Desde el gobierno del presidente Alejandro Giammattei se prometió la construcción de una cárcel de máxima seguridad. El proceso fue retomado por esta administración; sin embargo, el ministro de Gobernación afirma que el proyecto se retrasó debido a procesos administrativos y de costos, e incluso se analizan otras opciones de terreno para construirla.

Durante una presentación de índices de violencia del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), en la que se indicó que los niveles de violencia homicida y de extorsiones se mantienen al alza, se abordó el asunto de las prisiones en Guatemala. Se informó que estas continúan hacinadas, lo cual impacta en su control, desde donde se originan llamadas de extorsión.

En ese sentido, el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, quien participó en la presentación, explicó que se busca construir una cárcel de máxima seguridad y que se da seguimiento al proyecto adjudicado a finales del 2023, mediante un préstamo concedido por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). No obstante, desde ese año a la fecha, los costos de construcción han aumentado, por lo que se analiza el tema y el rediseño.

“Lamentablemente, durante el 2024 se dieron retrasos en la preinversión que atrasaron el proceso, y hasta este primer semestre del 2025 se concluyó la primera fase. Esto ha provocado un retraso de un año”, argumentó.

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Podrían buscar otro terreno

Agregó que en el 2023 el terreno destinado para la construcción fue ocupado por pobladores que se oponen al proyecto, y aunque ya fueron desalojados, la oposición persiste por parte de las comunidades. Ya se culminó el estudio de prefactibilidad.

“En este momento se analiza con el banco la importancia de continuar el proyecto en Masagua o buscar otra alternativa”, explicó.

El funcionario precisó que se hacen las gestiones administrativas para finalizar la fase de preinversión.

“Es decir, el proyecto va, pero se analiza con el banco la alternativa que permita maximizar los fondos disponibles, porque el valor asignado al proyecto en el 2023, por temas de inflación, ya no es el mismo. Ha sido un problema administrativo de concepción y diseño del proyecto, lo cual nos ha retrasado considerablemente”, concluyó.

En agosto del 2022 se dio a conocer que la cárcel de máxima seguridad tendría un costo de Q668 millones 088 mil 787.668, que provienen de un préstamo que el Estado de Guatemala adquirió con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

La empresa beneficiada con la adjudicación del proyecto es el consorcio de capital mexicano Grupo Tradeco, que lo integran las empresas Innovaciones Técnicas de Cimentación S. A. de C.V., (Itecsa), Inmobiliaria Rancho Sierra e Internacional Heavy Construction, Inc.,

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Situación de las cárceles

Guatemala mantiene una de las tasas más bajas de personas privadas de libertad en Latinoamérica, con 129 reclusos por cada 100 mil habitantes. Sin embargo, el país encabeza la región en cuanto a hacinamiento carcelario, con una tasa de ocupación penitenciaria del 342%, según explicó Walter Menchú, investigador del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien).

Menchú señaló que, pese al paso de más de una década, la capacidad del sistema penitenciario apenas ha variado. En el 2014 se registraban 6 mil 676 espacios disponibles en las cárceles, y al 30 de junio del 2025 la cifra es de apenas 6 mil 842. Esto contrasta con una población penitenciaria que asciende actualmente a 23 mil 382 personas, lo que según Menchú, evidencia un déficit crítico de espacios para resguardar a quienes se encuentran bajo custodia del Estado.

Ante esta situación, el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, dijo que implementará una estrategia integral para abordar los principales desafíos del sistema carcelario. El plan se basa en cuatro pilares: ampliación de infraestructura, implementación tecnológica, formación especializada del personal y fortalecimiento del control interno mediante nuevos protocolos, para evitar que caigan en actos corrupción.

El funcionario concluyó que, hacia finales del 2025, se espera poner en marcha los centros de detención Renovación II y Renovación III, así como reactivar la formación de nuevas promociones de guardias penitenciarios. Además, se implementará un modelo de carrera dentro del sistema, que incluirá procesos de ingreso, formación, evaluación y ascenso del personal.