Cada año aumenta la demanda de energía en Guatemala debido al crecimiento de la población, la expansión de la industria y el mayor uso de la tecnología. Según el Ministerio de Energía y Minas (MEM), el país necesita ampliar su sistema eléctrico en las próximas décadas. Los planes de expansión estiman que para el 2050 se requerirán más de 7 mil megavatios (MW) adicionales de generación eléctrica, es decir, casi el doble de la capacidad instalada actual.

El tema fue abordado durante el foro convocado por Guatevisión para Guatemala No Se Detiene: La demanda de energía crece, ¿cómo acelerar la infraestructura para cubrirla?. En la discusión participaron Víctor Hugo Ventura, ministro del MEM; Elmer Palencia, vicepresidente del Congreso; Luis Ortíz presidente de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica; David Cabrera, presidente de la Asociación Guatemalteca de Transportistas de Electricidad y Javier Novales, abogado experto en proyectos de generación, transmisión e hidrocarburos.

Sin embargo, el desafío no solo está en producir más energía, sino también en ampliar la infraestructura que la transporta. En total, las inversiones necesarias superarían los US$8 mil 700 millones —unos Q66 mil millones—, de los cuales la mayor parte se destinaría a nuevos proyectos de generación y el resto, al fortalecimiento de la red de transmisión.

Según Cabrera, el crecimiento de la demanda implica que la red de transporte también deberá expandirse de forma significativa en los próximos años. “Actualmente hay aproximadamente 5 mil 700 kilómetros de red y 215 subestaciones en el sistema. Eso significa que necesitaremos por lo menos 200 subestaciones nuevas y entre 5 mil 500 y 6 mil kilómetros adicionales de red en los próximos 15 a 20 años”, comentó.

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Para Cabrera, este crecimiento implicaría construir entre 300 y 500 kilómetros de red cada año, además de entre 10 y 15 subestaciones anuales. No obstante, advirtió que alcanzar esa meta requerirá reducir los tiempos que actualmente toma desarrollar estos proyectos. “Necesitamos trabajar urgentemente para que los proyectos de transporte, que hoy en día toman entre siete y ocho años —de los cuales dos o tres son de ejecución y el resto corresponden a permisos—, se puedan agilizar para lograr la meta”, señaló.

De acuerdo con Palencia, Guatemala enfrenta un rezago en la infraestructura de transporte de energía eléctrica. “La infraestructura ya está llegando al límite. La generación de energía ha ido creciendo, pero no al mismo ritmo que la infraestructura de transporte. Esto va a terminar afectando a largo plazo y es prácticamente una muerte anunciada, una crisis en cámara lenta en el tema energético”, afirmó.

Cabrera explicó que el cumplimiento de las metas dependerá de la coordinación entre las distintas instituciones y actores involucrados. “Creo que ese tema será resuelto en la medida en que todos los actores que tenemos relación con el transporte trabajemos de la mano. Si las municipalidades, el Gobierno central y la iniciativa privada colaboran para lograr ese objetivo, aunque la meta es bastante ajustada, podremos alcanzarla”, señaló.

No obstante, advirtió que si se mantienen las condiciones actuales, el rezago podría ampliarse en los próximos años. “Hoy la transmisión crece alrededor de 1.5% o 1.7% anual, mientras que la demanda aumenta entre 5% y 7%. Si seguimos con ese ritmo, poco a poco ese rezago se va a profundizar”, explicó.

En esa misma línea, el abogado Novales coincidió en que la ampliación del sistema eléctrico requiere una acción coordinada de varias instituciones del Estado. “Debe ser un esfuerzo de todos, del Estado en su conjunto. No solo es un tema del Ministerio o de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, sino también de las autoridades ambientales y forestales cuando los proyectos pasan por áreas protegidas y de las municipalidades donde se construyen”, indicó.

Novales advirtió que, si no existe una coordinación efectiva entre las instituciones, los proyectos podrían retrasarse y comprometer la expansión del sistema. “Si no se hace un esfuerzo integral, definitivamente no se llegará a tiempo. Tiene que haber coordinación entre las instituciones para que los proyectos se planifiquen y ejecuten en los tiempos requeridos y así se garantice la infraestructura de transmisión necesaria para esta licitación”, mencionó.

Oposición y licencias

Uno de los principales obstáculos para ampliar la infraestructura de transmisión eléctrica es la obtención de licencias y permisos y, en algunos casos, la oposición de comunidades y gobiernos locales.

El ministro Ventura reconoció que todavía existen proyectos que enfrentan dificultades para obtener autorizaciones. “Hay algunas licencias en las que no se han logrado consensos, especialmente con municipalidades. Pero en otros casos sí se han solucionado los problemas y se han alcanzado acuerdos”, señaló Ventura.

El funcionario añadió que los largos tiempos que han tomado algunos proyectos reflejan los desafíos que enfrenta el país para desarrollar infraestructura energética. “El ejemplo de obras que han tardado hasta 16 años demuestra la preocupación que existe en infraestructura estratégica como la transmisión. Pensamos que los proyectos no deberían superar plazos máximos de entre cinco y siete años”, afirmó.

Para Ortiz, parte del problema radica en la conflictividad que se genera en distintas regiones del país, la cual en algunos casos responde a preocupaciones legítimas de las comunidades, pero en otros es provocada. “Cuando uno ve el interior del país hay muchísima conflictividad. Alguna es legítima, porque sienten que se han atropellado ciertos derechos, pero otra es completamente creada. La que es legítima puede resolverse en mesas de trabajo, pero la que es creada se vuelve todo un problema”, indicó.

Añadió que en algunos casos incluso se generan presiones económicas para permitir el avance de los proyectos. “Hay que decirlo con franqueza: en algunos casos se trata de extorsión al desarrollo de proyectos, no solo de transmisión, también de generación”, señaló Ortiz.

Desde la perspectiva del sector transportista, Cabrera explicó que una parte importante de los retrasos se concentra en la obtención de licencias municipales. “Hay municipalidades que son más proactivas que otras, pero una licencia municipal no tarda menos de ocho o diez meses en resolverse. Hay casos que llevan años, como en Antigua o en el occidente del país, en Huehuetenango”, afirmó.

Según Cabrera, en algunos municipios las tasas o cobros por las licencias pueden convertirse en un obstáculo para la ejecución de los proyectos. “En muchos casos los cobros que se solicitan por las licencias son dos, tres o incluso cinco veces el costo del proyecto. Eso simplemente no se puede pagar”, agregó.

Según Novales, el problema de fondo está relacionado con debilidades institucionales y la falta de reglas claras en los procesos de autorización. “No solo es el otorgamiento de la licencia. Muchas veces se agrava porque, una vez otorgada, puede ser revocada o suspendida. Eso refleja una falta de institucionalidad y de certeza jurídica en los trámites”, explicó.

El abogado añadió que cada municipalidad establece sus propios criterios y tiempos para autorizar proyectos, lo que complica la planificación de las inversiones. “No hay reglas claras sobre cuánto puede durar un trámite. Cada municipalidad fija tasas y procedimientos distintos, y eso complica totalmente la ejecución. En muchos casos las empresas se ven obligadas a impugnar o iniciar acciones legales”, señaló Novales.

¿Quién debe asumir la responsabilidad?

Para Palencia, el proceso debe ser compartido entre el Estado y las empresas que desarrollan los proyectos. “La socialización de los proyectos y la explicación de su necesidad debe hacerse de manera conjunta entre el Estado y la empresa desarrolladora, ya sea de transmisión o de generación”, afirmó.

El diputado añadió que es importante que las comunidades comprendan el impacto que tiene la infraestructura energética en el desarrollo local. “Hasta donde llega la carretera llega el desarrollo, y hasta donde llega la infraestructura eléctrica también llegan las oportunidades para las comunidades”, señaló.

Desde la perspectiva del Ejecutivo, Ventura coincidió en que la responsabilidad debe ser compartida, pero consideró que uno de los principales problemas ha sido la falta de comunicación con las comunidades desde el inicio de los proyectos. “La comunicación no ha sido la adecuada. Debe empezar desde que el proyecto se concibe, explicando a las comunidades por dónde pasará, cuáles son sus beneficios y cuál es el papel de la energía no solo para la región, sino para otras áreas del país”, indicó.

Por su parte, Cabrera consideró que el primer acercamiento con las comunidades debería estar encabezado por el Estado, debido a que la electricidad es un servicio estratégico para el país. “La energía eléctrica es prioritaria para el Estado y es el Estado quien debe generar las condiciones para que los proyectos se desarrollen. A partir de ese acompañamiento se puede trabajar junto con los inversionistas para encontrar soluciones en cada comunidad”, explicó.

Para Ortiz, la solución también requiere mayor coordinación con las municipalidades, que en algunos casos han frenado proyectos o incluso impedido que se energicen subestaciones. “Hay subestaciones en el interior del país que llevan cerca de 10 años abandonadas porque no se pudieron energizar por decisiones de autoridades municipales. Mientras no se entienda la dimensión del problema, avanzar será cuesta arriba”, advirtió.

Novales señaló que, además de mejorar la socialización de los proyectos, es necesario fortalecer la certeza jurídica y la coordinación entre municipalidades. “El problema es que cada municipalidad establece reglas distintas para los permisos. Esa falta de uniformidad complica la ejecución de los proyectos y genera retrasos en la infraestructura eléctrica”, concluyó.

La iniciativa 6665

El Congreso discute en segundo debate la iniciativa 6665, la Ley de Infraestructura Urgente para el Transporte de Energía, la cual tiene por objeto dotar al Estado y a los agentes del sector eléctrico de un instrumento jurídico especial que permita construir, operar, mantener, ampliar, modernizar y conservar la infraestructura de transporte de energía en alta, media y baja tensión. Entre sus finalidades se encuentran:

1. Proporcionar certeza jurídica para la constitución y formalización de servidumbres legales de utilidad pública sobre bienes de dominio público o privado, asegurando una compensación justa y previa.
2. Simplificar y unificar los procedimientos administrativos, eliminando la duplicidad de trámites entre las entidades competentes.
3. Establecer plazos perentorios y efectos de silencio administrativo positivo, a fin de evitar dilaciones injustificadas.
4. Garantizar la mínima afectación posible a la propiedad privada, permitiendo usos compatibles y el acceso a mecanismos alternativos de resolución de conflictos, como el arbitraje.
5. Reforzar el rol técnico de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE), facultando como órgano regulador con independencia funcional, técnica y económica, responsable de determinar las obras prioritarias y emitir las normativas necesarias para su ejecución.

La iniciativa también contempla en su artículo 16 el arbitrio por instalación de infraestructura eléctrica, por única vez, en el momento de su instalación, a favor de las municipalidades donde se ejecute dicha obra. Estos serían los arbitrios:

• Arbitrio por instalación de tendido eléctrico: el metro lineal tendrá un valor de Q50.00
• Arbitrio por instalación de torres para el tendido eléctrico: la unidad tendrá un costo de Q2,500
• Arbitrio por instalación de postes de tendido eléctrico: la unidad tendrá un costo de Q500
• Arbitrio por instalación de estaciones, subestaciones y demás infraestructura: el metro cuadrado tendrá un costo de Q500

Para Palencia, la propuesta pretende resolver los problemas de tramitología y la falta de coordinación institucional que, según indicó, han frenado el avance de varias obras estratégicas. “Busca ayudar a resolver los problemas de tramitología, los bloqueos y la falta de acompañamiento institucional del Estado. En algunos casos, incluso dependencias del Ejecutivo han impedido que los proyectos avancen”, señaló.

Por su parte, Ventura defendió el trabajo que, según indicó, ha realizado el MEM para destrabar proyectos y coordinar con otras instituciones del Estado. “Sin duda, el Congreso puede aportar mucho en este tema, pero hemos hecho un trabajo intenso que no se había hecho anteriormente. Hemos trabajado con las autoridades ambientales y con distintas direcciones para que se entienda la necesidad de los proyectos de transmisión y así lograr la obtención de las licencias”, indicó.

Sin embargo, Palencia consideró que todavía hace falta una iniciativa clara del Ejecutivo para fortalecer el marco institucional y acelerar los procesos. “Se han mencionado esfuerzos, pero no he visto una sola iniciativa del Ejecutivo que venga a fortalecer institucionalmente el sistema y a declarar estos proyectos como una prioridad nacional. Muchos de los trámites que retrasan las obras dependen precisamente del Ejecutivo”, afirmó.

En ese sentido, Palencia hizo un llamado a que el Ejecutivo respalde la iniciativa que actualmente avanza en el Congreso. “La invitación al ministro es a que podamos trabajar también con el bloque oficialista para apoyar la iniciativa 6665 y fortalecerla. Esto permitiría agilizar muchos de los procesos burocráticos que hoy son las principales barreras”, indicó.

Ventura aseguró que el Ejecutivo ya mantiene conversaciones con diputados para analizar la propuesta y plantear posibles mejoras. “Ya estamos en diálogo con la bancada oficial para discutir esta iniciativa y hacer los planteamientos que se consideren convenientes, con el objetivo de que sea más efectiva”, afirmó.

El funcionario agregó que existe preocupación en el Gobierno por garantizar que los proyectos de transmisión se ejecuten dentro de los plazos necesarios. “Existe plena conciencia de la importancia de que los proyectos de transmisión se ejecuten a tiempo. Esperamos que no se llegue a un escenario crítico, especialmente considerando los avances que se han venido realizando desde el ministerio en coordinación con otras instituciones”, enfatizó.

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