De cara a las elecciones generales del 2027, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha comenzado a discutir por primera vez cómo enfrentar uno de los desafíos más recientes para los procesos democráticos: el uso de la inteligencia artificial (IA) y su potencial para generar desinformación.

Aunque la propuesta de crear un observatorio con apoyo de universidades ha sido bien recibida, analistas advierten que el mayor reto será construir reglas claras para su regulación y contar con la capacidad institucional para hacerlas cumplir.

Para Jahir Dabroy, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), el TSE no parte desde cero, ya que cuenta con la Unidad de Medios de Comunicación y Estudios de Opinión, creada precisamente para monitorear este tipo de contenidos, además de otras dependencias que han acumulado experiencia en los últimos procesos electorales.

«Se supone que ya con dos procesos electorales deben de tener una capacidad instalada, tanto en recurso humano como en equipo técnico«, señaló.

Sin embargo, considera que la capacidad técnica no será suficiente si el Tribunal no define con precisión el alcance de las medidas que pretende adoptar. A su juicio, el primer paso consiste en establecer qué entenderá el TSE por desinformación.

«La clave de todo esto es a qué le van a llamar ellos al final de cuentas desinformación«, afirmó. «Si no va a pasar lo mismo de qué es campaña anticipada y qué no es campaña anticipada… pareciera ser que depende de a quién le interpreto».

En ese sentido, Dabroy sostiene que el Tribunal deberá resolver si cualquier contenido elaborado con inteligencia artificial será objeto de restricciones o únicamente aquel que tenga como finalidad engañar al electorado. Recordó que la IA también puede utilizarse para producir contenido legítimo, por lo que una prohibición general podría generar nuevas controversias.

«Yo puedo hacer cuestiones válidas con inteligencia artificial«, explicó.

Otro aspecto que, a su juicio, debe quedar claramente definido es quiénes estarán sujetos a esas reglas. El analista considera indispensable determinar si las restricciones recaerán únicamente sobre los partidos políticos, sobre los candidatos o sobre ambos, para evitar vacíos que posteriormente den lugar a interpretaciones distintas.

«Establecer si va a los partidos o va a los candidatos o va a ambos también. Son cuestiones que parecen mínimas, pero que si no se quedan bien delimitadas, da cabida a diversas interpretaciones y eso deslegitima el trabajo del Tribunal Supremo Electoral«, indicó.

Asimismo, considera que estas disposiciones deben quedar formalizadas mediante un reglamento o un acuerdo del pleno del TSE para brindar certeza jurídica sobre su aplicación.

Además de la regulación, Dabroy identifica otro desafío: la capacidad para rastrear el origen de contenidos manipulados mediante inteligencia artificial, como los llamados deepfakes. Advierte que un video falso podría ser elaborado por terceros con el propósito de perjudicar a un partido político, dificultando determinar quién es realmente responsable de su difusión.

A ello se suma la rapidez con la que este tipo de material puede viralizarse en plataformas digitales, por lo que considera indispensable una respuesta inmediata de las autoridades.

«Un video se volvió de verdad muy viral en cuestión de un par de horas… sí tiene que tener una capacidad de respuesta«, señaló, al agregar que el TSE deberá coordinarse estrechamente con la Fiscalía de Delitos Electorales del Ministerio Público para investigar el origen del contenido y actuar oportunamente.

Renzo Rosal coincide en que el hecho de que el Tribunal incorpore por primera vez la inteligencia artificial como un factor de riesgo representa un avance, aunque advierte que el desafío supera ampliamente las capacidades actuales de la institución.

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«Me parece que el hecho de que el Tribunal toque por primera vez el factor de riesgo vinculado a la inteligencia artificial me parece que está bien«, afirmó.

Sin embargo, considera que la velocidad con la que evoluciona esta tecnología hará muy difícil que el órgano electoral pueda responder con la misma rapidez. A ello suma la falta de experiencia especializada en el país para respaldar técnicamente las acciones anunciadas.

«No veo yo que ninguna universidad en Guatemala esté trabajando específicamente áreas de trabajo vinculadas a la inteligencia artificial«, comentó.

Rosal sostiene que el monitoreo debería recaer principalmente en la Unidad Especializada de Medios de Comunicación y Estudios de Opinión Pública y en la Unidad Informática del TSE. No obstante, advierte que el principal obstáculo es la falta de una regulación específica dentro de la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

«La ley electoral obviamente no toca nada al respecto de la inteligencia artificial… entonces los partidos tienen una cancha abierta«, expresó.

El analista considera que el principal riesgo no recae únicamente sobre la autoridad electoral, sino sobre los propios ciudadanos, quienes podrían tener dificultades para distinguir entre contenido auténtico y material manipulado mediante inteligencia artificial.

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«La principal afectación para mí no está del lado del Tribunal, sino está del lado del ciudadano«, afirmó.

En su opinión, la institución enfrentará dificultades para mantenerse al ritmo del desarrollo tecnológico.

«El Tribunal Supremo Electoral va a quedar rebasado permanentemente por esta realidad«, aseguró. «Las dinámicas tecnológicas van a una velocidad descomunal y el Tribunal se ha caracterizado por ser una institución muy conservadora».

Rosal añade que esa situación guarda similitud con el manejo de la campaña anticipada, donde, pese a que el TSE cuenta con herramientas legales para imponer sanciones, considera que no las ha aplicado con firmeza.

«No importa la cantidad de expedientes; lo que importa es que el Tribunal ejerza autoridad y les ponga sanciones«, concluyó.

Para ambos analistas, el verdadero desafío no radica únicamente en crear un observatorio o incorporar nuevas herramientas tecnológicas, sino en establecer reglas claras sobre el uso de la inteligencia artificial, dotarlas de respaldo jurídico y garantizar que el TSE tenga la capacidad de aplicarlas con rapidez y certeza durante el proceso electoral de 2027.

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