La serie de temblores que el pasado martes afectaron los departamentos de Sacatepéquez, Escuintla y Guatemala, es una oportunidad para que expertos como el doctor en Ingeniería Sismorresistente, Héctor Monzón Despang, analice este fenómeno desde la seguridad de las edificaciones en el país. Una amplia trayectoria desde la cual ha colaborado en implementar una normativa en las prácticas constructivas, la evaluación de riesgos en estas estructuras, así como en la geografía, la geología y la vulcanología.

Aunque asegura que el conocimiento ha mejorado notablemente, el valle de la ciudad de Guatemala es una “trinchera atravesada por fallas geológicas”. Esto en un contexto de boom constructivo que avanza en la ciudad de Guatemala y algunos municipios vecinos. Monzón es miembro fundador y expresidente de la Asociación de Ingenieros Estructurales de Guatemala (AGIES), y uno de los pioneros en proponer una normativa de construcción estructural, la cual, si se sigue correctamente podría evitar tragedias y pérdidas innecesarias.  En esta conversación, que se sostuvo antes de los sismos, plantea posibles escenarios que pudieran ocurrir.

Ante el posible escenario de un sismo o un siniestro en Guatemala, ¿qué edificios nuevos cree que resistirían y qué porcentaje no lo haría?

Desde mi punto de convencimiento tenemos dos sismos en la puerta. Uno más probable es un sismo que se repite más o menos cada 80 años. El último fue el 6 de agosto de 1942, que afortunadamente no dañó mucho el altiplano, sino más la costa, pero entonces en esa zona no había tantas construcciones, por lo que no fue realmente dañino. Ese mismo sismo ya se había dado en 1862, y antes el de Santa Marta en 1773, que fue el que provocó el traslado de la capital de Santiago a Guatemala.

Refiere que un estudio realizado en 2021, examinó la vulnerabilidad de las edificaciones existentes ante las probabilidades de riesgo sísmico en 20 km2 del área metropolitana de la ciudad de Guatemala. De un total de 45,200 edificaciones, se marcaron con etiquetas amarillas un 30% que podría incurrir en daño moderado y se marcó con etiqueta roja  hasta el 37% que podría incurrir en daño severo o aún colapso. Es decir, el 67% de las edificaciones evaluadas podrían incurrir algún grado de daño. El estudio fue financiado por USAID y efectuado por la empresa Miyamoto Internacional.

La ciudad de Guatemala atraviesa por un auge de construcción de edificaciones verticales, con torres cada vez más altas. ¿Cómo se empata la seguridad de las edificaciones, en el contexto de una historia sísmica en el país y la región?

De acuerdo con el estudio mencionado, algunas edificaciones recientes de altura extrema, normalmente de concreto o acero reforzado se diseñaron y construyeron utilizando las normativas NSE vigentes en Guatemala y antes de 2010 utilizando códigos modernos internacionales. Se prevé que dichos edificios se comporten satisfactoriamente durante un sismo. Por otro lado, las estructuras más antiguas son estadísticamente más vulnerables al daño que podría producir un sismo fuerte, especialmente las ubicadas en barrios menos favorecidos.

Sin embargo, retrocedo un poco en la historia. En Guatemala no hubo una normativa oficial estructural, sino hasta el año 2010. Y al cuestionar, ¿qué se hacía antes? pues el gremio estructural en el país era relativamente pequeño, unos 15 especialistas. Todos se conocían y se hacía lo mejor posible. Desde los años 1950 hasta la época previa a la normativa NSE se trabajaba bajo un concepto que denominó “autopresión ética”. Es decir, cada profesional recurría a la normativa internacional de su preferencia , como el Uniform Building Code (UBC) de California para el diseño y cálculo estructural de edificios, aplicando el mismo rango de sismicidad que se usaba en dicho estado. 

Anteriormente, los edificios que se levantaron en las décadas de 1930 y 1940 utilizando una innovativa técnica de mampostería reforzada, posterior a los terremotos de 1918, como el Palacio Nacional, el edificio de Correos, La Perla, El Cielito, entre otros, han mostrado alta resiliencia. 

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¿Qué avances posteriores se dieron?

Con el terremoto del año 1976 observamos que afectó menos a los edificios altos y se concentró en los bajos. Fue devastador en el área rural debido a las construcciones de adobe. Es de recordar que en 1971 hubo una revolución en la práctica mundial del concreto reforzado, y en Guatemala, bajo esa autopresión ética, se empezó a usar de inmediato. Los edificios construidos con ese entonces innovativo sistema son llamados dúctiles y ya no colapsan.

A partir del terremoto de San Salvador en 1986 es cuando se plantea la necesidad de tener una normativa propia. Se hizo en el INSIVUMEH, se presentó a las autoridades, pero se olvidó por completo… Las prioridades de gobierno eran otras. En el año 1996 se fundó AGIES y se redactó la normativa NR, con la idea de hacer la propuesta como asociación gremial. Una normativa de fuente gremial era buena pues no es estática, sino que se renueva y actualiza en forma constante.

¿Entonces, no era una normativa obligatoria o vinculante?

No lo era. Sin embargo, ni el Estado, ni las municipalidades la voltearon a ver. No fue sino hasta el 2010, cuando Alejandro Maldonado hijo, secretario ejecutivo de Conred, solicitó la norma. Pidió actualizarla, hasta que finalmente se avaló. Luego solicitó que esta normativa debía requerirse en la construcción. Fue la Municipalidad de Guatemala la que lideró este esfuerzo, con las licencias de construcción.  Esta se llamó Norma de Seguridad Estructural AGIES (NSE).

¿Qué garantías existen de ese cumplimiento? ¿Cómo se supervisa? ¿Hay un vacío de autorregulación?

En Alemania, funciona una auditoría externa, en donde el desarrollador/constructor presenta a la municipalidad local los planos de su obra para requerir la autorización. La autoridad local toma ese paquete y compañías especializadas revisan si el proyecto ha cumplido con las normativas. En El Salvador, tienen un método parecido, o intermedio, que es a través de la Oficina de Planificación (Opamss). Me ha tocado presentar hasta 1 mil 600 hojas de cálculo, en proyectos que he desarrollado en dicho país. En México funciona un método similar.

En Guatemala, el sistema que utilizan la municipalidad de Guatemala, y muchas de las comunas en el país; funciona con una declaración jurada del ingeniero estructural. Es decir, con este documento legal, el profesional indica que siguió las normas de AGIES avaladas por Conred. Al final, funciona como un mecanismo de ética.

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¿Considera que se podría mejorar este proceso?

Tiene dos lados la medalla. Es eficaz si usted confía que los practicantes de la Ingeniería Estructural y los practicantes de la construcción son personas correctas al dar su declaración jurada. Si en el futuro, después de un sismo, se detecta “Ay, pero usted no siguió norma ¿verdad?, cometió perjurio (delito). No es un sistema preventivo. Aunque cada vez se caerán menos edificios por la ductilidad que ahora se incorpora. La otra cara de la medalla sería introducir un paso burocrático más, en donde la municipalidad tendrá una serie de firmas especializadas para revisar los cálculos y la obra. Pero esto extendería el tiempo para otorgar licencias y complica los  trámites.

Hace 40 años, usted usaba un carro sin cinturón de seguridad y sin bolsas de aire. Aquí en algunos edificios sucede lo mismo cuando no se aplican a cabalidad las normas, funcionan para el día a día, pero a la hora de una emergencia, veremos quién construyó con calidad y quién no. Es una realidad, que eleva alrededor del 5% al 7% el costo de los edificios. Pero si deciden ahorrar recursos…es como preguntarse ¿cuándo voy a necesitar una bolsa de aire? tienes que pagarla, pues en el momento en que la necesites, debe estar ahí. Esa analogía, una bolsa de aire, es lo que busca la norma.

¿Qué pasa con los planes de ordenamiento territorial – POT-? por ejemplo cuando algunas construcciones se levantan muy cerca de orillas de barrancos, o en terrenos muy inclinados, no aptos.

Existen dos variables para manejar el riesgo sísmico. Por un lado, cuánta amenaza natural tiene, y segundo, la vulnerabilidad de lo que pone en la zona amenazada. Sobre la amenaza, no tengo control pero se puede reducir la vulnerabilidad, al construir con resiliencia. Dentro de la generalidad urbana, una ciudad tendrá una amenaza sísmica natural; sobre eso no tiene control, entonces, la forma de manejarlo es reduciendo la vulnerabilidad de las edificaciones. Se puede lograr bajar el riesgo, si se sigue una normativa para hacerlo.

¿Y dónde entra criterio del POT?

Por ejemplo, antes del 2010 había gran cantidad de construcciones en la orilla del río Samalá en Zunil. Cuando vino la tormenta Agatha, deslavó todas las orillas y colapsaron varias casas. Es una vulnerabilidad que no se puede controlar. Es allí en donde entran los planes de ordenamiento territorial, como un complemento de las normas. Un POT bien planteado marcará sitios donde no se puede construir, porque no se puede controlar la vulnerabilidad. 

Los POT también contribuyen a prevenir desastres. ¿Considera que este instrumento técnico muchas veces termina vinculado con intereses políticos?

Identifico dos problemas. Una es un plan rígido o arbitrario. No debe ser una camisa de fuerza, sino ser más abiertos a la técnica, estudiar mejor cada caso, y con base a ello, decidir si un terreno es apto para construir o no en determinado lugar. Y lo otro, la presión que reciben las municipalidades, especialmente las pequeñas, por parte de los propietarios para que no afecte sus intereses. Esto hace que los planes de ordenamiento territorial no sean populares.

Está de moda construir piscinas en los pisos altos de los edificios de lujo ¿Qué medidas sugiere en caso de terremotos?

Esta es una práctica que no está normada, pero le puedo comentar mi experiencia. Las piscinas suelen desbordarse ante un sismo. Muchas veces están pegadas a la orilla de la azotea y entonces empiezan las cascadas de agua. Mi solución, y en acuerdo con el arquitecto, es diseñar un espacio – rejilla- alrededor de la piscina en donde el agua pueda desbordarse, para evitar que se derrame entre los ductos del edificio, o escaleras de emergencia, elevadores.  El nombre técnico es “receptáculo de segundo orden”, y puede contener alrededor del 60% del volumen de agua de una piscina. 

¿Cuáles son los retos en la formación profesional en Guatemala de ingenieros especializados en este campo?

Cada vez hay más especializaciones en el campo de la Ingeniería Civil, maestrías en ciertas áreas. En la normativa de AGIES tenemos dos categorías de socios: 1 y 2. (El 2 es el más especializado, firma planos), y es una manera de elevar el nivel académico de los agremiados en las prácticas de supervisión, construcción y diseño. Sin embargo, se tuvo que atenuar esta situación, pues se volvió un conflicto con otro gremio profesional. En Guatemala algunas veces no se dan las condiciones.

Su vida

Ingeniero Civil graduado de la Universidad de San Carlos de Guatemala en 1972. Maestría (1978) y post-maestría (1980) en Ingeniería Sismorresistente por la Universidad de Stanford en California. Doctorado en Ingeniería Civil por la Universidad de Stanford (1982). 

Se dedica principalmente a la práctica privada de diseño estructural en Guatemala. Ha tenido bajo su responsabilidad el diseño estructural de alrededor de 2.5 millones de metros cuadrados de construcción en numerosos proyectos de edificios importantes en el país. Sus proyectos estructurales incluyen varios de los edificios más altos de San Salvador, Tegucigalpa, San Pedro Sula y Asunción, Paraguay.

Su oficina de consultoría estructural, Sismoconsult ha sido pionera en el diseño estructural de edificios con aislamiento sísmico en Guatemala y El Salvador. Ha desarrollado estudios de Amenaza Sísmica para Guatemala entre 1984 y 2018.

Ha participado en estudios de Amenaza Sísmica para California, Macedonia, norte de Pakistán. En los años 1980 trabajó como investigador y como ingeniero sismorresistente en prestigiosos institutos universitarios y firmas consultoras en California.