, así como el asesinato directo de un médico, ambos registrados recientemente en la capital.
A estos hechos se suma la violencia que persiste en los departamentos, como el ataque en un parque de Colomba, aldea Costa Cuca, municipio de Quetzaltenango, donde tres jóvenes fueron asesinados a balazos, en lo que se presume fue una disputa entre pandillas.
Aunque las autoridades aseguran que durante dos meses se logró contener la cifra de homicidios, advierten que las dinámicas de las estructuras criminales cambian constantemente, lo que dificulta mantener esa tendencia.
Favorece la reincidencia
En ese sentido, expusieron que actualmente hay un sistema legal que —según denuncian— “premia” la aceptación de cargos con penas conmutables, lo que está debilitando la lucha contra la criminalidad en Guatemala.
El viceministro de Seguridad, José Ronaldo Portillo, advirtió que la Ley de Aceptación de Cargos está favoreciendo la reincidencia, al otorgar beneficios conmutables y reducción de penas incluso a capturados por delitos graves, como portación ilegal de armas y vínculos con estructuras pandilleras.
“Hemos recapturado a una misma persona dos, tres, hasta siete veces. Este también es un llamado al sistema de justicia. Si no trabajamos de manera coordinada, los esfuerzos por reducir homicidios y aumentar hechos positivos se ven limitados”, señaló el funcionario.
También informó que recientemente se ejecutó el traslado de diez cabecillas de pandillas del Barrio 18 y de la Mara Salvatrucha hacia una cárcel de máxima seguridad, el Centro de Renovación 1, con el objetivo de cortar la coordinación de delitos desde los centros penitenciarios.
“Este centro busca tomar gradualmente el control del sistema penitenciario, con medidas modernas y estratégicas. Queremos garantizar seguridad a la población, y eso empieza por neutralizar a los cabecillas”, explicó el viceministro.
“La ley beneficia más al criminal que a la sociedad”
El director general de la Policía Nacional Civil, David Custodio Boteo, fue más enfático al señalar que la actual legislación impide el uso de colaboradores eficaces, una herramienta clave para desarticular estructuras criminales.
“La ley de aceptación de cargos ha venido específicamente a apoyar más al criminal que a la sociedad. El 100% de los detenidos por portación ilegal de armas de fuego son beneficiados. Es un ciclo de capturar, soltar y volver a capturar”, denunció.
Como ejemplo, mencionó un caso reciente en Asunción Mita, Jutiapa, en el que un individuo capturado el 1 de julio pasado por herir a dos personas con arma de fuego fue recapturado el martes 29 de julio —casi un mes después— con dos armas ilegales, incluida una mini Uzi. Ya estaba en libertad, pese a los antecedentes.
“Estamos viendo que la mayoría de los capturados por portación ilegal de armas son reincidentes, y esto está directamente relacionado con los vacíos legales que impiden retenerlos y procesarlos adecuadamente”, señalaron funcionarios del Ministerio.
Boteo subrayó que anteriormente un capturado podía constituirse en colaborador eficaz y contribuir con información valiosa. Sin embargo, con la ley vigente, los detenidos aceptan cargos, reciben penas reducidas y medidas sustitutivas, sin obligación de colaborar.
“No solo regresan a las calles, sino que se impide desarticular a las estructuras. Y todo esto con los escasos recursos que tiene la Policía, y aun así, este año ya hemos capturado a 25 mil personas”, agregó.
Entre los logros de este año también destacó:
- 2 mil 095 armas incautadas, algunas dentro de cárceles
- 934 motocicletas recuperadas con reporte de robo
- 402 vehículos recuperados
- 35 requisas coordinadas en centros penitenciarios
Durante uno de los traslados penitenciarios recientes, indicó que se detectó incluso un artefacto explosivo y armas de fuego ocultas, lo que evidencia el nivel de riesgo que implican estas operaciones.
Lucha territorial
Desde Inteligencia Civil e Investigación Criminal, las autoridades han identificado zonas de operación de estructuras del Barrio 18 y la Mara Salvatrucha, vinculadas con homicidios recientes, como un ataque armado en un velatorio en zona 9.
Las pandillas han logrado expandir su incidencia con hechos criminales relacionados con la venta de narcomenudeo y el tráfico de armas, por lo que las investigaciones se han focalizado en esos delitos.
“Lo que sucedió en el velatorio donde un expandillero del Barrio 18 fue acribillado en la zona 9 es uno de estos casos. Fueron mareros de la Mara Salvatrucha que llegaron a efectuar varios disparos y ocasionaron varias muertes. Estas muertes también están ligadas con estas estructuras criminales”, afirmó Portillo.
Investigación a policías
Relacionado con la balacera que dejó siete muertos en una funeraria en la avenida Centroamérica, zona 1 capitalina, se recordó que hay una investigación en curso a los agentes de la PNC que estaban resguardando el lugar, ante el conocimiento previo del riesgo del caso, ya que el fallecido era un pandillero del Barrio 18 y estaban asignados para resguardar el sitio.
También se reveló que algunos policías están siendo investigados por no cumplir con los patrullajes y coberturas asignadas. La Comisaría 11 presentó denuncias ante el Ministerio Público, y hay procesos administrativos en curso.
En el área rural
Las autoridades aclararon que no todos los homicidios están ligados a pandillas. En el interior del país persisten conflictos por tierras, herencias y disputas familiares, además de casos fortuitos relacionados con el crimen común y organizado.
“No todos los homicidios están vinculados a pandillas. Hay una realidad en el interior del país que tiene que ver con conflictos entre vecinos, por tierras, por herencias o incluso por disputas familiares”, afirmó Portillo.
Sostuvo que hay una distinción entre los fenómenos urbanos —como las pandillas— y los rurales, que “también generan violencia homicida”, expresó.
Centro al límite
El Centro de Renovación 1, que alberga a los reos de alta peligrosidad trasladados recientemente, está cerca de su capacidad máxima, por lo que se contempla la creación de un segundo centro de este tipo, con estándares modernos de control y vigilancia.
“Quiero comentarles también que el Centro de Renovación 1 ya está casi al límite de su capacidad. Estamos por generar un nuevo centro de renovación, porque necesitamos tener el control y el cuidado de estos centros penitenciarios”, afirmó.
Coordinación con autoridades locales
Gobernación destacó que el poder local, líderes comunitarios y gobernadores deben participar activamente en la coproducción de seguridad. En el caso de Zacapa, donde un agente de la PNC murió recientemente en un enfrentamiento, se han intensificado reuniones con actores locales.
“Este gobierno privilegia el diálogo, pero si no hay cooperación con el sistema de justicia y las autoridades locales, se seguirán enfrentando tragedias evitables”, advirtió el viceministro.
ESCRITO POR:
Sandy Pineda
Periodista de Prensa Libre especializada en política y temas sociales con 7 años de experiencia. Parte del programa International Women’s Media Foundation (IWMF) en 2019, y del proyecto Ciclos de Actualización para Periodistas (CAP) 2023.
Leslie Sánchez
Periodista de Guatevisión. Trabajó en radio y televisión, cubriendo política, economía y derechos humanos. Tiene 5 años de experiencia.
ARCHIVADO EN:
Prensa Libre | Guatemala
