Las primeras críticas a la iniciativa de ley presentada por el bloque oficialista, que busca agilizar el gasto público, provinieron del sector privado organizado y de centros de investigación económica, que advierten opacidad en la propuesta.

El proyecto de ley, impulsado por diputados del Movimiento Semilla, pretende agilizar la inversión pública y acelerar los desembolsos en salud, educación, red vial y programas de desarrollo. Sin embargo, ha generado preocupación por la posible relajación de controles.

La iniciativa, presentada el lunes 28 de julio, busca facilitar la ejecución estatal, que avanza con lentitud pese a la alta disponibilidad de fondos. Al 17 de julio, los depósitos del Gobierno central en el Banco de Guatemala (Banguat) sumaban Q31 mil 837.3 millones.

Entre las disposiciones, se plantea autorizar contratos de hasta Q2 millones sin visto bueno superior, ampliar las compras directas y crear el Fondo para la Ejecución de Inversiones Estratégicas (Foinves), a cinco meses de concluir el ejercicio fiscal.

Durante la presentación del informe semestral del Observatorio del Presupuesto 2025 del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), se cuestionó la colocación de US$1 mil 500 millones en bonos del Tesoro el 7 de julio, los saldos de caja de Q22 mil 915 millones al 3 de julio, y el uso de deuda sin una ejecución efectiva ni evaluación del endeudamiento.

“Hay opacidad”

Sergio de la Torre, coordinador de la Comisión Económica del Cacif, alertó sobre deficiencias en los controles del proyecto. También advirtió sobre la debilidad institucional y la opacidad en los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes).

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“Una agilización es importante, pero debe hacerse con controles adecuados para garantizar transparencia”, remarcó.

De la Torre insistió en que los recursos destinados a los Codedes no responden a una planificación clara y podrían usarse sin transparencia. Estimó que estos manejarían el 17% del presupuesto vigente, lo que los convertiría en un “superministerio”. El Ministerio de Finanzas (Minfin) informó que la asignación vigente es de Q12 mil 269.61 millones, pero la ejecución promedio en julio fue del 18%.

El directivo advirtió sobre la posibilidad de un remanente de gasto que se traslade a 2026, como ocurrió en 2024.

Evasión de controles

Edwin Matul, analista de la Fundación 2020, expresó preocupación por una eventual evasión de controles y debilitamiento de la rendición de cuentas si se aprueba la iniciativa.

“Se aumentan los riesgos que se han tratado de mitigar en procesos anteriores”, advirtió.

Pedro Prado y Érick Coyoy, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), señalaron que el proyecto elimina controles establecidos con el objetivo de aumentar la ejecución presupuestaria. “¿Para qué se quiere que el gobierno actual gaste y en qué se está gastando?”, cuestionaron. Agregaron que, aunque aumente la ejecución, podría hacerse con contratos pagados por anticipado y sin obras concluidas, como ha ocurrido en años anteriores.

Sin fundamento

Jorge Lavarreda, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), afirmó que no basta con ejecutar más recursos si las obras no son útiles. “Se pueden gastar los Q12 mil millones de los Codedes, inaugurar obras y que no sirvan para nada”, concluyó.