La Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió este jueves 15 de enero no decretar la suspensión provisional del decreto 7-2025 del Congreso de la República, que contiene la Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de los Proyectos de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural (Codedes). La norma, conocida como Ley de Gasto Exprés, sigue vigente mientras el tribunal analiza en definitiva la acción de inconstitucionalidad promovida en su contra.

La acción fue presentada por Edgar René Ortiz Romero, Gregorio José Saavedra Zepeda y Luis Fernando Bermejo Quiñónez, quienes pidieron a la CC anular tanto el decreto completo como específicamente sus artículos 2 y 3, al considerar que violan principios constitucionales.

El pleno de magistrados, que conoció el expediente el 15 de enero del 2026, decidió no conceder la suspensión provisional solicitada, al considerar que no se cumplen los requisitos legales para detener temporalmente la aplicación de la norma. Esto significa que la ley seguirá en vigor, mientras se emite una sentencia definitiva sobre su validez constitucional.

La Corte también otorgó audiencia por quince días al Congreso de la República y al Ministerio Público, a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal, para que emitan sus opiniones sobre el caso.

Aprobación y veto presidencial

El Congreso de la República aprobó el Decreto 7‑2025, llamado Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de los Consejos Departamentales de Desarrollo Urbano y Rural (Codedes), que permite que esos consejos retengan y utilicen fondos no ejecutados del ejercicio fiscal anterior para el siguiente, eliminando candados de control existentes al transferir saldos al 2026.

El presidente Bernardo Arévalo vetó la iniciativa por considerar que tenía vicios de inconstitucionalidad, argumentando que violaba varias disposiciones de la Constitución relacionadas con la transparencia y el control del gasto público.

Sin embargo, el Congreso rechazó el veto presidencial, argumentando aspectos técnicos sobre plazos constitucionales, y publicó la ley en el Diario de Centro América para que entrara en vigor pese a las objeciones del Ejecutivo.

Organizaciones empresariales, gremios y sectores políticos han expresado preocupación por los posibles efectos de la norma en el control del gasto, al considerar que podría permitir una menor fiscalización y un manejo discrecional de recursos públicos por parte de los Codedes. Además, varios grupos de legisladores presentaron amparos para que el Congreso volviera a conocer el veto presidencial, señalando que el Legislativo no cumplió el procedimiento constitucional al declarar sin efecto la objeción del Ejecutivo.

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