Cuando grupos dentro de una comunidad no permiten el avance de proyectos de energía que ya fueron adjudicados, el Estado no debería descargar toda la responsabilidad en el desarrollador privado del proyecto para que este se logre construir.

Esa es una de las preocupaciones que la exministra de Energía y Minas (2007-2008) y expresidenta de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, CNEE, (2012-2016), Carmen Urízar, conversó con Prensa Libre. La conversación se da en el contexto de los proyectos pendientes de la PEG-4 y en la antesala de la PEG-5, esta última, un histórico paquete de contratos por la dimensión de los proyectos.

“Eso creo que es otro de los desafíos que hoy estos proyectos PEG-4 están enfrentando, y que, justamente, ante las puertas de una licitación como la PEG-5 —que es una licitación realmente mayor para el país, la más grande que históricamente se va a desarrollar: más de 1,400 MW—, es por ello que las autoridades, el ministerio, la CNEE y las distribuidoras —que al final son quienes deben comprar esta energía—, pues están trabajando en que estas limitantes –de índole social, comunitaria y ambiental— se puedan resolver.

“Sin eso, creo que los retrasos en proyectos pueden ser muy negativos para el país, porque cada atraso que tenemos es energía que se va acumulando para atender el crecimiento económico, atender los objetivos de productividad y de competitividad que el país necesita” sentencia.

Este es un extracto de la conversación.

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¿Cómo percibe el avance de los proyectos adjudicados en la PEG-4 y sus desafíos?

La última, la PEG-4, fue una licitación relativamente pequeña —podríamos decir—: 235 MW. Ciertamente, se favoreció más a las renovables, lo cual fue muy bueno.

Pero lo que hemos visto es que, en los últimos años, la energía renovable está enfrentando retos importantes, sobre todo de carácter social. En el pasado, en el sector eléctrico, yo recuerdo que se hablaba mucho de riesgos operativos, riesgos técnicos, riesgos financieros… Riesgos que podían ser solucionados fácilmente, no solo con financiamiento, sino también con conocimiento.

Pero hoy, los riesgos que tienen las energías renovables creo que son preocupantes, porque se están enfocando más en los riesgos sociales, comunitarios y ambientales. Riesgos que ya no son tan fáciles de atender por parte de las autoridades ni por los mismos proyectos, y que requieren, realmente, intervenciones conjuntas.

No son riesgos que deban atenderse solo desde el lado público —léase, el gobierno—, y tampoco pueden atenderse de manera aislada solo por los desarrolladores de proyectos.

Es más, desde el 2007, cuando yo estuve en el Ministerio de Energía y Minas —de hecho, yo conformé el Viceministerio de Desarrollo Social, le llamamos en ese momento—, ya desde entonces el tema, incluso del convenio 169, que ha generado las consultas —que podríamos decir bien intencionadas—, a veces han llevado a que se conviertan en obstáculos. Porque son consultas que no solo tratan de identificar los temas que los proyectos deben atender, sino que a veces se han convertido, casi, en una autorización por parte de las comunidades.

¿Qué otros riesgos ve?

Creo que hay riesgos de carácter social, ambiental, comunitario, que deben atenderse de una manera, pues, ahora más novedosa. Porque, obviamente, hay una gobernanza en el país: el Viceministerio de Desarrollo Sostenible —que es parte del Ministerio de Energía y Minas—, y es a quien le compete toda la directriz de la política pública. El Ministerio de Ambiente, sin duda, pero hay una serie de otras instancias.

Y aquí hablo, por ejemplo, de las alcaldías, las municipalidades, que juegan un rol muy importante, no solo en ser aliados, sino también en ser facilitadores en muchos de estos proyectos de energía renovable.

Entonces, en esa gobernanza, no solo el Ejecutivo y los proyectos privados son importantes; hay un rol también para las municipalidades, las autoridades municipales, en convertirse en facilitadores. Y, sin duda, la parte de la comunidad, en donde se ha trabajado mucho en información, precisamente para que no haya una limitación a poder desarrollar los proyectos por desconocimiento.

Y, sin duda, ese atraso repercute en un precio alto. Cuando empezamos a ver que la electricidad aumenta, es precisamente porque se han conjugado una serie de elementos negativos que han retrasado la entrada de estos nuevos proyectos.

Desde el lado del Ejecutivo, es sumamente importante que las autoridades energéticas y ambientales trabajen de la mano. Y eso no es algo nuevo. De hecho, desde el 2007, cuando yo era ministra —en su momento, con la ministra de Ambiente que en ese entonces estaba a cargo de la cartera—, se hicieron esfuerzos por avanzar en una ventanilla única, precisamente para facilitar.

Sin embargo, como en muchos otros temas en el país, hay avances y luego hay retrocesos. Y sabemos que, lamentablemente, la tramitología en nuestro país es un desafío integral y transversal, y creo que lo sigue siendo. Creo que ese es un elemento en donde todavía los desarrolladores de proyectos resienten, y creo que se quisiera una mayor agilidad.

Ahora, hay que entender que, como Ambiente es una cartera transversal, obviamente hay una tramitología que hay que cumplir para todas las actividades del país. Por eso se habla de que, si el objetivo energético es una prioridad para que tengamos competitividad, que tengamos productividad, que el precio eléctrico baje, hay que pensar justamente en esa ventanilla única que pudiera agilizar y facilitar no solo la velocidad de los trámites, sino la cantidad de trámites que hay que realizar.  

Mencionaba el papel de las municipalidades y las autorizaciones. ¿Cómo evalúa actualmente el proceso de obtención de licencias de construcción para estos proyectos?

Creo que ha habido una discusión permanente por esa famosa autonomía municipal, que viene del Código Municipal y que le ha dado, obviamente, a los municipios esa autonomía a sus autoridades, no solo para autorizar los proyectos que consideran prioritarios de acuerdo con sus planes de desarrollo. Pero yo siempre —cuando fui ministra— decía: «Bueno, es que una cosa es la autonomía municipal y otra son los objetivos nacionales”.

Creo que es importante el respeto a esa autonomía municipal, pero esta está subordinada a objetivos nacionales que hay que cumplir. Y esa integralidad, entonces, significa que todos deben apuntar hacia lo mismo. A veces, hay muchas autorizaciones que se dilatan extremadamente. Hay discrecionalidad también en algunas municipalidades.

Y si el objetivo eléctrico, energético, realmente es un objetivo nacional —que es deseable para todos los guatemaltecos—, porque, repito, al final lo que todos queremos es que todo guatemalteco en el país tenga energía, que la tenga de manera confiable… Y confiable significa las 24 horas, no que tengan apagones. Y no apagones de minutos, sino de horas. Porque ninguna fábrica, por ejemplo, se va a instalar al interior del país si tiene apagones de cuatro horas, si tiene mala calidad.

Entonces, a todos nos conviene que haya energía confiable y que su suministro sea accesible al país. Hoy vemos cómo el Ministerio también tiene como un objetivo nacional la electrificación rural. Pero eso depende de que los proyectos se puedan hacer realidad, de que sea fácil ingresar, de que las comunidades permitan el establecimiento de los proyectos, que permitan el desarrollo de las infraestructuras de transmisión y distribución.

Entonces, es una cosa integral. No se puede hablar solo de lo deseable que es la energía renovable, de que aumentemos la diversificación de la matriz.

Respecto al desconocimiento y la falta de información, ¿qué acciones considera necesarias para evitar que este factor sea determinante en la aprobación de una licencia de construcción?

El tema de información, yo creo que también, ya por muchas décadas, tanto las autoridades como los desarrolladores han entendido que debe ser parte de los proyectos. El Ministerio de Energía, por eso, tiene un Viceministerio de Desarrollo Social, porque es parte de su labor esa transferencia de conocimiento, de información.

Si nos vamos por el lado del Ministerio de Ambiente, usted sabe que, justamente para lograr la autorización de un EIA, este va a requerir también que los desarrolladores hayan ofrecido información a las comunidades, a los pobladores del lugar donde se va a desarrollar el proyecto.

Las municipalidades también hacen lo suyo. Es decir, todo lo que hoy cae dentro de ese tema de responsabilidad social empresarial es parte de lo que hoy los gremios y las autoridades saben que deben desarrollar si quieren ser bien recibidos por la comunidad.

Es más, hoy usted oye a muchos desarrolladores hablar de la política del buen vecino. Si uno va a llegar a desarrollar un proyecto, pues quiere ser bien recibido por los vecinos, y eso implica dar información. Y creo que tanto las autoridades como los desarrolladores tienen hoy un protocolo, tienen la forma de llegar, de dar información que debe ser permanente. No solo debe ser en el desarrollo del proyecto.

Un proyecto tiene fases: desde que se empieza a gestar la parte de planificación, cuando se construye, cuando se opera y también cuando uno se retira. Y eso lo vemos en muchos proyectos.  Pero, aun así, lo que a veces en la práctica se ve es que las comunidades también, lamentablemente, son influenciadas por grupos de interés con otro tipo de agendas. Agendas de las que se benefician ellos.

Hoy ya no solo es importante tener financiamiento, tener el know-how técnico de cómo desarrollar una tecnología específica, sino tener profesionales que, en el área sociológica y de comunidad, estén en capacidad del diálogo y de llevar esa información.

Pero debemos ser muy sabios en identificar a esos grupos que, a veces, manipulan a la comunidad. Y, justamente, creo que hay que evidenciar ante la comunidad que esos no son objetivos legítimos que el país deba favorecer.

El robo de energía y todos estos temas tan negativos para el sector deben desaparecer. Y parte de eso es que la comunidad entienda que los grupos que favorecen todo eso no son legales, y no son objetivos que, en el largo plazo, van a hacer que el país esté mejor.

¿Cómo percibe el hecho de que se den de baja contratos antes de ser ejecutados? ¿Qué imagen está dando Guatemala en el caso de Río Hondo 2?

En el caso de ese proyecto —y que, fundamentalmente, fue por temas sociales—, yo creo que, definitivamente, cualquier proyecto que sea, no importa que sea Río Hondo o que hubiera sido otro, no son noticias buenas, ni internacional ni nacionalmente.

Como país y como guatemaltecos, yo creo que deberíamos sentirnos hasta tristes, porque son inversiones que toman riesgos, inversiones que han tratado de desarrollar proyectos justamente para atender necesidades que el país ha estructurado a través de su política energética, para lograr que todos tengamos electricidad.

Entonces, creo que son malas noticias. Y, justamente por ser malas noticias, creo que ninguno de nosotros quiere que se repliquen.

Aquí es donde la certeza jurídica es sumamente importante. Algo que vale la pena resaltar es que Guatemala, de hecho, en su sector eléctrico, sí ha sido un sector bastante desarrollador, que ha promovido la certeza jurídica, que trata de ver a futuro y de generar reglas claras.

Pero, sin duda, estos casos aislados no son nada positivos. Mi opinión es que no es deseable replicarlos, y eso implica atender lo que los ha motivado: esos desafíos sociales, comunitarios, municipales de los que hemos hablado, y que es donde, justamente, creo que la PEG-5 está teniendo esa fase de replanteamiento.

Creo que no es nada deseable —ni para los desarrolladores, ni para las autoridades, ni para el país— que, como usted dijo, proyectos se den de baja por las motivaciones que hemos conversado.

Cuando un proyecto realmente entra, yo creo que toda la intención es que se concrete, porque, cuando un proyecto se vuelve realidad, todos vamos a estar mejor: va a haber energía, energía asequible. Y ese es, realmente, el gran norte que el país ha tratado de seguir desde el 2007, con las políticas energéticas que se han ido diseñando.

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¿Qué riesgos existen si los contratos de la PEG-4 no logran cumplirse en los plazos establecidos?

El riesgo más importante es que se va a acumular más necesidad de energía para la PEG-5. Hablábamos de que la PEG-5 es la licitación más voluminosa que históricamente ha estructurado el país, y eso se debe a varias razones.

Por un lado, se están venciendo contratos anteriores que hay que sustituir. Pero, además, entre la PEG-3 y la PEG-4 hubo un plazo muy largo en que el país no realizó licitaciones. Entonces, se nos acumularon las necesidades.

Si viéramos al país como una empresa, cuando en una empresa a alguien se le olvida hacer las compras, luego hay que salir a comprar de emergencia. Y eso es muy negativo, porque uno no compra con la cabeza, sino que a veces hay que comprar con el corazón, porque hay que satisfacer rápidamente la demanda. Y a veces lo que hay no es lo más adecuado a lo que se había previsto.

Eso es lo que la PEG-4 —creo— y los retrasos en varios proyectos nos pueden ocasionar: arriesgar que en la PEG-5 haya una necesidad de volumen mayor y que tengamos que comprar no necesariamente lo que el país había previsto.

¿Cuáles son las acciones y en manos de quién están para atender estos desafíos?

Los desafíos, prácticamente, van enfocados en temas sociales. Es decir, cómo logramos que las comunidades no se opongan a los proyectos. Y eso significa reforzar los esfuerzos de información tanto del lado de las autoridades energéticas y ambientales como de los desarrolladores.

Pero hay temas que sí implican decisiones concretas, como los trámites. Ahí creo que hay mucho por hacer, tanto por parte del Ministerio de Energía, de la mano de Ambiente, como de otras entidades. Porque, cuando hablamos de Ambiente, estamos hablando también de otras instituciones que están dentro de esa cartera o vinculadas, como CONAP o INAB.

Hay un tema también, por ejemplo, con la SAT. Para los proyectos de energía renovable, recordemos que Guatemala tiene la Ley de Promoción de Energía Renovable, que realmente es una ley que descansa sobre incentivos tributarios que la SAT debe aprobar. Ahí también hay que repasar si hay algo por hacer: si los tiempos son los que deben ser o si pueden ser más expeditos.

El país tiene ya desde hace varios años identificada la ruta que debe seguir un proyecto. Este se activa con el EIA y luego debe pasar por otras instancias: CONAP, INAB, SAT, Ministerio de Energía.

No es un tema de reto solo para un ministro; es para muchos. Pero, repito, cuando hay un objetivo nacional —y por eso existen los gabinetes— debe haber integralidad en las decisiones, coordinación y, sobre todo, compromiso. Si los objetivos quieren cumplirse, entonces hay que trabajar para que todos tomen decisiones en una línea similar. No puede ser que uno vaya para un lado y otro retrase, porque entonces las cosas realmente se frustran.

El ministro de Energía tal vez puede querer y ser muy ágil, pero otra persona u otra instancia puede no tener claridad sobre eso. Entonces, creo que es integral; debe trabajarse desde muchos puntos de vista. Hay una coordinación público-privada que es fundamental, y el eje que va a lograr que todo el mundo trabaje en la misma línea es que se entienda que es un objetivo de nación. No es solo una política sectorial, sino que es deseable para todos.

Y aquí basta con ver lo que dice la Constitución: establece que la electricidad es algo de utilidad nacional, es un derecho humano.