La decisión de la Knesset, el Parlamento israelí, de ignorar todas las advertencias internacionales y seguir adelante con la aprobación de una ley que permitirá condenar a muerte por defecto a los palestinos de Cisjordania que maten a israelíes, ha causado una gran indignación tanto en instancias de la ONU como en una Europa que le había pedido explícitamente al Gobierno de Benjamín Netanyahu que no siguiera adelante con la normativa. Desde Bruselas a varias capitales europeas, como Madrid o Berlín, se ha lamentado el “grave retroceso” que supone esta medida de “naturaleza discriminatoria” —es “un paso más hacia el apartheid”, ha dicho incluso Pedro Sánchez—, si bien por el momento no se prevé una acción concreta, pese a que la posibilidad de suspender parte del acuerdo bilateral de asociación UE-Israel “sigue sobre la mesa”, ha recordado un portavoz comunitario.
Bruselas advierte al Gobierno de Netanyahu del “grave retroceso” que supone una ley “discriminatoria”, pero evita anunciar medidas concretas. El alto comisionado de DDHH de la ONU advierte que su aplicación en territorio palestino ocupado supondría “un crimen de guerra”
La decisión de la Knesset, el Parlamento israelí, de ignorar todas las advertencias internacionales y seguir adelante con la aprobación de una ley que permitirá condenar a muerte por defecto a los palestinos de Cisjordania que maten a israelíes, ha causado una gran indignación tanto en instancias de la ONU como en una Europa que le había pedido explícitamente al Gobierno de Benjamín Netanyahu que no siguiera adelante con la normativa. Desde Bruselas a varias capitales europeas, como Madrid o Berlín, se ha lamentado el “gran paso atrás” que supone esta medida de “naturaleza discriminatoria” —es “un paso más hacia el apartheid”, ha dicho incluso Pedro Sánchez—, si bien por el momento no se prevé una acción concreta, pese a que la posibilidad de suspender parte del acuerdo bilateral de asociación UE-Israel “sigue sobre la mesa”, ha recordado un portavoz comunitario.
“La ley de pena de muerte en Israel es un claro paso atrás, tanto la introducción de la pena de muerte como la naturaleza discriminatoria de la ley”, ha indicado este martes el portavoz para política exterior de la Comisión, Anouar el Anouani, quien la semana pasada ya había calificado de “profundamente preocupante” el proyecto de ley aprobado el lunes. El voto en la Knesset constituye “una clara tendencia negativa en lo que respecta al cumplimiento por parte de Israel de sus obligaciones en materia de respeto de los derechos humanos”, ha agregado, recordando que precisamente Israel había constituido un ejemplo durante décadas en la región por su moratoria de facto a la pena de muerte, que solo ha aplicado en dos ocasiones en su historia: en 1948, durante la primera guerra árabe-israelí, contra un militar acusado de espionaje, y en 1962 contra el nazi Adolf Eichmann tras su secuestro por el Mosad en Buenos Aires.
Bruselas cree que la nueva ley, que prácticamente supondrá el ahorcamiento por defecto de los palestinos que los tribunales militares israelíes en el territorio ocupado de Cisjordania encuentren culpables de matar a israelíes, todavía puede ser frenada, en vista de las críticas internas a la normativa y la apelación al Tribunal Supremo israelí. Y asegura que ha estado, sigue y seguirá estando en contacto a todos los niveles del Gobierno israelí para dejarle clara la posición inequívoca comunitaria: “Llamamos a Israel a que respete su postura anterior [la moratoria], sus obligaciones en virtud del derecho internacional y su compromiso con los principios democráticos”, ha reiterado el portavoz.
La UE tiene una palanca de presión sobre Israel: el Acuerdo de Asociación que rige las relaciones comerciales bilaterales y que tiene como base el respeto de los derechos humanos. Aunque hasta ahora los Veintisiete han sido incapaces de aprobar ninguna medida sustancial en base a este acuerdo, pese a la brutal ofensiva militar israelí contra Gaza tras el atentado de Hamás del 7 de octubre de 2023, “esas medidas siguen sobre la mesa”, ha incidido la Comisión, que no obstante evita “especular” sobre posibles pasos en estos momentos.
Muestra de la indignación que provoca la nueva ley es la posición alemana, uno de los países que más han frenado hasta ahora cualquier sanción contra Israel. El lunes, antes de la votación en la Knesset, el ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul, emitió un comunicado conjunto con sus homólogos de Francia, Italia y Reino Unido en el que advertían que Israel corría “el riesgo de socavar sus compromisos con los principios democráticos” con esta ley. Este martes, el portavoz del Gobierno en Berlín, Stefan Kornelius, ha reiterado su “gran preocupación” por una ley que choca, ha dicho, con el “rechazo” a la pena de muerte en Alemania.
“Es comprensible que, tras el 7 de octubre, Israel haya adoptado medidas enérgicas contra el terrorismo. Sin embargo, el Gobierno federal observa con gran preocupación la ley aprobada ayer. Por un lado, el rechazo a la pena de muerte es un rasgo fundamental de la política alemana. Además, al Gobierno federal le preocupa que una ley de este tipo se aplique exclusivamente a los palestinos en los territorios palestinos. Por ello, lamenta la decisión de la Knesset y no puede apoyarla”, ha indicado en un comunicado, informa Almudena de Cabo desde Berlín.
Más contundente ha sido Pedro Sánchez: “El Gobierno de España condena la pena de muerte contra palestinos que acaba de aprobar el parlamento de Israel”, ha dicho el presidente del Gobierno en un mensaje en X. La normativa, ha destacado, es “una medida asimétrica que no se aplicaría a los israelíes que cometieran los mismos delitos. Mismo crimen, distinta pena”. Y eso, ha subrayado, “no es justicia. Es un paso más hacia el apartheid. El mundo no puede callar”, ha agregado.
El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, ha criticado duramente la aprobación por parte del Parlamento israelí del proyecto de ley sobre la pena de muerte, advirtiendo que su aplicación en el territorio palestino ocupado “constituiría un crimen de guerra”.
La nueva ley “es manifiestamente incompatible con las obligaciones de Israel en virtud del derecho internacional”, ha afirmado este martes el alto funcionario en un comunicado. El 2 de febrero, Türk instó a las autoridades israelíes a aparcar el proyecto de ley, afirmando que dicha iniciativa contraviene el derecho internacional en varios niveles. “Resulta profundamente difícil conciliar tal castigo con la dignidad humana, y este conlleva el riesgo inaceptable de ejecutar a personas inocentes”, dijo.
Expertos independientes de la Comisión que preside secundaron su advertencia e instaron a Israel el 4 de febrero a retirar el proyecto de ley ahora aprobado, por violar el derecho a la vida y discriminar a los palestinos en los territorios ocupados. “Las sentencias de muerte obligatorias son contrarias al derecho a la vida. Al eliminar la discrecionalidad judicial y fiscal, impiden que un tribunal considere las circunstancias individuales —incluidos los factores atenuantes— y que imponga una pena proporcional y acorde con el delito”, afirmaron los relatores.
Los expertos advirtieron de que las muertes no intencionales no constituyen los crímenes “más graves” a los que puede aplicarse la pena de muerte en virtud del derecho internacional, vulnerando así el derecho a la vida. “Dado que los juicios militares israelíes contra civiles, por lo general, no cumplen con los estándares de juicio justo establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho humanitario, cualquier sentencia de muerte resultante constituiría una nueva violación del derecho a la vida”, afirmaron. Y advirtieron: “La denegación de un juicio justo constituye también un crimen de guerra”.
En parecidos términos, otros dos expertos independientes de la ONU, Francesca Albanese, relatora de Derechos Humanos en Palestina, y Ben Saul, relator especial para Derechos Humanos y Antiterrorismo, han condenado este martes “con firmeza” la adopción de la ley por el Parlamento israelí “por su incompatibilidad con el derecho internacional” y porque entraña “discriminación racial y un apartheid y debe ser derogada inmediatamente”.
Desde Estrasburgo, el secretario general del Consejo de Europa, Alain Berset, también advirtió a Israel de los riesgos que conlleva esta ley. “La pena de muerte es un anacronismo jurídico incompatible con las normas contemporáneas en materia de derechos humanos. Además, cualquier aplicación de la pena de muerte que pueda calificarse de discriminatoria es inaceptable en un Estado de derecho”, recordó el suizo, que indicó que la institución que dirige “analizará sus implicaciones para los convenios del Consejo de Europa en los que Israel es parte, así como para los mecanismos de cooperación en los que participa este Estado”.
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