El Partido Liberal (PL) de Jair Bolsonaro, que ya era la mayor fuerza del Congreso brasileño, salió reforzado de las urnas este domingo. Su avance fue sobre todo en el Senado, la gran apuesta del bolsonarismo, porque es la cámara que aprueba a los jueces que propone el presidente y la única que puede abrir y juzgar un proceso de destitución contra ellos. Quien gane la segunda vuelta de las presidenciales, el 25 de octubre, que disputarán Lula y Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente, gobernará con un Parlamento más conservador que el actual.
El partido de Bolsonaro casi duplica sus senadores y gane quien gane la segunda vuelta del 25 de octubre, el próximo presidente gobernará con un Congreso más conservador
El Partido Liberal (PL) de Jair Bolsonaro, que ya era la mayor fuerza del Congreso brasileño, salió reforzado de las urnas este domingo. Su avance fue sobre todo en el Senado, la gran apuesta del bolsonarismo, porque es la cámara que aprueba a los jueces que propone el presidente y la única que puede abrir y juzgar un proceso de destitución contra ellos. Quien gane la segunda vuelta de las presidenciales, el 25 de octubre, que disputarán Lula y Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente, gobernará con un Parlamento más conservador que el actual.
En el Senado, donde se renovaban dos tercios de los 81 escaños, el avance del bolsonarismo fue más claro al hacerse con 19 de los 54 asientos en juego. Michelle Bolsonaro, por el Distrito Federal, y Carlos Bolsonaro, por Santa Catarina, salieron elegidos senadores. Sumados a los nueve que no se renovaban, el PL tendrá 28 sillones a partir de febrero, frente a los 15 actuales, más de un tercio de la Cámara alta. El PT de Lula tendrá nueve. El bolsonarismo pretende usar el Senado como plataforma contra el Supremo Tribunal Federal (STF), la máxima corte del país.
El enfrentamiento viene de lejos. El bolsonarismo pide desde hace años la destitución del juez Alexandre de Moraes, y la exigencia se convirtió en una bandera después de que el Supremo condenara a Bolsonaro, en septiembre de 2025, a 27 años de cárcel por intentar un golpe de Estado. Moraes fue el ponente de ese proceso. Para destituirlo harían falta 54 votos, dos tercios del Senado, una cifra que el PL no alcanza por sí solo. Por eso será clave febrero de 2027, cuando el Senado elija a su presidente, que es quien decide qué denuncias se tramitan, incluidas las que van contra los jueces del Supremo.
Además, el próximo Senado tendrá en sus manos la renovación del tribunal. El Supremo tiene 11 jueces, nombrados por el presidente de la República, que deben jubilarse a los 75 años. Durante la próxima legislatura, al menos tres alcanzarán esa edad: Luiz Fux, Cármen Lúcia y Gilmar Mendes. Hay una cuarta plaza vacante porque en esta legislatura Lula no consiguió que el Senado aprobara a su candidato.
Si gana Flávio Bolsonaro, un Senado afín le permitiría colocar a sustitutos de su confianza y formar una mayoría conservadora en el tribunal que custodia la Constitución y los derechos fundamentales. Junto a los dos jueces que nombró su padre, Kassio Nunes Marques y André Mendonça, sumarían seis de los 11. Si gana Lula, el Senado podría rechazar a sus candidatos. El momento para una renovación profunda al gusto de la ultraderecha es propicio, ya que el tribunal arrastra una crisis interna sin precedentes, debido a una sucesión de escándalos de corrupción y trifulcas entre los jueces.
En la Cámara de Diputados, la formación de los Bolsonaro encabezaba al filo de las 23.00 horas el reparto de escaños. Con 175 de los 513 ya asignados, sumaba 48, más del doble que el PT, que contaba 19. El resto se reparte sobre todo entre una decena de partidos de centro y derecha, conocidos como centrão, que suelen negociar su apoyo al Gobierno de turno a cambio de cargos y recursos. Si Lula gana las elecciones, dependerá de ellos aún más que en este mandato: sin mayoría propia en ninguna de las dos cámaras y con un Senado capaz de bloquear sus nombramientos, tendrá que negociar cada votación.
El nivel de descrédito de los parlamentarios brasileños es más que considerable. Según un sondeo de Datafolha, tan solo el 18% de los brasileños considera que sus señorías hacen un buen trabajo. No obstante, la mayoría revalidan sus cargos. Los analistas lo atribuyen sobre todo a dos ventajas de quienes ya ocupan el cargo: el fondo electoral público que reparten las cúpulas de los partidos y las llamadas enmiendas parlamentarias.
Las enmiendas son partidas del presupuesto federal que cada congresista asigna a proyectos de su elección, normalmente en su base electoral: asfaltar una carretera, reformar un hospital o financiar fiestas locales. Desde 2015, el Gobierno está obligado a ejecutar buena parte de ellas, y su volumen no ha dejado de crecer, mientras que el control sobre su destino es escaso. Con muy poca transparencia, pese a los controles que intenta imponer el Supremo desde 2024, los analistas lo describen como un mecanismo que acaba sirviendo para comprar votos de forma indirecta y asegurar la reelección, esconder desvíos de dinero público y presionar al Gobierno de turno.
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