Guatemala
DGT admite que no puede hacer cumplir ley de seguridad vial con solo 11 inspectores y 12 multas por limitadores de velocidad
Con solo 11 inspectores, pocos operativos y personal sin facultad para sancionar, la fiscalización del uso de limitadores de velocidad sigue siendo mínima, limitaciones que reconoció el propio director de la DGT.
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Operativo de la DGT y Provial en ruta a El Salvador, el 2 de febrero del 2026, donde sancionaron a cinco buses por documentos vencidos, sobrecarga y falta de tarjeta de operaciones. (Foto Prensa Libre: DGT)
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Una legislacion vigente desde hace casi una década sigue sin aplicarse. La DGT reconoció las limitaciones operativas para hacer cumplir la ley de seguridad vial, pues no cuenta con el personal ni con las herramientas para fiscalizar el uso de limitadores de velocidad. Esto se refleja en apenas 12 multas impuestas y una presencia limitada en carretera.
El director de la Dirección General de Transportes (DGT), Mynor González, le dijo a periodistas ayer que los operativos para verificar la instalación de limitadores de velocidad han sido mínimos: apenas entre cuatro y cinco desde el 2 de marzo, fecha en que venció el plazo para empezar a aplicar sanciones al transporte pesado, tanto de carga como colectivo.
“Es por los operativos que hemos realizado, los operativos focalizados a este tipo de segmento han sido pocos, porque tenemos una programación donde vemos diferentes temas. Los operativos específicamente para ver este tema han sido cerca de 4 o 5 operativos en lo que va del mes, y otros operativos que van enfocados a otro tipo de verificaciones”, señaló González, al explicar que la DGT trabaja con una programación que incluye distintos tipos de verificaciones, lo que ha limitado las acciones específicas para supervisar el cumplimiento de esta norma.
Pocas sanciones y escaso personal
Como resultado de esta limitada fiscalización, la DGT ha impuesto únicamente 12 multas: nueve al transporte colectivo y tres al transporte de carga pesada, cada una equivalente a cinco salarios mínimos, es decir, poco más de Q20 mil.
El propio director atribuyó la baja cifra de sanciones a la falta de personal en carretera. Actualmente, la institución cuenta con solo 11 inspectores para supervisar un parque vehicular que supera los 21 mil autobuses y más de 256 mil unidades de transporte pesado.
Además, González reconoció una limitación estructural clave: parte del personal contratado no tiene facultades legales para sancionar. “Tenemos inspectores de apoyo bajo renglón 029, pero no están facultados para poner sanciones”, explicó, al detallar que la creación de nuevas plazas requiere procesos administrativos complejos que involucran a varias instituciones del Estado.
A esa debilidad institucional se suma el hecho de que la Unidad de Protección Vial (Provial), pese a contar con 375 brigadas en carretera, tampoco tiene facultad legal para imponer multas, explicó el defensor de usuarios del transporte colectivo de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), Edgar Guerra en una entrevista.
En la práctica, explicó que esto significa que, aunque detecten irregularidades como exceso de velocidad o falta de limitadores, no pueden sancionar y dependen de la DGT, que sí tiene la atribución, pero carece de suficiente personal.
Falla estructural en el control
Para el defensor esta situación evidencia una falla estructural en el control del transporte. “La mayor responsabilidad recae en la DGT, que sí puede sancionar, pero no tiene suficiente personal para hacerlo de manera efectiva”, afirmó.
Guerra advirtió que se está desaprovechando el recurso humano de Provial, que podría ser un apoyo clave en carretera, y planteó que la solución pasa por fortalecer la DGT o dotar de facultades sancionatorias a Provial.
“La Dirección General de Transportes ha tenido un debilitamiento durante más de 20 años, con falta de personal y capacidad. Hoy en día su control es muy limitado frente a la magnitud del transporte en el país”, agregó.
Este escenario se da en medio de una discusión que lleva casi una década. La norma sobre limitadores de velocidad fue establecida en el 2016, reglamentada en el 2019 y ha sido objeto de múltiples prórrogas hasta el 2026, sin que se logre una aplicación efectiva.
La postura de la DGT se dio a conocer este lunes 23 de marzo entre una protesta del sector de transportistas.
El escenario recuerda las protestas del 12 de noviembre de 2019, cuando encabezados por Rony Mendoza, realizaron una caravana hacia el Palacio Nacional en rechazo a la medida. Entonces, el sector argumentaba que el problema no era la regulación, sino el alto costo del equipo exigido, que calificó como excesivo frente a otras opciones más accesibles.
Críticas del sector transporte
En este contexto, el sector transporte ha cuestionado la viabilidad de la medida. Marlon Prera, directivo de la Unión Nacional de Transportistas Guatemaltecos (Unitransgua), aseguró que la obligación no puede cumplirse en la práctica debido a la falta de capacidad del Estado para supervisar y sancionar.
El dirigente sostuvo que las autoridades están trasladando al sector privado una responsabilidad que, por ley, corresponde al Estado. Es decir, mientras el Gobierno no cuenta con controles efectivos, como radares, operativos constantes o un sistema sólido de sanciones, se exige a los transportistas cumplir con una norma que no puede ser fiscalizada adecuadamente.
“Es una ley acéfala”, afirmó Prera, al señalar que la medida fue implementada como una reacción y no como parte de una política integral de seguridad vial.
Asimismo, indicó que no existe diálogo con el Gobierno, al que acusó de haberlos “manipulado y mentido” en ocasiones anteriores. También criticó al Congreso y señaló que se rompió la comunicación luego de que no se les permitiera ingresar a una citación reciente, lo que calificó como una “burla”.
Ante este panorama, el sector plantea una prórroga o incluso la derogación de la norma, al considerar que “no sirve para nada materialmente” mientras el Estado no tenga la capacidad de hacerla cumplir.
Finalmente, Prera señaló que la responsabilidad en accidentes recae directamente en el piloto, como sujeto legal al momento de conducir. Sin embargo, coincidió en la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión para sancionar tanto a conductores como a propietarios que operen unidades en mal estado.
Señalamientos desde el Congreso
El diputado Jairo Flores, quien estuvo presente en una citación la semana pasada con autoridades de la DGT, responsabilizó tanto a gobiernos anteriores como al actual por no hacer cumplir la ley de Tránsito y, además, por haberla flexibilizado. Señaló que el reglamento, que incluye distintos asuntos, fue modificado recientemente para permitir que unidades antiguas continúen operando, pese a que originalmente se contemplaba retirar de circulación los vehículos del 2000 hacia atrás.
“Fue este gobierno el que modificó el reglamento y permitió que siguieran funcionando unidades con más de 25 años de antigüedad. Dijeron que iban a exigir un informe del estado mecánico, pero al final no lo están solicitando”, afirmó.
El señalamiento apunta a una contradicción debatida en la citación sobre la aplicación de la norma. Según los diputados, se relajan requisitos mientras se mantiene el discurso de control, lo que —según su postura— evidencia falta de coherencia en la política.
El diputado advirtió que esta falta de cumplimiento ha tenido consecuencias graves, al contribuir a cientos de muertes en accidentes de tránsito cada año. Indicó que las principales causas siguen siendo el exceso de velocidad, las fallas mecánicas y la débil fiscalización del sistema.
Finalmente, anunció que volverán a citar a las autoridades del Ministerio de Comunicaciones y de la Dirección General de Transportes (DGT), y no descartó interpelaciones si no atienden los llamados.
Con solo 11 inspectores, pocos operativos y personal sin facultad para sancionar, la fiscalización del uso de limitadores de velocidad sigue siendo mínima, limitaciones que reconoció el propio director de la DGT.
Guatemala
DGT admite que no puede hacer cumplir ley de seguridad vial con solo 11 inspectores y 12 multas por limitadores de velocidad
Con solo 11 inspectores, pocos operativos y personal sin facultad para sancionar, la fiscalización del uso de limitadores de velocidad sigue siendo mínima, limitaciones que reconoció el propio director de la DGT.
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Operativo de la DGT y Provial en ruta a El Salvador, el 2 de febrero del 2026, donde sancionaron a cinco buses por documentos vencidos, sobrecarga y falta de tarjeta de operaciones. (Foto Prensa Libre: DGT)
Una legislacion vigente desde hace casi una década sigue sin aplicarse. La DGT reconoció las limitaciones operativas para hacer cumplir la ley de seguridad vial, pues no cuenta con el personal ni con las herramientas para fiscalizar el uso de limitadores de velocidad. Esto se refleja en apenas 12 multas impuestas y una presencia limitada en carretera.
El director de la Dirección General de Transportes (DGT), Mynor González, le dijo a periodistas ayer que los operativos para verificar la instalación de limitadores de velocidad han sido mínimos: apenas entre cuatro y cinco desde el 2 de marzo, fecha en que venció el plazo para empezar a aplicar sanciones al transporte pesado, tanto de carga como colectivo.
«Es por los operativos que hemos realizado, los operativos focalizados a este tipo de segmento han sido pocos, porque tenemos una programación donde vemos diferentes temas. Los operativos específicamente para ver este tema han sido cerca de 4 o 5 operativos en lo que va del mes, y otros operativos que van enfocados a otro tipo de verificaciones», señaló González, al explicar que la DGT trabaja con una programación que incluye distintos tipos de verificaciones, lo que ha limitado las acciones específicas para supervisar el cumplimiento de esta norma.
Pocas sanciones y escaso personal
Como resultado de esta limitada fiscalización, la DGT ha impuesto únicamente 12 multas: nueve al transporte colectivo y tres al transporte de carga pesada, cada una equivalente a cinco salarios mínimos, es decir, poco más de Q20 mil.
El propio director atribuyó la baja cifra de sanciones a la falta de personal en carretera. Actualmente, la institución cuenta con solo 11 inspectores para supervisar un parque vehicular que supera los 21 mil autobuses y más de 256 mil unidades de transporte pesado.
Además, González reconoció una limitación estructural clave: parte del personal contratado no tiene facultades legales para sancionar. “Tenemos inspectores de apoyo bajo renglón 029, pero no están facultados para poner sanciones”, explicó, al detallar que la creación de nuevas plazas requiere procesos administrativos complejos que involucran a varias instituciones del Estado.
A esa debilidad institucional se suma el hecho de que la Unidad de Protección Vial (Provial), pese a contar con 375 brigadas en carretera, tampoco tiene facultad legal para imponer multas, explicó el defensor de usuarios del transporte colectivo de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), Edgar Guerra en una entrevista.
En la práctica, explicó que esto significa que, aunque detecten irregularidades como exceso de velocidad o falta de limitadores, no pueden sancionar y dependen de la DGT, que sí tiene la atribución, pero carece de suficiente personal.
Falla estructural en el control
Para el defensor esta situación evidencia una falla estructural en el control del transporte. “La mayor responsabilidad recae en la DGT, que sí puede sancionar, pero no tiene suficiente personal para hacerlo de manera efectiva”, afirmó.
Guerra advirtió que se está desaprovechando el recurso humano de Provial, que podría ser un apoyo clave en carretera, y planteó que la solución pasa por fortalecer la DGT o dotar de facultades sancionatorias a Provial.
“La Dirección General de Transportes ha tenido un debilitamiento durante más de 20 años, con falta de personal y capacidad. Hoy en día su control es muy limitado frente a la magnitud del transporte en el país”, agregó.
Este escenario se da en medio de una discusión que lleva casi una década. La norma sobre limitadores de velocidad fue establecida en el 2016, reglamentada en el 2019 y ha sido objeto de múltiples prórrogas hasta el 2026, sin que se logre una aplicación efectiva.
La postura de la DGT se dio a conocer este lunes 23 de marzo entre una protesta del sector de transportistas.
El escenario recuerda las protestas del 12 de noviembre de 2019, cuando encabezados por Rony Mendoza, realizaron una caravana hacia el Palacio Nacional en rechazo a la medida. Entonces, el sector argumentaba que el problema no era la regulación, sino el alto costo del equipo exigido, que calificó como excesivo frente a otras opciones más accesibles.
Críticas del sector transporte
En este contexto, el sector transporte ha cuestionado la viabilidad de la medida. Marlon Prera, directivo de la Unión Nacional de Transportistas Guatemaltecos (Unitransgua), aseguró que la obligación no puede cumplirse en la práctica debido a la falta de capacidad del Estado para supervisar y sancionar.
El dirigente sostuvo que las autoridades están trasladando al sector privado una responsabilidad que, por ley, corresponde al Estado. Es decir, mientras el Gobierno no cuenta con controles efectivos, como radares, operativos constantes o un sistema sólido de sanciones, se exige a los transportistas cumplir con una norma que no puede ser fiscalizada adecuadamente.
“Es una ley acéfala”, afirmó Prera, al señalar que la medida fue implementada como una reacción y no como parte de una política integral de seguridad vial.
Asimismo, indicó que no existe diálogo con el Gobierno, al que acusó de haberlos “manipulado y mentido” en ocasiones anteriores. También criticó al Congreso y señaló que se rompió la comunicación luego de que no se les permitiera ingresar a una citación reciente, lo que calificó como una “burla”.
Ante este panorama, el sector plantea una prórroga o incluso la derogación de la norma, al considerar que “no sirve para nada materialmente” mientras el Estado no tenga la capacidad de hacerla cumplir.
Finalmente, Prera señaló que la responsabilidad en accidentes recae directamente en el piloto, como sujeto legal al momento de conducir. Sin embargo, coincidió en la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión para sancionar tanto a conductores como a propietarios que operen unidades en mal estado.
Señalamientos desde el Congreso
El diputado Jairo Flores, quien estuvo presente en una citación la semana pasada con autoridades de la DGT, responsabilizó tanto a gobiernos anteriores como al actual por no hacer cumplir la ley de Tránsito y, además, por haberla flexibilizado. Señaló que el reglamento, que incluye distintos asuntos, fue modificado recientemente para permitir que unidades antiguas continúen operando, pese a que originalmente se contemplaba retirar de circulación los vehículos del 2000 hacia atrás.
“Fue este gobierno el que modificó el reglamento y permitió que siguieran funcionando unidades con más de 25 años de antigüedad. Dijeron que iban a exigir un informe del estado mecánico, pero al final no lo están solicitando”, afirmó.
El señalamiento apunta a una contradicción debatida en la citación sobre la aplicación de la norma. Según los diputados, se relajan requisitos mientras se mantiene el discurso de control, lo que —según su postura— evidencia falta de coherencia en la política.
El diputado advirtió que esta falta de cumplimiento ha tenido consecuencias graves, al contribuir a cientos de muertes en accidentes de tránsito cada año. Indicó que las principales causas siguen siendo el exceso de velocidad, las fallas mecánicas y la débil fiscalización del sistema.
Finalmente, anunció que volverán a citar a las autoridades del Ministerio de Comunicaciones y de la Dirección General de Transportes (DGT), y no descartó interpelaciones si no atienden los llamados.
ESCRITO POR:
Sandy Pineda
Periodista de Prensa Libre especializada en política y temas sociales con 7 años de experiencia. Parte del programa International Women’s Media Foundation (IWMF) en 2019, y del proyecto Ciclos de Actualización para Periodistas (CAP) 2023.
ARCHIVADO EN:
Prensa Libre | Guatemala
