La empresa Multiservicios El Gran Jaguar, Sociedad Anónima, suspendió labores en el proyecto de mejoramiento de la Calle Real Centenario, casco urbano de El Tejar, Chimaltenango. Según una denuncia interpuesta ante el Ministerio Público (MP), la constructora fue extorsionada, aparentemente, por políticos.

El hecho ocurrió el pasado jueves 31 de julio en la Calle Real, cuando los trabajadores de la empresa se disponían a aplicar asfalto.
“Cuatro personas en motocicleta se dirigieron al encargado, lo amenazaron con arma en mano y le dijeron que las autoridades mandaban a decir que tenían que ‘alinearse’ con la extorsión”, detalló una fuente conocedora del caso.

Aunque no se solicitó una suma específica, los extorsionistas indicaron que el pago debía hacerse al alcalde de El Tejar, Julio Axel Figueroa, y al diputado distrital por Chimaltenango de la bancada Viva, Víctor Bonilla.

Ante el temor, la empresa retiró la maquinaria del área y suspendió labores, porque —según la denuncia— hubo amenaza de muerte hacia los trabajadores si no se realizaba el pago a los funcionarios.

“Nos gustaría dejar claro: nosotros hacemos responsables de todo lo que pueda sucederles a los empleados a esas autoridades, porque está en riesgo la vida de muchas personas”, informó la empresa a Guatevisión y Prensa Libre.

El proyecto fue adjudicado en el 2023 por Q23 millones 677 mil. Sin embargo, por problemas administrativos y falta de disponibilidad financiera, la obra comenzó el 9 de junio del 2024. Incluso, en el evento de colocación de la primera piedra participaron el alcalde Figueroa y el diputado Mynor Rivera, de la UNE.

Según la empresa, la obra tenía un avance del 25% y el material quedó abandonado.
“El área se quedó expuesta; hay trabajos vulnerables a la lluvia porque nosotros ya íbamos a pavimentar la siguiente parte”, indicó la constructora. También exigió a las autoridades que garanticen la seguridad del personal, ya que no reanudarán los trabajos mientras exista riesgo.

CIV evalúa suspender tres proyectos por extorsión

El director del Fondo Social de Solidaridad del Ministerio de Comunicaciones, Luis Mencos, confirmó que la empresa notificó lo sucedido y solicitó seguridad. Se les indicó que debían presentar la denuncia formal ante el MP.

La constructora tiene tres proyectos vigentes con el FSS para mejorar carreteras en Chimaltenango, adjudicados en el 2023, por Q71.8 millones, en El Tejar, Yepocapa y Balanyá. Según Mencos, también recibieron amenazas para detener trabajos en los tres municipios.

“La información que tenemos es que llegaron personas a amedrentar a los trabajadores y les pidieron que pararan, o de lo contrario atentarían contra quienes laboraran. Por eso, la empresa solicitó la suspensión oficial de actividades (…). Actualmente, son tres proyectos los que enfrentan el mismo problema con esta contratista”, denunció el funcionario.

Agregó que ya se gestiona con el Ministerio de Gobernación un refuerzo de seguridad en la zona, aunque la suspensión podría afectar la calidad de las obras.
“Uno de los principales problemas en cuanto a calidad es el inicio de la segunda etapa del invierno, que podría afectar los trabajos en curso. Sin embargo, procuraremos darles celeridad”, dijo Mencos.

Rechazan señalamientos y advierten acciones legales

La Municipalidad de El Tejar publicó en Facebook que circula información falsa sobre el motivo de la suspensión.

“Como alcalde municipal, aclaro que hasta el momento no se me ha brindado información oficial sobre las razones por las que el proyecto se encuentra detenido”, se lee en la publicación.

Guatevisión y Prensa Libre buscaron la versión del alcalde Axel Figueroa, quien respondió:
“Que denuncien; ellos pueden hacer todas las denuncias que quieran, ahora que lo que puedan confirmar es diferente”. Además, instó al MP a investigar el origen de los señalamientos.

—¿Usted niega haber solicitado algún pago?

—“Yo nunca; que me lo digan ellos directamente si yo lo he solicitado. Yo no he pedido nada de dinero. Al contrario, he puesto de mi propio dinero para que se ejecute la obra: combustible, tubos, pegamento y otros materiales”. El diputado Víctor Bonilla no atendió llamadas ni mensajes, ni se presentó a la sesión plenaria del 5 de agosto. Sin embargo, publicó un comunicado en redes sociales en el que se declaró víctima de una campaña de desinformación y anunció que se reserva el derecho de emprender acciones legales por difamación.
“De comprobarse actos delictivos, exigiré al Ministerio Público una investigación inmediata y rigurosa para identificar y sancionar a los responsables”, se lee en su comunicado.

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