Acciones legales y poca transparencia marcan el proceso de renovación para la nueva CC 2026-2031
El 4 y 16 de febrero se tendrán elecciones en el Cang y en el CSU de la Usac, pero las dos convocatorias han sido cuestionadas por amparos.
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Las magistraturas de la Corte de Constitucionalidad tienen una duración de cinco años. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
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La Corte de Constitucionalidad (CC) se suma a las instituciones que serán renovadas en el 2026, pero su proceso comenzó entre cuestionamientos y con dudas sobre la transparencia que rodean a los poderes de Estado involucrados en las designaciones.
En abril tiene que tomar posesión la novena magistratura de la CC, quien tendrá como tarea proteger la Constitución Política de la República de Guatemala por los próximos cinco años. Su primera prueba de fuego será el proceso electoral que comenzará en enero del 2027.
Las entidades a cargo de nombrar magistrados son el Organismo Ejecutivo; el Congreso de la República; la Corte Suprema de Justicia (CSJ); el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang); y el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos (Usac).
Los últimos dos ya tienen fechas previstas para sus elecciones, pero varias acciones de amparo amenazan sus convocatorias. Los amparos al no estar resueltos son una amenaza y generan incertidumbre en las decisiones que tomarán las dos instituciones, según la opinión de analistas consultados.
Actualmente la CC está integrada por los magistrados titulares Leyla Lemus, Dina Ochoa, Roberto Molina Barreto, Nester Vásquez y Héctor Hugo Pérez Aguilera, cada uno acompañado de un magistrado suplente.
Las acciones
El primero en comenzar con el proceso de renovación fue el Cang, quien convocó para el 4 de febrero las elecciones del colegio, para elegir a un magistrado titular y a un suplente.
En caso de que los resultados de las votaciones no definan a un ganador, el Cang, que dirige la abogada Patricia Gámez, podría celebrar una segunda vuelta el 12 de febrero.
Esta convocatoria a ha sido cuestionada por al menos dos amparos que se encuentra en la CC pendientes de conocerse y que no han sido discutidos, uno fue presentado por Raúl Falla, mientras el segundo fue firmado por Lesbia Amezquita y Efrén Sandoval.
La @CC_Guatemala no ha conocido 2 amparos qué cuestionan las elecciones del Cang del 4 de febrero para elegir magistrados de la CC. Las acciones no programadas por la presidenta Leyla Lemus cuestionan la inclusión de profesionales afines en la convocatoria. pic.twitter.com/btPgewkdkD
— Douglas Cuevas (@dcuevas_pl) January 30, 2026
Estas acciones cuestionan que en la convocatoria de las elecciones se llama no solo a los abogados sino a los profesionales afines, destacando una aparente violación al texto constitucional que deja esta tarea exclusivamente a los abogados y no a cualquier profesional colegiado.
Un tercer amparo solicitado por el abogado Diego Sagastume Vidaurre cuestiona supuestas ilegalidades en la convocatoria del Cang; sin embargo, esta acción no está en la CC sino en la Sala Sexta del Ramo Civil.
En el caso de la elección del CSU existen, al menos, cuatro amparos que cuestionan la falta de legitimidad de la elección prevista para el 16 de febrero, debido a que el órgano de esa casa de estudios no está integrado de manera correcta.
Más de la mitad de los 41 consejeros ya vencieron en los cargos y no han sido renovados, pese a que existen resoluciones de la CC que ordenan la elección, lo que a criterio de expertos, pone en riesgo la elección constitucional del lado de la Usac.
Además de las acciones de amparo también se reporta una denuncia ante el MP, debido a que no se ha respetado el proceso de renovación de la máxima autoridad universitaria.
Resolver acciones
Para Alejandro Rodríguez, analista de Impunity Watch, es necesario que todas las acciones legales presentadas se resuelvan. Destacando que ve actitudes maliciosas de parte de las acciones que cuestionan al Cang y fundamentos de ley en las que dudan del CSU.
“Yo espero que en el Cang no se entorpezca, se debe respetar la voluntad popular; ahora con la Usac debe de ser un cuerpo legítimo, no uno que está usurpando funciones”, añadió.
Sobre la CSJ y el Ejecutivo, Rodríguez considera que es vital que sean transparentes con sus elecciones, para así evitar cualquier cuestionamiento.
“El pueblo exige que la CSJ haga una convocatoria, y que explique qué méritos va a evaluar. Con el Ejecutivo no hay norma que obligue, pero se exhorta al presidente Bernardo Arévalo que lo haga de manera transparente y lo más publico posible”, señaló.
Pablo Muñoz, de Alianza por las Reformas, considera que es importante que todos los actores involucrados respeten la ley y valoren la trascendencia de las decisiones.
“Desde el inicio de las elecciones hemos pedido que se cumplan los plazos constitucionales, pero también con otros criterios como la calidad y la transparencia del proceso, debe de operar todo junto”, indicó.
Para el experto, es necesario que esta CC resuelva todas las acciones que reciba del proceso, de lo contrario las futuras autoridades electas podrían ser juez y parte.
“La nueva CC podría interferir en temas de MP y de su propia integración, por eso este procesos debe de cumplirse respetando los plazos y que la mesa ya esté limpia de acciones legales”, añadió.
Los otros procesos
El Congreso ya hizo una convocatoria para los profesionales interesados y acordó la integración de una comisión legislativa para evaluar los expedientes, mostrando acciones a favor de la transparencia del proceso.
No ocurre lo mismo con el Organismo Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia, quienes también tiene que designar a un magistrado titular y uno suplente. Ninguno de estos dos poderes del Estado han anunciado si se harán convocatorias públicas a candidatos, ni qué criterios se considerarán para elegir a sus representantes.
En el caso de la CSJ, se encuentra inmersa en la falta de acuerdos que han impedido la elección de un presidente, que a su vez es quien presidirá la comisión de postulación del MP.
Mientras que en el Ejecutivo, el presidente Bernardo Arévalo en declaraciones anteriores ha indicado que se estarían haciendo las evaluaciones de perfiles, pero sin brindar mayores detalles del proceso de selección.
El 4 y 16 de febrero se tendrán elecciones en el Cang y en el CSU de la Usac, pero las dos convocatorias han sido cuestionadas por amparos.
Acciones legales y poca transparencia marcan el proceso de renovación para la nueva CC 2026-2031
El 4 y 16 de febrero se tendrán elecciones en el Cang y en el CSU de la Usac, pero las dos convocatorias han sido cuestionadas por amparos.
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Las magistraturas de la Corte de Constitucionalidad tienen una duración de cinco años. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
La Corte de Constitucionalidad (CC) se suma a las instituciones que serán renovadas en el 2026, pero su proceso comenzó entre cuestionamientos y con dudas sobre la transparencia que rodean a los poderes de Estado involucrados en las designaciones.
En abril tiene que tomar posesión la novena magistratura de la CC, quien tendrá como tarea proteger la Constitución Política de la República de Guatemala por los próximos cinco años. Su primera prueba de fuego será el proceso electoral que comenzará en enero del 2027.
Las entidades a cargo de nombrar magistrados son el Organismo Ejecutivo; el Congreso de la República; la Corte Suprema de Justicia (CSJ); el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang); y el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos (Usac).
Los últimos dos ya tienen fechas previstas para sus elecciones, pero varias acciones de amparo amenazan sus convocatorias. Los amparos al no estar resueltos son una amenaza y generan incertidumbre en las decisiones que tomarán las dos instituciones, según la opinión de analistas consultados.
Actualmente la CC está integrada por los magistrados titulares Leyla Lemus, Dina Ochoa, Roberto Molina Barreto, Nester Vásquez y Héctor Hugo Pérez Aguilera, cada uno acompañado de un magistrado suplente.
Las acciones
El primero en comenzar con el proceso de renovación fue el Cang, quien convocó para el 4 de febrero las elecciones del colegio, para elegir a un magistrado titular y a un suplente.
En caso de que los resultados de las votaciones no definan a un ganador, el Cang, que dirige la abogada Patricia Gámez, podría celebrar una segunda vuelta el 12 de febrero.
Esta convocatoria a ha sido cuestionada por al menos dos amparos que se encuentra en la CC pendientes de conocerse y que no han sido discutidos, uno fue presentado por Raúl Falla, mientras el segundo fue firmado por Lesbia Amezquita y Efrén Sandoval.
La @CC_Guatemala no ha conocido 2 amparos qué cuestionan las elecciones del Cang del 4 de febrero para elegir magistrados de la CC. Las acciones no programadas por la presidenta Leyla Lemus cuestionan la inclusión de profesionales afines en la convocatoria. pic.twitter.com/btPgewkdkD
— Douglas Cuevas (@dcuevas_pl)
Estas acciones cuestionan que en la convocatoria de las elecciones se llama no solo a los abogados sino a los profesionales afines, destacando una aparente violación al texto constitucional que deja esta tarea exclusivamente a los abogados y no a cualquier profesional colegiado.
Un tercer amparo solicitado por el abogado Diego Sagastume Vidaurre cuestiona supuestas ilegalidades en la convocatoria del Cang; sin embargo, esta acción no está en la CC sino en la Sala Sexta del Ramo Civil.
En el caso de la elección del CSU existen, al menos, cuatro amparos que cuestionan la falta de legitimidad de la elección prevista para el 16 de febrero, debido a que el órgano de esa casa de estudios no está integrado de manera correcta.
Más de la mitad de los 41 consejeros ya vencieron en los cargos y no han sido renovados, pese a que existen resoluciones de la CC que ordenan la elección, lo que a criterio de expertos, pone en riesgo la elección constitucional del lado de la Usac.
Además de las acciones de amparo también se reporta una denuncia ante el MP, debido a que no se ha respetado el proceso de renovación de la máxima autoridad universitaria.
Resolver acciones
Para Alejandro Rodríguez, analista de Impunity Watch, es necesario que todas las acciones legales presentadas se resuelvan. Destacando que ve actitudes maliciosas de parte de las acciones que cuestionan al Cang y fundamentos de ley en las que dudan del CSU.
“Yo espero que en el Cang no se entorpezca, se debe respetar la voluntad popular; ahora con la Usac debe de ser un cuerpo legítimo, no uno que está usurpando funciones”, añadió.
Sobre la CSJ y el Ejecutivo, Rodríguez considera que es vital que sean transparentes con sus elecciones, para así evitar cualquier cuestionamiento.
“El pueblo exige que la CSJ haga una convocatoria, y que explique qué méritos va a evaluar. Con el Ejecutivo no hay norma que obligue, pero se exhorta al presidente Bernardo Arévalo que lo haga de manera transparente y lo más publico posible”, señaló.
Pablo Muñoz, de Alianza por las Reformas, considera que es importante que todos los actores involucrados respeten la ley y valoren la trascendencia de las decisiones.
“Desde el inicio de las elecciones hemos pedido que se cumplan los plazos constitucionales, pero también con otros criterios como la calidad y la transparencia del proceso, debe de operar todo junto”, indicó.
Para el experto, es necesario que esta CC resuelva todas las acciones que reciba del proceso, de lo contrario las futuras autoridades electas podrían ser juez y parte.
“La nueva CC podría interferir en temas de MP y de su propia integración, por eso este procesos debe de cumplirse respetando los plazos y que la mesa ya esté limpia de acciones legales”, añadió.
Los otros procesos
El Congreso ya hizo una convocatoria para los profesionales interesados y acordó la integración de una comisión legislativa para evaluar los expedientes, mostrando acciones a favor de la transparencia del proceso.
No ocurre lo mismo con el Organismo Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia, quienes también tiene que designar a un magistrado titular y uno suplente. Ninguno de estos dos poderes del Estado han anunciado si se harán convocatorias públicas a candidatos, ni qué criterios se considerarán para elegir a sus representantes.
En el caso de la CSJ, se encuentra inmersa en la falta de acuerdos que han impedido la elección de un presidente, que a su vez es quien presidirá la comisión de postulación del MP.
Mientras que en el Ejecutivo, el presidente Bernardo Arévalo en declaraciones anteriores ha indicado que se estarían haciendo las evaluaciones de perfiles, pero sin brindar mayores detalles del proceso de selección.
ESCRITO POR:
Douglas Cuevas
Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y del sector justicia, con 15 años de experiencia en periodismo escrito, televisivo y radial.
ARCHIVADO EN:
Prensa Libre | Guatemala
