Esta vez el clamor contra el príncipe Andrés no ha podido ser cortado en seco. Su decisión de renunciar al uso de todos sus títulos, comenzando por el de duque de York, forzada por el rey Carlos III después de una intensa conversación entre ambos el pasado viernes, se ha quedado corta. La casa real británica confiaba en frenar de ese modo el continuo deterioro de su imagen que ocasiona el goteo de escándalos de la vida del hijo preferido de Isabel II, pero la maniobra ha acabado provocando más preguntas que respuestas en torno a la vida privilegiada del príncipe. La mansión que habita en el complejo del castillo de Windsor junto a su familia, por la que no paga renta anual, ha saltado ahora al centro del huracán.
Los independentistas escoceses presentan una moción para despojarlo oficialmente de sus títulos
Esta vez el clamor contra el príncipe Andrés no ha podido ser cortado en seco. Su decisión de renunciar al uso de todos sus títulos, comenzando por el de duque de York, forzada por el rey Carlos III después de una intensa conversación entre ambos el pasado viernes, se ha quedado corta. La casa real británica confiaba en frenar de ese modo el continuo deterioro de su imagen que ocasiona el goteo de escándalos de la vida del hijo preferido de Isabel II, pero la maniobra ha acabado provocando más preguntas que respuestas en torno a la vida privilegiada del príncipe. La mansión que habita en el complejo del castillo de Windsor junto a su familia, por la que no paga renta anual, ha saltado ahora al centro del huracán.
En una monarquía parlamentaria como el Reino Unido, que se vanagloria de haber funcionado de modo eficaz durante siglos sin necesidad de una constitución escrita, hay dos textos de referencia tan arcanos como venerados. La Constitución Inglesa, del periodista Walter Bagehot (uno de los directores más legendarios del semanario The Economist, de 1861 a 1877), es el manual al que todavía se acude para entender la naturaleza política de un país como el Reino Unido, y el reparto de papeles entre la Corona, el Parlamento y el Gobierno. De ese texto surge la canónica distinción tan etérea como ambigua que muchos políticos conservadores siguen defendiendo a pies juntillas, según la cual la monarquía es la parte “dignificada” de la Constitución frente al Ejecutivo, que sería la parte “eficaz”.
El segundo texto es el Tratado sobre la Ley, Privilegios, Procedimientos y Usos del Parlamento, conocido formalmente como el Erskine May, por el nombre del primer barón Farnborough, secretario de la Casa de los Comunes del Reino Unido; llamado coloquialmente la “Biblia parlamentaria”, el particular reglamento de una institución construida a base de usos y costumbres.
Dice el Erskine May respecto a la posibilidad de que los diputados discutan en la Cámara asuntos relacionados con la casa real: “La conducta del Soberano, el Heredero al Trono, y otros miembros de la Familia Real no deberá ser debatida, a no ser que forme parte de una moción sustantiva”.
Es raro que los dos principales partidos del sistema británico, el Conservador y el Laborista, lleven al Parlamento las miserias privadas de la casa de los Windsor, a pesar de que muchas de ellas tengan que ver con dinero público. Basta un ejemplo, el del actual ministro de Seguridad Energética, Ed Miliband. Durante un tiempo fue el líder de los laboristas, desde planteamientos mucho más a la izquierda que en la actualidad. Cuando el domingo fue preguntado en la BBC por la noticia de que el príncipe Andrés había intentado usar uno de sus escoltas para sacar trapos sucios de la vida de Virginia Giuffre, la mujer que lo acusó de abusar sexualmente de ella cuando era menor, Miliband expresó su desagrado, pero indicó a la vez que era necesario “permitir que sea la familia real la que tome decisiones sobre estos asuntos”.
Los ministros han intentado hasta ahora despejar el asunto con la idea de que sería una pérdida de tiempo que el Parlamento se dedicara a debatir estas cuestiones.
Sin mansión y sin títulos
Sin embargo, en un sistema bipartidista que cada vez está más fragmentado, otras formaciones cubren el hueco que las dos formaciones políticas históricas se resisten a cubrir.
El Partido Nacional Escocés (SNP, en sus siglas en inglés), que cuenta con nueve diputados, ha presentado una moción para que el príncipe Andrés sea despojado definitivamente de todos sus títulos. La decisión anunciada por el palacio de Buckingham el pasado viernes se presentó como una renuncia voluntaria del hermano del rey. El ducado de York, el condado de Inverness, la baronía de Killyleagh o el protocolo de Su Alteza Real han quedado suspendidos, pero no anulados. Para algo así sería necesario un acto del Parlamento, impulsado por el Gobierno. El título de príncipe, adquirido de nacimiento, requeriría una medida más drástica: un decreto real firmado por Carlos III.
“La única pregunta que hay que hacerse es a qué espera el Gobierno de Keir Starmer. La ciudadanía sabe que la decisión es la correcta. Y mucho más importante, las víctimas de Jeffrey Epstein saben que la decisión es la correcta. Debe hacerse ya, sin excusas ni más retrasos”, ha exigido el portavoz y líder del grupo parlamentario de los independentistas escoceses, Stephen Flynn.
Pero son más las preguntas que se acumulan. El diario The Times amanecía este martes con una exclusiva que echa sal a la herida de Andrés. Revelaba el contrato por el que él y su familia hacen uso del Royal Lodge, en el complejo del Castillo de Windsor. Una residencia de treinta habitaciones, seis pequeñas viviendas para el personal de servicio y 40.000 metros cuadrados.
El príncipe pagó en 2003 un millón de libras (alrededor de 1,15 millones de euros o 1,33 millones de dólares) por su alquiler hasta 2078. Y 7,5 millones de libras (8,6 millones de euros; 10 millones de dólares) para las obras de rehabilitación. Pero desde entonces, no ha desembolsado ni una sola libra esterlina más por el uso de la vivienda que han hecho él, su esposa, Sarah Fergusson, y sus hijas Beatriz y Eugenia. De hecho, el contrato establece claramente que “la renta será de ‘un grano de pimienta’ (peppercorn, en el inglés original) al año, si resulta reclamada”.
La expresión es utilizada habitualmente para describir una renta simbólica, que a todos los efectos es inexistente.
El complejo de Windsor es gestionado por el llamado Crown Estate, el ente privado de gestión pública, controlado por el Gobierno, que maneja las propiedades de la casa real británica y entrega parte de sus dividendos a la casa de Windsor para sus gastos de protocolo y representación.
La idea de que un personaje público que provoca ya un inmenso rechazo en la ciudadanía como el príncipe Andrés viva gratis en una mansión de lujo comienza a provocar rechazo hasta entre los sectores más conservadores. Robert Jenrick, portavoz de Justicia y Economía del principal partido de la oposición, y una de las figuras más relevantes entre los tories, ha sido muy claro al expresar su “hartazgo” y exigir al hermano del Rey que se vaya de la residencia de Windsor: “Que deje ya la vida pública para siempre, que deje de recibir dinero de los contribuyentes y que viva una vida completamente privada”, reclamaba Jenrick en la BBC.
La Ley de Privación de Títulos, de principios del siglo XX, se usó por última vez en 1919, para castigar a tres duques y un vizconde que apoyaron al enemigo austrohúngaro durante la Primera Guerra Mundial. El hecho de que el texto resurja en el debate público del Reino Unido ofrece una clara idea del hartazgo que ha provocado ya el príncipe Andrés.
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