La Conferencia Episcopal de Guatemala (CEG) advirtió este viernes 30 de enero sobre la gravedad del momento político que vive el país, en vísperas de las elecciones de segundo grado, y urgió reformas institucionales ante la crisis penitenciaria y el impacto de la migración.

La CEG lanzó un llamado urgente a las autoridades nacionales para actuar con honestidad y apego al marco legal en las elecciones de segundo grado que se avecinan, proceso que consideran crucial para la estabilidad democrática y la confianza ciudadana en las instituciones públicas.

El pronunciamiento fue emitido al cierre de su asamblea plenaria anual 2026, en la que los obispos abordaron los principales desafíos del país desde una perspectiva institucional y social. En su mensaje, subrayaron que el país atraviesa una coyuntura difícil, tanto a nivel interno como externo, en la que la ciudadanía está llamada a mirar el futuro con esperanza, pese a las tensiones políticas y sociales.

Las elecciones de segundo grado, señalaron en su comunicado, implican la designación de cargos clave como magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y de la Corte de Constitucionalidad (CC), así como el contralor general de Cuentas (CGC) y la fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP). Según el documento, estas decisiones influirán directamente en “la estabilidad democrática, la certeza jurídica y la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas”.

Además, consideraron prioritaria la elección del nuevo rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), un cargo que, además de su relevancia académica, representa un eje de poder político y judicial. En ese sentido, exhortaron a las comisiones de postulación, al Congreso de la República y a todos los organismos involucrados a que actúen con transparencia, pluralismo político, responsabilidad constitucional y sentido social. “Deben seleccionarse profesionales que demuestren capacidad, idoneidad y honradez”, recalcaron.

Crisis penitenciaria agrava clima previo a elecciones

El mensaje también abordó la reciente ola de violencia registrada en el sistema penitenciario del país y en otras localidades, que dejó 10 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) muertos, varios heridos y un clima de temor entre la población. La CEG calificó esta situación como una muestra de “ingobernabilidad” y advirtió sobre el momento crítico en que ocurre, justo cuando el país se encuentra a las puertas de renovar a funcionarios clave mediante elecciones indirectas.

Los obispos subrayaron que la crisis carcelaria refleja la debilidad de las instituciones encargadas de garantizar la justicia y el orden. Consideraron que este contexto representa una oportunidad para impulsar una depuración institucional profunda, que abra paso a cambios estructurales necesarios para fortalecer el Estado de derecho. “Las crisis son siempre oportunidades de cambio profundo que pueden marcar un mejor futuro”, afirmaron.

La desconfianza hacia el sistema democrático, especialmente entre los jóvenes, fue otro de los puntos señalados en el comunicado. Enfatizaron la necesidad de restaurar la legitimidad de las instituciones para evitar que actores al margen de la ley, como el crimen organizado, la extorsión y el sicariato, se conviertan en referentes o protagonistas dentro de la vida pública.

Reforma pendiente y migración

La Conferencia Episcopal también se pronunció sobre la vigencia de la Ley de Orden Público, que data de 1965, e instó al Congreso de la República a promover su reforma. A su juicio, esta normativa debe adaptarse a “nuevas realidades sociales”, en consonancia con la Constitución actual y los estándares internacionales de derechos humanos.

En cuanto a la migración, el comunicado denuncia la criminalización y el racismo que enfrentan los guatemaltecos en Estados Unidos, fenómeno que ha sido señalado también por obispos de ese país. La CEG reconoció el papel fundamental que los migrantes desempeñan en la economía nacional, al señalar que en el 2025 las remesas que enviaron al país superaron la quinta parte del producto interno bruto.

Ante ello, hizo un llamado a las familias receptoras a generar una “cultura del ahorro” y a invertir en el consumo necesario, dejando de lado lo superfluo. El documento posiciona así a la migración no solo como un fenómeno humanitario, sino como un eje económico y social que debe ser atendido con políticas más justas y sostenibles.

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