La junta militar de Myanmar critica el fallo del máximo órgano judicial de la ONU: “Es injusto y no unánime”

La junta militar que gobierna Myanmar desde el golpe de Estado de 2021 ve “injusto” el fallo del Tribunal Internacional de Justicia de la ONU (TIJ), que el jueves concluyó que el ejército de ese país cometió en 2017 un genocidio contra la minoría musulmana rohinyá. Las autoridades de la antigua Birmania ponen, además, el foco en que el fallo no fue por unanimidad, según ha subrayado la portavoz del Ejecutivo, Khaing Khaing Soe.

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 El Tribunal Internacional de Justicia concluyó el jueves que el país asiático cometió genocidio contra la minoría rohinyá. China pide “prudencia” para “evitar complicar la cuestión”  

Familias de la minoría rohinyá, huyendo de la masacre en en septiembre de 2017.Dar Yasin (AP Photo/Dar Yasin)

La junta militar que gobierna Myanmar desde el golpe de Estado de 2021 ve “injusto” el fallo del Tribunal Internacional de Justicia de la ONU (TIJ), que el jueves concluyó que el ejército de ese país cometió en 2017 un genocidio contra la minoría musulmana rohinyá. Las autoridades de la antigua Birmania ponen, además, el foco en que el fallo no fue por unanimidad, según ha subrayado la portavoz del Ejecutivo, Khaing Khaing Soe.

“Nuestro país ha sido acusado injustamente”, ha afirmado la portavoz en una rueda de prensa celebrada este viernes en la capital, Naipyidó. “Quiero señalar que esta decisión no es unánime y no es justa”, ha añadido. También se ha escudado en que destacados dirigentes mundiales —en referencia indirecta al presidente de Estados Unidos, Donald Trump— habían dicho anteriormente que “órganos políticos” similares al Tribunal Internacional de Justicia “no deben abusar de su autoridad judicial”.

La sentencia del jueves contra Myanmar es histórica: es la primera vez que el tribunal —el máximo órgano judicial de Naciones Unidas— responsabiliza a un Estado de genocidio. El fallo llega siete años después de que Gambia, un país africano de mayoría musulmana situado a miles de kilómetros de distancia, denunciase a la nación asiática.

Los jueces del TIJ concluyeron el jueves que las fuerzas armadas de Myanmar llevaron a cabo ejecuciones masivas, también de niños, cometieron violaciones y actos de violencia sexual generalizados contra mujeres rohinyás y quemaron o arrasaron cientos de aldeas durante las denominadas operaciones de limpieza, a partir de 2017.

Perseguidos desde hace décadas en Myanmar, país de mayoría budista, los rohinyás, mayoritariamente musulmanes, sufren una violencia creciente en su territorio de origen, asolado por la guerra, y el empeoramiento de las condiciones de vida en los abarrotados campos de refugiados del vecino Bangladés, donde malviven 1,2 millones de personas de esa minoría.

El fallo establece que Myanmar tiene la obligación de indemnizar a los rohinyás por las vulneraciones cometidas, en una cuantía que se determinará en las próximas semanas o meses. También dice que debe permitir el “regreso seguro y digno” de los rohinyás desplazados como consecuencia de los “actos ilícitos” del país.

Miles de refugiados rohinyás residentes en los extensos campamentos de Bangladés celebraron el veredicto, aunque sigue sin estar claro cuándo podrán regresar a sus hogares.

Los fallos del Tribunal Internacional de Justicia —que resuelve disputas entre Estados y se pronuncia sobre presuntos incumplimientos de tratados internacionales— son definitivos y vinculantes, pero el tribunal dispone de mecanismos muy limitados para hacerlos cumplir. No tiene policía propia, y depende de la voluntad de los propios Estados afectados, y de la presión diplomática internacional, para que sus sentencias pasen del papel a la realidad.

La postura de China

Entre los gobiernos que este viernes se han pronunciado sobre la histórica sentencia del TIJ está el de China, que en una ambigua intervención ha dicho que la comunidad internacional debe “evitar complicar la cuestión”.

Guo Jiakun, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, ha asegurado que su país está dispuesto a apoyar el diálogo entre “las partes implicadas”, así como a desempeñar un papel para “promover la repatriación de las personas desplazadas del estado de Rakáin”, en alusión a los rohinyás expulsados de su país. Pero ha añadido, sin citar expresamente al TIJ, que los órganos judiciales internacionales deben ejercer su jurisdicción con “prudencia”, y ha mostrado la preocupación de China por la “extralimitación de la jurisdicción y la interpretación extensiva”; porque eso, ha considerado, no favorece la resolución de conflictos”.

La jueza china del TIJ, Xue Hanqin, votó el jueves en contra de la sentencia que calificaba de genocidio la actuación de Myanmar (una resolución que salió adelante por nueve votos frente a seis). Preguntado sobre si la magistrada había recibido instrucciones de Pekín, el portavoz de Exteriores chino se limitó a responder que los jueces del TIJ “ejercen sus funciones de manera independiente y a título personal”.

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