La amnistía general anunciada por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a todos los prisioneros políticos del país, concreta una de las aspiraciones más sentidas de la sociedad venezolana y marca un brusco giro en las relaciones que ha tenido la revolución bolivariana con sus adversarios en el último lustro. Especialmente durante los últimos 10 años. Esta decisión, que ha sorprendido fuera y dentro de Venezuela, aparece como el corolario de una serie de anuncios oficiales orientados a relajar el control del chavismo sobre el país y sus enemigos. Por primera vez en mucho tiempo, el chavismo en el poder se repliega, luego de años radicalizado.
El anuncio de la liberación supone un punto de inflexión en el régimen, que por primera vez se repliega
La amnistía general anunciada por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a todos los prisioneros políticos del país, concreta una de las aspiraciones más sentidas de la sociedad venezolana y marca un brusco giro en las relaciones que ha tenido la revolución bolivariana con sus adversarios en el último lustro. Especialmente durante los últimos 10 años. Esta decisión, que ha sorprendido fuera y dentro de Venezuela, aparece como el corolario de una serie de anuncios oficiales orientados a relajar el control del chavismo sobre el país y sus enemigos. Por primera vez en mucho tiempo, el chavismo en el poder se repliega, luego de años radicalizado.
Rodríguez —que al anunciar esta decisión, pidió que “no se imponga el espíritu la venganza”, y deseó la convivencia de “todos con respeto”— ha asegurado que este inesperado decreto “ya había sido discutido y aprobado por el presidente Nicolas Maduro”. Lo cierto, sin embargo, es que viene a concretarse ahora, cuando todavía no se ha cumplido un mes del ataque militar que capturó a Maduro, y su esposa, Cilia Flores, adelantado por fuerzas estadounidenses.
La amnistía a los presos políticos venezolanos era una de las manzanas de la discordia más célebres y comentadas entre los políticos de la oposición y el elenco gobernante chavista en la política de este siglo. De manera muy especial, durante los 13 años del gobierno de Maduro, tiempo en el cual se deterioró gravemente el clima social del país, se multiplicaron las protestas populares y comenzó a aumentar el número de presos. En todos los debates parlamentarios y jornadas internacionales de diálogo que han tenido lugar entre ambas facciones en estos años, la amnistía general a los prisioneros políticos era lo primero que la oposición pedía y lo primero que el chavismo negaba. Era una circunstancia crónica.
El proyecto de ley de amnistía general a los presos políticos fue una de las primeras iniciativas legislativas de la bancada mayoritaria del bloque de partidos de la oposición luego de haber triunfado con amplio margen en las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015. La propuesta fue rechazada de plano por la bancada chavista —Diosdado Cabello, ministro del Interior y entonces diputado, la llamó burlonamente “la ley de autoperdón”— y fue finalmente bloqueada junto al resto de los proyectos legales de la oposición, gracias a una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el oficialismo, que despojó de sus funciones al Poder Legislativo, agravando con ello la crónica crisis política local.
Las demandas para exigir la liberación de presos políticos y la denuncia del deterioro de sus condiciones de encarcelamiento, comenzaron desde los primeros años de la Revolución Bolivariana. Fueron consecuencia directa de la polarización política que Hugo Chávez promovió como novedad en Venezuela para asentar su dominio sobre el país. Chávez, mucho más popular de lo que fue Maduro, no tuvo que apretar excesivamente el puño para gobernar.
La crisis política del año 2002 —en la cual una oposición espantada con el talante conflictivo y anarquizante de Chávez adelantó una conspiración para intentar derrocarlo— podría considerarse como el nuevo comienzo de la era de los presos políticos en Venezuela. Reaparecía luego más de 20 años sin novedades relevantes.
En los tiempos de Chávez el número de prisioneros políticos era mucho menor al actual —unas 15 personas en total—, aunque en la memoria de muchas personas persiste el recuerdo doloroso del investigador policial Iván Simonovis, quién purgó 15 años de cárcel acusado de conspirar para derrocar al gobierno; de la jueza Maria Afiuni, o del general Raúl Isaías Baduel, general y antiguo amigo de Chávez, quién terminaría falleciendo en prisión.
La proliferación de presos; las historias de maltratos y de muertos en la cárcel; los informes de la Comisión de Verificación de Hechos de Naciones Unidas sobre esos excesos, y la multiplicación de penales para recibir a personas arrestadas, corresponden, casi por completo, al tiempo del gobierno de Nicolás Maduro. En 2014, 2017, 2018, 2019 y 2024, el gobierno de Maduro conjuró graves atentados y reprimió con vigor varias revueltas populares que se expandieron por todo el territorio nacional. A finales de 2024, la cifra de presos políticos era de mil 500 personas.
La multiplicación de presos políticos y los relatos sobre sus terribles condiciones de reclusión, hicieron enormemente popular y sentida la demanda de una ley de amnistía como primer paso para sentar las bases de la reconstrucción del estado de derecho.
Por entonces, lo frecuente era que los dirigentes chavistas omitieran el planteamiento, o reflexionaran brevemente en discursos y programas de opinión sobre los efectos nocivos que para una sociedad podía tener la impunidad.
El anuncio de una ley de amnistía, una noticia que cae como un bálsamo sobre decenas de familias venezolanas y aligera un poco más el espeso panorama político actual, viene con un añadido en calidad de regalo: no sólo implica que centenares de personas judicializadas por ejercer sus derechos constitucionales en estos años —políticos, periodistas, jueces, empresarios, activistas sociales— recobran su libertad. Además, todos ellos, junto a los que han sido excarcelados estas semanas, quedan liberados de las medidas legales sustitutivas que les exigían presentación periódica en los tribunales y les impedía salir del país.
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