Julio César Aldana Franco fue beneficiado con el cierre del caso a su favor. Era señalado por tres delitos dentro del expediente conocido como Cooptación del Estado. En el 2016 fue ligado a proceso por el juez Miguel Ángel Gálvez.

Este día, el juez Eduardo Orozco, a cargo del Juzgado de Mayor Riesgo B, indicó en su resolución que los medios de prueba presentados por el Ministerio Público no lograron determinar la comisión de delitos y que no coincidían con la acusación formulada.

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), a cargo del caso, buscaba que Aldana Franco enfrentara juicio por asociación ilícita, lavado de dinero u otros activos y cohecho activo.

Durante la sindicación, la fiscalía detalló la imputación con la que pretendía que Aldana Franco enfrentara debate por los tres delitos.

“Usted, Julio César Aldana Franco, el Ministerio Público lo acusa en virtud de que participó en las actividades de un grupo criminal liderado por Ingrid Roxana Baldetti Elías, Otto Fernando Pérez Molina y Juan Carlos Monzón Rojas”, afirmó el agente fiscal.

“Los líderes de la agrupación criminal ganaron la elección presidencial a finales del 2011 y, una vez en el poder, respondieron a compromisos adquiridos con los financistas de la campaña electoral, cuyo dinero se había ocultado pagando a los bancos los contratos que se tenían, formulando nuevos o bien ambas modalidades.”

El juez Orozco, durante la argumentación de su resolución, señaló que no se logró establecer que Aldana Franco formara parte de una estructura criminal. Además, mencionó inconsistencias en los hechos y precisó que no se acreditó que hubiera entregado dinero, producto de supuestos sobornos, a la exvicepresidenta Roxana Baldetti.

Según las pesquisas del Ministerio Público, Aldana Franco tuvo un papel importante en la estructura para dar apariencia legal a fondos ilícitos.

“Entre el 2011 y el 2015, siguiendo instrucciones de la señora Ingrid Roxana Baldetti, personalmente o a través de Juan Carlos Monzón, realizó transacciones financieras y administró recursos por lo menos por Q59 millones, a sabiendas de que correspondían a comisiones ilícitas que entregaban contratistas del Estado a la organización criminal a la que pertenecía.”