Nuevo banquillo judicial contra el exmilitar español que espió a Julian Assange para la CIA. El juzgado de instrucción número 43 de Madrid ha dictado apertura de juicio oral contra David Morales por los presuntos delitos de falsedad documental y estafa procesal, según un auto al que ha tenido acceso EL PAÍS.
Morales falsificó correos de Carlos Abad, exembajador de Ecuador en Londres ya fallecido, para defenderse
Nuevo banquillo judicial contra el exmilitar español que espió a Julian Assange para la CIA. El juzgado de instrucción número 43 de Madrid ha dictado apertura de juicio oral contra David Morales por los presuntos delitos de falsedad documental y estafa procesal, según un auto al que ha tenido acceso EL PAÍS.
El exinfante de Marina falsificó presuntamente documentos oficiales y pruebas para defenderse ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que lo investigaba por haber grabado al fundador de Wikileaks y a sus abogados durante su estancia en la embajada de Ecuador en Londres. La empresa de Morales se ocupaba en 2017 de la seguridad en la sede diplomática.
Tras seis años de investigación, Pedraz dictó recientemente el cierre de la causa de espionaje y envió a Morales a juicio al apreciar indicios de delitos de descubrimiento y revelación de secretos, cohecho, falsedad documental y tenencia ilícita de armas.
Correos falsificados
Ahora, el exmilitar se enfrenta a una nueva vista oral después de que Pedraz dedujera testimonio contra él, se inhibiera y enviara a los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid, pruebas que le implican en dos nuevos delitos. El juez Fernando Fernández Olmedo señala en su auto que pese a la negativa de Morales existen indicios de que presentó “correos falsos” en 2020 durante la instrucción del caso por espionaje a Assange, tramitado en la Audiencia Nacional.
Morales fue detenido en septiembre de 2019 después de que una investigación de EL PAÍS, publicada en julio de ese año, revelara los audios, videos e informes del espionaje. El dueño de UC Global S.L. negó cualquier relación con los hechos, pero más adelante afirmó que fue el exembajador ecuatoriano en Londres, Carlos Abad, quien le ordenó que espiara al ciberactivista australiano. Esta confesión tuvo lugar poco después del fallecimiento del diplomático.
Para corroborar su versión presentó varios correos, entre ellos un supuesto mensaje electrónico del exembajador Abad, fechado el 27 de enero de 2018, en el que le pedía colocar un micrófono en la sala de reuniones de la Embajada. Y afirmó que únicamente se instaló este dispositivo para probarlo y luego se retiró. La investigación judicial y peritajes de la representación de Assange determinaron que esos mensajes habían sido falsificados.
“Resultan indicios claros de que esos supuestos correos electrónicos no existieron, siendo confeccionados para su presentación en formato papel en el Juzgado Central de Instrucción”, señala el auto. El juez Fernández Olmedo destaca que en ambos juzgados se le ha requerido sin éxito a que presente los originales. Asimismo, incide en que en el registro de su ordenador intervenido por la policía durante su detención, tampoco aparecen.
La empresa UC Global S.L. con sede en Jerez de la Frontera, se ocupaba de la seguridad de la embajada de Ecuador en Londres durante el Gobierno de Rafael Correa. Morales ordenó a varios de sus trabajadores que cambiaran las cámaras de la legación diplomática y grabaran las conversaciones del ciberactivista cuando el equipo jurídico del australiano diseñaba su estrategia de defensa frente a la petición de extradición de EE UU.
Dos testigos protegidos que han declarado en la Audiencia Nacional, extrabajadores de la empresa, afirman que el exmilitar colaboraba con la CIA y les confesó haberse pasado “al lado oscuro”. Numerosos indicios obtenidos durante la investigación señalan al servicio de inteligencia norteamericano como el receptor de los audios y videos grabados a Assange y a sus abogados.
Por la causa de espionaje instruida en la Audiencia Nacional, la Fiscalía solicita 13 años y medio de prisión para Morales. Le acusa de descubrimiento y revelación de secretos, cohecho y tenencia ilícita de armas. Los abogados de Assange elevan la solicitud a 20 años y medio de cárcel.
La Fiscalía y los letrados del fundador de Wikileaks presentarán en los próximos días sus escritos de acusación y petición de penas por este nuevo juicio oral. El auto del juez puede ser recurrido.
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