Dictamen favorable impulsa creación de autoridad portuaria y habilita inversión privada en infraestructura
La iniciativa de la Ley General del Sistema Portuario recibió dictamen favorable, con el cual se plantea la creación de un marco legal para una autoridad portuaria nacional y se habilita la participación de inversión privada en la construcción de infraestructura portuaria.
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La iniciativa de Ley tiene como objetivo principal crear un marco legal moderno y unificado para ordenar, regular y desarrollar el Sistema Portuario Nacional, con énfasis en la eficiencia, seguridad, competitividad y atracción de inversión.(Foto Prensa Libre: Cortesía)
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Los primeros avances para la creación y funcionamiento de una autoridad portuaria, así como su gobernanza, regulación y marco legal, se concretaron con el dictamen favorable emitido por los integrantes de la Comisión de Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas del Congreso de la República, el miércoles 28 de enero.
La posición legislativa se da luego de la visita realizada la semana pasada por delegados de la Guardia Costera de Estados Unidos (USCG, por sus siglas en inglés), así como de la suscripción de una carta de aceptación (LOA) entre Guatemala y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (USACE). Dichos acuerdos están relacionados con la ampliación del muelle comercial de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), el diseño de un tren de carga desde esa terminal hacia las afueras de Escuintla y la intervención de seis tramos carreteros, anunciada el jueves 15 de enero.
Aún está pendiente de que los integrantes de la Comisión de Economía emitan su postura, con el fin de consensuar una normativa conjunta que pueda ser presentada al Pleno del Congreso y continuar con el proceso de aprobación.
Mientras tanto, el reporte de buques en fondeo para el muelle comercial de la EPQ, en Escuintla, registraba 46 navíos al jueves 29 de enero, entre carga general sólida y carga general, según los registros oficiales.
Iniciativa portuaria apunta a eficiencia, seguridad e inversión
La iniciativa tiene como objetivo principal crear un marco legal moderno y unificado para ordenar, regular y desarrollar el Sistema Portuario Nacional, con énfasis en la eficiencia, seguridad, competitividad y atracción de inversión.
CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES
Asimismo, busca atender problemas estructurales como los retrasos históricos en los puertos, que han encarecido los productos importados hasta en 35%; las esperas de buques de hasta 45 días, con costos diarios promedio de US$35 mil; y debilidades en materia de seguridad portuaria, que representan riesgos para la seguridad nacional y posibles sanciones internacionales.
A ello se suman la fragmentación institucional, la duplicidad de funciones y la vigencia de marcos legales obsoletos, creados en las décadas de 1980 y 1990, que ya no responden a las exigencias actuales del comercio marítimo.
Crea nueva gobernanza del sistema portuario
En el contenido de esta iniciativa también aborda la parte institucional. Se crea y fortalece la Autoridad Portuaria Nacional (APN) que tendría funciones como un ente rector, regulador, planificador, fiscalizador y sancionador.
Por ejemplo, hace una separación entre quién es el que regula y quién es el que opera los puertos para evitar los conflictos de interés. Se instala un Directorio mixto con una representación del Estado y del sector privado organizado, una gerencia profesional y auditoría interna.
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Sobre los pilares fundamentales la iniciativa expone la eficiencia en la reducción de tiempos, costos logísticos, inspecciones duplicadas y trámites. También la seguridad y protección portuaria en el cumplimiento del Código PBIP (Código Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias); control contra narcotráfico, contrabando y crimen organizado.
Inspección única en puertos
El proyecto también define lineamientos claros en materia operativa, particularmente en lo relacionado con la inspección única y la coordinación interinstitucional. Para ello, se establece un modelo unificado de inspecciones, que será coordinado por la Autoridad Portuaria Nacional (APN).
Busca atender problemas estructurales como los retrasos históricos en los puertos, que han encarecido los productos importados hasta en 35%; las esperas de buques de hasta 45 días, con costos diarios promedio de US$35 mil; y debilidades en materia de seguridad portuaria
Las inspecciones técnicas se concentrarán desde una perspectiva operativa, sin menoscabo de la rectoría que mantienen otras instituciones con mandato legal en la materia. Además, la iniciativa contempla la creación de dos comités de coordinación: uno de seguridad y protección portuaria y otro de apoyo logístico y eficiencia, con el objetivo de mejorar la articulación institucional y la agilidad de los procesos portuarios.
Ley abre paso a inversión pública y privada
En materia de inversión en infraestructura portuaria, la iniciativa establece un marco de regulación y parámetros claros para la promoción de inversión pública y privada dentro del sistema portuario.
La propuesta habilita el desarrollo de proyectos portuarios públicos, privados y bajo el esquema de Alianzas Público-Privadas (APP), con el objetivo de ampliar y modernizar la infraestructura existente.
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Asimismo, se incorpora la figura del Usufructo Oneroso Portuario (USOP), que se materializa a través del Contrato de Administración Portuaria (CAP). Bajo este esquema, se reitera que el Estado mantiene la propiedad de los bienes portuarios, mientras que el agente privado invierte, opera y explota la infraestructura conforme a los términos contractuales establecidos.
Proyecto regula tarifas y financiamiento de la APN
En cuanto al nuevo régimen tarifario, la iniciativa establece que las tarifas deberán ser públicas, transparentes y verificables, y prohíbe prácticas discriminatorias.
La Autoridad Portuaria Nacional (APN) no fijará directamente las tarifas, pero sí tendrá facultades para supervisar y sancionar su aplicación. Además, se introduce la figura del silencio administrativo y la verificación posterior.
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Para el financiamiento de la APN, se plantea un aumento gradual de su presupuesto, que pasaría de US$2 millones a US$22 millones, de forma paulatina. Este fortalecimiento financiero se lograría mediante un incremento progresivo de la tarifa por tonelada movilizada, que subiría de US$0.05 a US$0.35, así como un aporte estatal inicial de Q200 millones porcentaje del presupuesto del Ministerio de Economía.
A ello se suman los canones derivados de los contratos portuarios y una tarifa aplicable a cruceros.
La iniciativa también contempla reformas legales complementarias para evitar contradicciones normativas y destrabar futuras inversiones en el sector portuario. Entre las leyes que se propone reformar figuran:
- Ley de Contrataciones del Estado, en lo relativo a los dragados
- Ley de Áreas de Reserva Territorial
- Ley Ambiental y de Áreas Protegidas
- Leyes orgánicas de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), Empornac y Champerico.
La iniciativa de la Ley General del Sistema Portuario recibió dictamen favorable, con el cual se plantea la creación de un marco legal para una autoridad portuaria nacional y se habilita la participación de inversión privada en la construcción de infraestructura portuaria.
Dictamen favorable impulsa creación de autoridad portuaria y habilita inversión privada en infraestructura
La iniciativa de la Ley General del Sistema Portuario recibió dictamen favorable, con el cual se plantea la creación de un marco legal para una autoridad portuaria nacional y se habilita la participación de inversión privada en la construcción de infraestructura portuaria.
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La iniciativa de Ley tiene como objetivo principal crear un marco legal moderno y unificado para ordenar, regular y desarrollar el Sistema Portuario Nacional, con énfasis en la eficiencia, seguridad, competitividad y atracción de inversión.(Foto Prensa Libre: Cortesía)
Los primeros avances para la creación y funcionamiento de una autoridad portuaria, así como su gobernanza, regulación y marco legal, se concretaron con el dictamen favorable emitido por los integrantes de la Comisión de Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas del Congreso de la República, el miércoles 28 de enero.
La posición legislativa se da luego de la visita realizada la semana pasada por delegados de la Guardia Costera de Estados Unidos (USCG, por sus siglas en inglés), así como de la suscripción de una carta de aceptación (LOA) entre Guatemala y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (USACE). Dichos acuerdos están relacionados con la ampliación del muelle comercial de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), el diseño de un tren de carga desde esa terminal hacia las afueras de Escuintla y la intervención de seis tramos carreteros, anunciada el jueves 15 de enero.
Aún está pendiente de que los integrantes de la Comisión de Economía emitan su postura, con el fin de consensuar una normativa conjunta que pueda ser presentada al Pleno del Congreso y continuar con el proceso de aprobación.
Mientras tanto, el reporte de buques en fondeo para el muelle comercial de la EPQ, en Escuintla, registraba 46 navíos al jueves 29 de enero, entre carga general sólida y carga general, según los registros oficiales.
Iniciativa portuaria apunta a eficiencia, seguridad e inversión
La iniciativa tiene como objetivo principal crear un marco legal moderno y unificado para ordenar, regular y desarrollar el Sistema Portuario Nacional, con énfasis en la eficiencia, seguridad, competitividad y atracción de inversión.
CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES
Asimismo, busca atender problemas estructurales como los retrasos históricos en los puertos, que han encarecido los productos importados hasta en 35%; las esperas de buques de hasta 45 días, con costos diarios promedio de US$35 mil; y debilidades en materia de seguridad portuaria, que representan riesgos para la seguridad nacional y posibles sanciones internacionales.
A ello se suman la fragmentación institucional, la duplicidad de funciones y la vigencia de marcos legales obsoletos, creados en las décadas de 1980 y 1990, que ya no responden a las exigencias actuales del comercio marítimo.
Crea nueva gobernanza del sistema portuario
En el contenido de esta iniciativa también aborda la parte institucional. Se crea y fortalece la Autoridad Portuaria Nacional (APN) que tendría funciones como un ente rector, regulador, planificador, fiscalizador y sancionador.
Por ejemplo, hace una separación entre quién es el que regula y quién es el que opera los puertos para evitar los conflictos de interés. Se instala un Directorio mixto con una representación del Estado y del sector privado organizado, una gerencia profesional y auditoría interna.
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Sobre los pilares fundamentales la iniciativa expone la eficiencia en la reducción de tiempos, costos logísticos, inspecciones duplicadas y trámites. También la seguridad y protección portuaria en el cumplimiento del Código PBIP (Código Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias); control contra narcotráfico, contrabando y crimen organizado.
Inspección única en puertos
El proyecto también define lineamientos claros en materia operativa, particularmente en lo relacionado con la inspección única y la coordinación interinstitucional. Para ello, se establece un modelo unificado de inspecciones, que será coordinado por la Autoridad Portuaria Nacional (APN).
Busca atender problemas estructurales como los retrasos históricos en los puertos, que han encarecido los productos importados hasta en 35%; las esperas de buques de hasta 45 días, con costos diarios promedio de US$35 mil; y debilidades en materia de seguridad portuaria
Las inspecciones técnicas se concentrarán desde una perspectiva operativa, sin menoscabo de la rectoría que mantienen otras instituciones con mandato legal en la materia. Además, la iniciativa contempla la creación de dos comités de coordinación: uno de seguridad y protección portuaria y otro de apoyo logístico y eficiencia, con el objetivo de mejorar la articulación institucional y la agilidad de los procesos portuarios.
Ley abre paso a inversión pública y privada
En materia de inversión en infraestructura portuaria, la iniciativa establece un marco de regulación y parámetros claros para la promoción de inversión pública y privada dentro del sistema portuario.
La propuesta habilita el desarrollo de proyectos portuarios públicos, privados y bajo el esquema de Alianzas Público-Privadas (APP), con el objetivo de ampliar y modernizar la infraestructura existente.
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Asimismo, se incorpora la figura del Usufructo Oneroso Portuario (USOP), que se materializa a través del Contrato de Administración Portuaria (CAP). Bajo este esquema, se reitera que el Estado mantiene la propiedad de los bienes portuarios, mientras que el agente privado invierte, opera y explota la infraestructura conforme a los términos contractuales establecidos.
Proyecto regula tarifas y financiamiento de la APN
En cuanto al nuevo régimen tarifario, la iniciativa establece que las tarifas deberán ser públicas, transparentes y verificables, y prohíbe prácticas discriminatorias.
La Autoridad Portuaria Nacional (APN) no fijará directamente las tarifas, pero sí tendrá facultades para supervisar y sancionar su aplicación. Además, se introduce la figura del silencio administrativo y la verificación posterior.
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Para el financiamiento de la APN, se plantea un aumento gradual de su presupuesto, que pasaría de US$2 millones a US$22 millones, de forma paulatina. Este fortalecimiento financiero se lograría mediante un incremento progresivo de la tarifa por tonelada movilizada, que subiría de US$0.05 a US$0.35, así como un aporte estatal inicial de Q200 millones porcentaje del presupuesto del Ministerio de Economía.
A ello se suman los canones derivados de los contratos portuarios y una tarifa aplicable a cruceros.
La iniciativa también contempla reformas legales complementarias para evitar contradicciones normativas y destrabar futuras inversiones en el sector portuario. Entre las leyes que se propone reformar figuran:
- Ley de Contrataciones del Estado, en lo relativo a los dragados
- Ley de Áreas de Reserva Territorial
- Ley Ambiental y de Áreas Protegidas
- Leyes orgánicas de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), Empornac y Champerico.
ESCRITO POR:
Urias Gamarro
Periodista especializado en macroeconomía, finanzas públicas e infraestructura, con 20 años de experiencia en medios radiales, impresos y digitales.
ARCHIVADO EN:
Prensa Libre | Economía
