Comunitario
Critican incumplimiento en limitadores de velocidad y advierten de que inacción seguirá costando vidas
Organizaciones sociales y la PDH señalan que el incumplimiento de la normativa y la instalación de los reductores de velocidad refleja debilidad institucional y refleja pocos esfuerzos para reducir la siniestralidad vial.
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” alt=”Miniatura” class=”d-block w-100″/>El presidente de la Asociación de Usuarios del Transporte Urbano y Extraurbano (Autue), Wladimir Díaz, criticó la resistencia de los transportistas a instalar limitadores de velocidad y advirtió de que la falta de aplicación de la norma deja a los usuarios en una situación de vulnerabilidad.
Según Díaz, el sector del transporte recurre a presiones y amenazas de paralización para retrasar medidas que buscan reducir accidentes viales. A su juicio, estas acciones terminan por afectar, principalmente, a los pasajeros.
“Los transportistas manipulan ciertas situaciones cuando a ellos no les conviene. Saben que pueden presionar con paros o amenazas y al final quienes quedamos desprotegidos somos los usuarios, quienes sufrimos graves lesiones o morimos en estos accidentes”, afirmó.
El dirigente también cuestionó el desempeño de la Dirección General de Transportes (DGT), al señalar que no ha actuado con firmeza para exigir el cumplimiento de la norma.
“Realmente vemos a la Dirección General de Transporte y su director muy mal, porque no aprieta el cinturón para hacer valer la ley. Al final, todo esto repercute en el usuario del transporte”, señaló.
Normativa sigue vigente
Por su parte la DGT afirmó que la normativa sobre limitadores de velocidad se mantiene vigente y que continúan aplicándose sanciones, además de operativos en carretera con apoyo de Provial y el Departamento de Tránsito de la PNC.
Según la entidad, hasta el momento se han impuesto tres multas al transporte extraurbano por incumplir con la obligación de contar con el certificado del limitador de velocidad.
La DGT señaló que, aunque realiza controles, la responsabilidad también recae en los empresarios del transporte, quienes deben garantizar que las unidades circulen en condiciones adecuadas y cumplan con las revisiones mecánicas requeridas.
Sobre los accidentes recientes, indicó que no cuenta con información que confirme un aumento específico en rutas como la autopista Palín–Escuintla, pero reiteró que el exceso de velocidad sigue siendo una de las principales causas de los percances viales.
Urgen a implementar medida
Díaz explicó que recientemente participaron en una mesa técnica convocada por la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), en la que se discutió la implementación de los dispositivos de control de velocidad. Según dijo, aunque algunos transportistas manifestaron estar de acuerdo con la medida, una parte significativa del sector continúa en oposición.
“Muchos estamos de acuerdo en que se instalen los dispositivos, pero hay una resistencia fuerte. Calculamos que entre el 70% y el 80% de los dueños de unidades no quiere implementarlos”, indicó.
El defensor del usuario del transporte de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), Edgar Guerra, insistió en que las medidas para controlar la velocidad son necesarias debido al alto impacto de los hechos de tránsito.
“En un solo hecho de tránsito pueden generarse decenas de víctimas mortales y personas con secuelas permanentes”, advirtió.
El defensor del usuario del transporte de la PDH también señaló que la resistencia de algunos transportistas a instalar limitadores de velocidad podría estar relacionada con el modelo operativo del servicio.
“El problema del limitador podría ser que, a menor velocidad, se realizaría una menor cantidad de viajes por autobús”, explicó Guerra.
“Lo que necesitan los buses es potencia, no velocidad”, complementó.
El defensor añadió que la discusión sobre los limitadores debió resolverse con anticipación, ya que la norma existe desde hace varios años.
“Si desde el 2019 hubieran tomado decisiones para adquirir e instalar los equipos, hoy no existiría esta polémica”, señaló.
Crisis más compleja
Guerra señaló que la discusión sobre los limitadores de velocidad debe centrarse en la protección de la vida de los usuarios, aunque advirtió que la crisis del transporte en Guatemala es un problema más amplio que requiere varias acciones del Estado.
“La velocidad es uno de los componentes importantes, pero no es el único; es un problema mucho más complejo”, señaló.
Otros factores que deben abordarse para reducir los accidentes, junto con la capacitación de los pilotos, son el estado de las unidades, la vigilancia en carreteras y la mejora de la infraestructura vial.
El defensor advirtió que los hechos de tránsito se han convertido en la segunda causa de muerte violenta en Guatemala durante más de cinco años, por lo que las medidas para controlar la velocidad deberían implementarse de forma seria.
Guerra también cuestionó la capacidad de fiscalización del Estado y recordó que la DGT ha sufrido un debilitamiento institucional durante años.
“La DGT se ha debilitado durante más de 25 años y cuenta con muy pocos inspectores a nivel nacional”, afirmó.
Un año sin seguro obligatorio
Desde la Unidad Nacional por las Víctimas de Tránsito, César Bol, vocero de la organización, expresó indignación por la falta de avances en medidas de fondo, al señalar que los limitadores de velocidad pueden ayudar, pero no resuelven por sí solos la crisis de accidentes.
Advirtió que el transporte de carga y pasajeros representa solo alrededor del 7% del parque vehicular total y, si bien podría reducir la incidencia, no es suficiente frente a los más de dos mil fallecidos que dejaron los hechos de tránsito en el 2025.
En ese contexto, insistió en que la prioridad debe ser la implementación del seguro obligatorio, suspendido hace un año, ya que permitiría una indemnización de entre Q4 mil y Q200 mil para las víctimas.
“Es un asunto urgente e impostergable”, subrayó, al considerar que la falta de protección económica para afectados y familias agrava la crisis.
Lea también: Sin seguro y sin apoyo: sobrevivientes de accidentes de tránsito se sienten olvidados
Organizaciones sociales y la PDH señalan que el incumplimiento de la normativa y la instalación de los reductores de velocidad refleja debilidad institucional y refleja pocos esfuerzos para reducir la siniestralidad vial.
Comunitario
Critican incumplimiento en limitadores de velocidad y advierten de que inacción seguirá costando vidas
Organizaciones sociales y la PDH señalan que el incumplimiento de la normativa y la instalación de los reductores de velocidad refleja debilidad institucional y refleja pocos esfuerzos para reducir la siniestralidad vial.
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El presidente de la Asociación de Usuarios del Transporte Urbano y Extraurbano (Autue), Wladimir Díaz, criticó la resistencia de los transportistas a instalar limitadores de velocidad y advirtió de que la falta de aplicación de la norma deja a los usuarios en una situación de vulnerabilidad.
Según Díaz, el sector del transporte recurre a presiones y amenazas de paralización para retrasar medidas que buscan reducir accidentes viales. A su juicio, estas acciones terminan por afectar, principalmente, a los pasajeros.
“Los transportistas manipulan ciertas situaciones cuando a ellos no les conviene. Saben que pueden presionar con paros o amenazas y al final quienes quedamos desprotegidos somos los usuarios, quienes sufrimos graves lesiones o morimos en estos accidentes”, afirmó.
El dirigente también cuestionó el desempeño de la Dirección General de Transportes (DGT), al señalar que no ha actuado con firmeza para exigir el cumplimiento de la norma.
“Realmente vemos a la Dirección General de Transporte y su director muy mal, porque no aprieta el cinturón para hacer valer la ley. Al final, todo esto repercute en el usuario del transporte”, señaló.
Normativa sigue vigente
Por su parte la DGT afirmó que la normativa sobre limitadores de velocidad se mantiene vigente y que continúan aplicándose sanciones, además de operativos en carretera con apoyo de Provial y el Departamento de Tránsito de la PNC.
Según la entidad, hasta el momento se han impuesto tres multas al transporte extraurbano por incumplir con la obligación de contar con el certificado del limitador de velocidad.
La DGT señaló que, aunque realiza controles, la responsabilidad también recae en los empresarios del transporte, quienes deben garantizar que las unidades circulen en condiciones adecuadas y cumplan con las revisiones mecánicas requeridas.
Sobre los accidentes recientes, indicó que no cuenta con información que confirme un aumento específico en rutas como la autopista Palín–Escuintla, pero reiteró que el exceso de velocidad sigue siendo una de las principales causas de los percances viales.
Urgen a implementar medida
Díaz explicó que recientemente participaron en una mesa técnica convocada por la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), en la que se discutió la implementación de los dispositivos de control de velocidad. Según dijo, aunque algunos transportistas manifestaron estar de acuerdo con la medida, una parte significativa del sector continúa en oposición.
“Muchos estamos de acuerdo en que se instalen los dispositivos, pero hay una resistencia fuerte. Calculamos que entre el 70% y el 80% de los dueños de unidades no quiere implementarlos”, indicó.
El defensor del usuario del transporte de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), Edgar Guerra, insistió en que las medidas para controlar la velocidad son necesarias debido al alto impacto de los hechos de tránsito.
“En un solo hecho de tránsito pueden generarse decenas de víctimas mortales y personas con secuelas permanentes”, advirtió.
El defensor del usuario del transporte de la PDH también señaló que la resistencia de algunos transportistas a instalar limitadores de velocidad podría estar relacionada con el modelo operativo del servicio.
“El problema del limitador podría ser que, a menor velocidad, se realizaría una menor cantidad de viajes por autobús”, explicó Guerra.
“Lo que necesitan los buses es potencia, no velocidad”, complementó.
El defensor añadió que la discusión sobre los limitadores debió resolverse con anticipación, ya que la norma existe desde hace varios años.
“Si desde el 2019 hubieran tomado decisiones para adquirir e instalar los equipos, hoy no existiría esta polémica”, señaló.
Crisis más compleja
Guerra señaló que la discusión sobre los limitadores de velocidad debe centrarse en la protección de la vida de los usuarios, aunque advirtió que la crisis del transporte en Guatemala es un problema más amplio que requiere varias acciones del Estado.
“La velocidad es uno de los componentes importantes, pero no es el único; es un problema mucho más complejo”, señaló.
Otros factores que deben abordarse para reducir los accidentes, junto con la capacitación de los pilotos, son el estado de las unidades, la vigilancia en carreteras y la mejora de la infraestructura vial.
El defensor advirtió que los hechos de tránsito se han convertido en la segunda causa de muerte violenta en Guatemala durante más de cinco años, por lo que las medidas para controlar la velocidad deberían implementarse de forma seria.
Guerra también cuestionó la capacidad de fiscalización del Estado y recordó que la DGT ha sufrido un debilitamiento institucional durante años.
“La DGT se ha debilitado durante más de 25 años y cuenta con muy pocos inspectores a nivel nacional”, afirmó.
Un año sin seguro obligatorio
Desde la Unidad Nacional por las Víctimas de Tránsito, César Bol, vocero de la organización, expresó indignación por la falta de avances en medidas de fondo, al señalar que los limitadores de velocidad pueden ayudar, pero no resuelven por sí solos la crisis de accidentes.
Advirtió que el transporte de carga y pasajeros representa solo alrededor del 7% del parque vehicular total y, si bien podría reducir la incidencia, no es suficiente frente a los más de dos mil fallecidos que dejaron los hechos de tránsito en el 2025.
En ese contexto, insistió en que la prioridad debe ser la implementación del seguro obligatorio, suspendido hace un año, ya que permitiría una indemnización de entre Q4 mil y Q200 mil para las víctimas.
“Es un asunto urgente e impostergable”, subrayó, al considerar que la falta de protección económica para afectados y familias agrava la crisis.
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ESCRITO POR:
Sandy Pineda
Periodista de Prensa Libre especializada en política y temas sociales con 7 años de experiencia. Parte del programa International Women’s Media Foundation (IWMF) en 2019, y del proyecto Ciclos de Actualización para Periodistas (CAP) 2023.
Prensa Libre | Guatemala
