La jueza Carol Yesenia Berganza, del Juzgado de Mayor Riesgo C, atendió un requerimiento del Instituto de la Víctima y solicitó que tanto el Ministerio Público como los abogados de la defensa de María Fernanda Bonilla y Luis Marroquín se pronuncien sobre una posible comisión de delitos en el traslado del expediente del caso.

Ese requerimiento ya se había formulado el pasado 3 de julio, cuando la jueza Silvia de León, antes de entregar el cargo, señaló en un memorial que, al revisar el expediente, comprobó un faltante de documentos al detectar que no había correlación entre los folios, lo que incluye chats y la grabación de la audiencia de primera declaración.

En el nuevo oficio emitido por la jueza Berganza, la juzgadora indica que desde entonces no se han recibido los pronunciamientos al respecto, por lo que otorgó un plazo de ocho días hábiles.

La solicitud hecha por el Instituto de la Víctima establece que se busca investigar a funcionarios judiciales por la posible comisión de delitos debido al traslado incompleto y desordenado del expediente que contiene la investigación por la muerte de Melisa Palacios. Además, habrían omitido enviar los discos con audios de audiencias celebradas, y se pide deducir responsabilidades administrativas y disciplinarias, si corresponde.

El expediente por el crimen de la joven Melisa Palacios fue remitido desde los juzgados de Chiquimula, luego de que la Cámara Penal resolviera que el caso fuera conocido por un juzgado de alto impacto en la capital.

El próximo 2 de septiembre está programada una audiencia en la que se prevé la participación de los sindicados María Fernanda Bonilla y Luis Marroquín.

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