El Gobierno español ha anunciado que aprobará una regularización extraordinaria que beneficiará a más de medio millón de extranjeros que ya residen en el país. La medida, que se prevé que sea presentada este martes en el Consejo de Ministros, establece que podrán acogerse quienes acrediten haber estado en España antes del 31 de diciembre pasado, carezcan de antecedentes penales y hayan permanecido en el país al menos cinco meses en el momento de la solicitud.
La medida se produce mientras la mayoría de los miembros de la UE endurecen sus políticas migratorias, aunque países como Italia, Grecia o Portugal han apostado por medidas similares en el pasado
El Gobierno español ha anunciado que aprobará una regularización extraordinaria que beneficiará a más de medio millón de extranjeros que ya residen en el país. La medida, que se prevé que sea presentada este martes en el Consejo de Ministros, establece que podrán acogerse quienes acrediten haber estado en España antes del 31 de diciembre pasado, carezcan de antecedentes penales y hayan permanecido en el país al menos cinco meses en el momento de la solicitud.
El anuncio se produce en un momento en que la mayoría de los Estados miembros y la Comisión Europea han optado por endurecer sus políticas migratorias y mientras el auge de la extrema derecha ha dado un nuevo impulso en el continente al discurso antiinmigración. Sin embargo, otros países europeos han adoptado prerrogativas similares para garantizar los derechos de los beneficiarios, responder a contingencias como la pandemia de covid-19 o restar presión a sus sistemas burocráticos. Estos son algunos ejemplos.
Francia
La última gran regularización de inmigrantes en Francia ocurrió en 1997-1998, durante el Gobierno de Lionel Jospin. La iniciativa permitió legalizar a unas 80.000 personas en situación irregular. Desde entonces, la política migratoria se ha orientado a regularizaciones individuales, mediante herramientas administrativas como la circular Valls [por el entonces ministro del Interior, Manuel Valls] en 2012 y, más recientemente, la circular Retailleau [por el ex ministro Bruno Retailleau].
En su circular, Retailleau recordaba a los delegados del gobierno que “la regularización no es un derecho”. “Recurrir a este mecanismo debe seguir siendo excepcional”, señalaba. Desde entonces, el volumen de regularizaciones ha caído en torno a un 42%, según datos publicados por Le Monde a finales de 2025. Esta disminución afecta a casi todas las categorías: las regularizaciones por motivo de trabajo bajaron un 54%, así como las regularizaciones por vida privada y familiar, que caen un 58%, hasta situarse por debajo de las 4.000. Solo la regularización de los antiguos menores no acompañados [que han alcanzado la mayoría de edad y están en formación profesional] ha aumentado.
Italia
En Italia, la última gran regularización de migrantes fue en 2020, con el segundo gobierno de Giuseppe Conte (una coalición del Movimiento Cinco Estrellas y el Partido Democrático, de centroizquierda). Recibió 220.000 solicitudes, principalmente en el ámbito del trabajo doméstico, cuidado de personas dependientes y agricultura. Su aplicación fue controvertida por la ineficiencia de la administración a la hora de tramitar las solicitudes, y de hecho una parte aún sigue pendiente de resolución. En realidad el instrumento más utilizado en Italia desde hace más de dos décadas para legalizar la residencia de extranjeros es el llamado decreto de flujos migratorios, que pretende ordenar la entrada de inmigrantes en función de la demanda laboral.
El último decreto aprobado por el Gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni prevé la entrada de 500.000 personas entre 2026 y 2028. Es un sistema muy criticado. En teoría se trata de extranjeros que están fuera de Italia y quieren entrar en el país, y responden a las peticiones de personal de los empresarios, por cuotas de sectores laborales, mediante un sistema criticado por su falta de transparencia e irregularidades. En realidad es a menudo una regularización encubierta de aquellos que ya están en el país en situación irregular.
Portugal
El Gobierno portugués anunció en 2020 la regularización exprés de todos los inmigrantes que tenían pendiente la autorización de residencia, en un intento de paliar el impacto de la pandemia de covid-19 y de resolver los problemas burocráticos a raíz de la declaración del estado de emergencia. La medida, impulsada por la Administración del socialista António Costa, benefició ese año a más de 356.000 personas de forma provisional, según datos oficiales.
La medida permitió el acceso a servicios públicos, como la asistencia sanitaria, y prestaciones de la seguridad social. En 2024, el conservador Luis Montenegro endureció la política migratoria del país y cerró esa vía rápida para regularizar a cientos de miles de inmigrantes para “acabar con algunos mecanismos que se han transformado en un abuso excesivo de nuestra capacidad para acoger inmigrantes”, según argumentó el primer ministro.
Grecia
En 2023, el Parlamento griego aprobó por una amplia mayoría (262 de 300 diputados) una propuesta para conceder permisos de residencia y trabajo a unos 30.000 inmigrantes ante la escasez de mano de obra en el país, sobre todo en los sectores de la agricultura, la construcción y la industria del turismo. Las autoridades buscaban también combatir el empleo informal. Esa enmienda redujo el número de años requeridos para obtener un permiso de trabajo, tres en vez de siete. También se pedía a los solicitantes que no tuvieran antecedentes penales y que presentaran una oferta de trabajo. En 2024, más de 43.000 inmigrantes solicitaron ese permiso para trabajar en el país, según datos del Mediterranean Migration and Asylum Policy Hub. El país ya tenía un programa para regularizar a los inmigrantes que hayan residido al menos siete años en el país, que ha permitido la estancia legal de más de 23.000 solicitantes.
Con información de Daniel Verdú, Íñigo Domínguez, Silvia Ayuso, Almudena de Cabo y Elías Camhaji.
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