Narcotráfico, migración y lavado de dinero: el triángulo criminal que amenaza la estabilidad de Centroamérica
Centroamérica se encuentra ante una problemática derivada de la expansión del crimen organizado que fusiona narcotráfico, migración y corrupción estatal, según un informe elaborado por varios sectores, entre ellos Fundesa y el Cacif.
En la región Centroamericana y el Caribe las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas han expandido sus operaciones hacía otras actividades ilícitas según el informe elaborado por Fundesa, CACIF y otras entidades. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca).
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Centroamérica y el Caribe enfrentan una problemática de seguridad en la que el narcotráfico, el tráfico de armas, el lavado de dinero y la migración irregular se han entrelazado para crear un sistema delictivo que genera hasta US$18 mil millones anuales (unos Q144 mil millones) y amenaza la estabilidad democrática de la región, según el informe “Drogas, Armas y Efectivo: Una Amenaza Estratégica para las Américas”, elaborado por la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras de Guatemala (Cacif), con apoyo de Integrated Security Solutions (ISS), el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien) y Crime Stoppers.
El documento parte del contexto de que el crimen organizado transnacional, especialmente las estructuras dedicadas al narcotráfico, se ha convertido en una amenaza estratégica para la estabilidad política, económica y social, no solo para Guatemala, sino también para el hemisferio americano.
También revela que las organizaciones criminales han evolucionado de simples cárteles de drogas a conglomerados “policriminales” que operan como corporaciones multinacionales, diversificando sus actividades hacia el tráfico de migrantes, la extorsión y el lavado de dinero.
Según explicó Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de Fundesa, desde 2014 la Coalición por la Seguridad Ciudadana, integrada por las entidades que elaboraron el informe, ha dado seguimiento a estos temas, por lo que este documento da continuidad a un primer reporte realizado años atrás.
“Esta actualización nos ayuda a poner otros temas sobre la mesa, especialmente el tema de migración, que también se vuelve crítico en estos momentos como un tema donde el mismo Estados Unidos también ha mencionado cómo la migración a veces se utiliza también como un corredor importante de narcotráfico”, afirmó Zapata.
El propósito del informe puntualizó, es alertar sobre el impacto del triángulo “drogas, armas y dinero” y proponer una respuesta coordinada entre gobiernos y sector privado.
La problemática de la migración
Uno de los hallazgos más alarmantes del informe es la transformación de la migración irregular de un fenómeno humanitario a una lucrativa empresa criminal. Solo el tráfico de migrantes genera aproximadamente US$6 mil millones anuales (unos Q48 mil millones), rivalizando con los ingresos del narcotráfico en algunas rutas clave.
“Los migrantes ya no son solo víctimas de la violencia, sino que se han convertido en mercancía dentro de una economía criminal transnacional”, señala el informe.
El documento indica que el tapón del Darién, la impenetrable selva entre Colombia y Panamá, se ha convertido en el epicentro de esta crisis, con más de 520 mil cruces irregulares registrados en 2023, controlados por organizaciones delictivas.
Además, las redes criminales han implementado sofisticados sistemas de explotación que incluyen:
- Cobro de “pisos” o impuestos por paso, que oscilan entre US$800 y US$1 mil 500 por persona.
- Paquetes de “protección” escalonados que ofrecen distintos niveles de seguridad.
- Endeudamiento forzado que conduce al trabajo o transporte de drogas.
- Uso táctico de caravanas grandes como distracción para mover cargamentos de narcóticos.
Impacto humanitario
El costo humano es incalculable. Más de 40 mil menores han sido reclutados por el crimen organizado, mientras que mujeres y niñas enfrentan violencia sexual sistemática en las rutas migratorias, según el informe.
Además, comunidades fronterizas como Tecún Umán, en Guatemala y Paso Canoas, en la frontera entre Costa Rica y Panamá, funcionan como “campos de refugiados no oficiales”, con servicios públicos colapsados por la afluencia masiva de migrantes.
Debilidad institucional y corrupción sistémica
El informe identifica la corrupción y la debilidad institucional como factores habilitadores críticos. Señala que el crimen organizado ha infiltrado gobiernos municipales, cuerpos policiales y sistemas penitenciarios, transformando prisiones como la cárcel Pavón, en Guatemala, en “centros de mando criminal” desde donde líderes continúan dirigiendo operaciones internacionales.
El costo económico de la criminalidad alcanza proporciones significativas: entre 8% y 10% del PIB del Triángulo Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador) se pierde anualmente por violencia e inseguridad. En ciudades como San Pedro Sula, Honduras, las empresas destinan hasta 20% de sus presupuestos operativos a seguridad privada.
Lavado de dinero
Los mecanismos de lavado de dinero han alcanzado altos niveles de sofisticación. El informe estima que la región pierde entre US$60 mil millones y US$80 mil millones cada año por este concepto, mediante métodos como:
- Comercio ilegal de oro desde el Arco Minero del Orinoco, Venezuela, con unas 20 toneladas anuales (US$1.2 mil millones) que se mezclan con oro legal para su exportación.
- Facturación fraudulenta en la Zona Libre de Colón, Panamá, donde se detectan sobrefacturaciones de hasta 500%.
- Compra de bienes raíces de alto valor en Miami, Estados Unidos, Ciudad de Panamá y Ciudad de Guatemala.
- Uso de criptomonedas y sistemas informales de transferencia de valor.
Respuesta estratégica
Ante esta problemática, el informe propone la creación inmediata de un Centro Regional de Inteligencia Financiera (CRIF), que serviría como ente coordinador contra el lavado de dinero. Tendría su sede en Ciudad de Panamá o San Salvador, contaría con 150 analistas multinacionales y tecnología de punta para procesar 5 mil reportes mensuales de transacciones sospechosas.
El centro operaría con una junta directiva tripartita integrada por gobiernos centroamericanos, organismos internacionales y representantes del sector privado.
“El objetivo es pasar de una respuesta fragmentada a una estrategia regional integrada”, explicó Zapata.
Nueva base militar en Guatemala
El informe también analiza la viabilidad de establecer una base militar en la costa del Pacífico de Guatemala, identificando al Puerto Quetzal como ubicación potencial. Esta instalación fortalecería la interdicción marítima, la respuesta ante desastres naturales y la protección pesquera, aunque reconoce los desafíos políticos y ambientales que implicaría.
Sobre este punto, Zapata indicó que este es uno de los principales temas abordados por Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, lo cual considera positivo, ya que Guatemala ha comenzado a trabajar con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército estadounidense para retomar el proyecto de mejora del Puerto Quetzal.
“La recomendación va en la línea de ver la posibilidad de poder establecer una base militar aquí en Guatemala y que eso también ayude a facilitar la coordinación en la lucha contra el narcotráfico. Sabemos lo que está pasando en la región, lo que ya estamos viendo. Entonces, con una posible intensificación de la presencia militar en el Caribe hacia Venezuela, pues eso también hace pensar que Guatemala tiene que seguir trabajando de la mano con Estados Unidos en posicionar la lucha contra el narcotráfico como un tema crítico para nuestro país y para la región”, indicó Zapata.
Conclusión
El informe concluye con una advertencia: “Centroamérica se encuentra en una encrucijada crítica. Sin una respuesta coordinada, regional e integral, se arriesga a una mayor combinación entre crimen y Estado, donde las líneas entre gobierno, pandillas y traficantes globales se difuminan más allá del reconocimiento.”
Advierte que la migración ilegal y el narcotráfico ya no son crisis separadas, sino “un solo sistema criminal integrado” que requiere soluciones igualmente integradas.
El director ejecutivo de Fundesa indicó que el informe fue lanzado esta semana y se estará socializando con distintos sectores. Además, anunció que el documento será presentado al Ministerio de Gobernación el próximo 19 de noviembre, como un aporte y una recomendación de la Coalición por la Seguridad Ciudadana en beneficio de la seguridad nacional y regional.
Centroamérica se encuentra ante una problemática derivada de la expansión del crimen organizado que fusiona narcotráfico, migración y corrupción estatal, según un informe elaborado por varios sectores, entre ellos Fundesa y el Cacif.
Narcotráfico, migración y lavado de dinero: el triángulo criminal que amenaza la estabilidad de Centroamérica
Centroamérica se encuentra ante una problemática derivada de la expansión del crimen organizado que fusiona narcotráfico, migración y corrupción estatal, según un informe elaborado por varios sectores, entre ellos Fundesa y el Cacif.
En la región Centroamericana y el Caribe las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas han expandido sus operaciones hacía otras actividades ilícitas según el informe elaborado por Fundesa, CACIF y otras entidades. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca).
Centroamérica y el Caribe enfrentan una problemática de seguridad en la que el narcotráfico, el tráfico de armas, el lavado de dinero y la migración irregular se han entrelazado para crear un sistema delictivo que genera hasta US$18 mil millones anuales (unos Q144 mil millones) y amenaza la estabilidad democrática de la región, según el informe “Drogas, Armas y Efectivo: Una Amenaza Estratégica para las Américas”, elaborado por la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras de Guatemala (Cacif), con apoyo de Integrated Security Solutions (ISS), el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien) y Crime Stoppers.
El documento parte del contexto de que el crimen organizado transnacional, especialmente las estructuras dedicadas al narcotráfico, se ha convertido en una amenaza estratégica para la estabilidad política, económica y social, no solo para Guatemala, sino también para el hemisferio americano.
También revela que las organizaciones criminales han evolucionado de simples cárteles de drogas a conglomerados “policriminales” que operan como corporaciones multinacionales, diversificando sus actividades hacia el tráfico de migrantes, la extorsión y el lavado de dinero.
Según explicó Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de Fundesa, desde 2014 la Coalición por la Seguridad Ciudadana, integrada por las entidades que elaboraron el informe, ha dado seguimiento a estos temas, por lo que este documento da continuidad a un primer reporte realizado años atrás.
“Esta actualización nos ayuda a poner otros temas sobre la mesa, especialmente el tema de migración, que también se vuelve crítico en estos momentos como un tema donde el mismo Estados Unidos también ha mencionado cómo la migración a veces se utiliza también como un corredor importante de narcotráfico”, afirmó Zapata.
El propósito del informe puntualizó, es alertar sobre el impacto del triángulo “drogas, armas y dinero” y proponer una respuesta coordinada entre gobiernos y sector privado.
La problemática de la migración
Uno de los hallazgos más alarmantes del informe es la transformación de la migración irregular de un fenómeno humanitario a una lucrativa empresa criminal. Solo el tráfico de migrantes genera aproximadamente US$6 mil millones anuales (unos Q48 mil millones), rivalizando con los ingresos del narcotráfico en algunas rutas clave.
“Los migrantes ya no son solo víctimas de la violencia, sino que se han convertido en mercancía dentro de una economía criminal transnacional”, señala el informe.
El documento indica que el tapón del Darién, la impenetrable selva entre Colombia y Panamá, se ha convertido en el epicentro de esta crisis, con más de 520 mil cruces irregulares registrados en 2023, controlados por organizaciones delictivas.
Además, las redes criminales han implementado sofisticados sistemas de explotación que incluyen:
- Cobro de “pisos” o impuestos por paso, que oscilan entre US$800 y US$1 mil 500 por persona.
- Paquetes de “protección” escalonados que ofrecen distintos niveles de seguridad.
- Endeudamiento forzado que conduce al trabajo o transporte de drogas.
- Uso táctico de caravanas grandes como distracción para mover cargamentos de narcóticos.
Impacto humanitario
El costo humano es incalculable. Más de 40 mil menores han sido reclutados por el crimen organizado, mientras que mujeres y niñas enfrentan violencia sexual sistemática en las rutas migratorias, según el informe.
Además, comunidades fronterizas como Tecún Umán, en Guatemala y Paso Canoas, en la frontera entre Costa Rica y Panamá, funcionan como “campos de refugiados no oficiales”, con servicios públicos colapsados por la afluencia masiva de migrantes.
Debilidad institucional y corrupción sistémica
El informe identifica la corrupción y la debilidad institucional como factores habilitadores críticos. Señala que el crimen organizado ha infiltrado gobiernos municipales, cuerpos policiales y sistemas penitenciarios, transformando prisiones como la cárcel Pavón, en Guatemala, en “centros de mando criminal” desde donde líderes continúan dirigiendo operaciones internacionales.
El costo económico de la criminalidad alcanza proporciones significativas: entre 8% y 10% del PIB del Triángulo Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador) se pierde anualmente por violencia e inseguridad. En ciudades como San Pedro Sula, Honduras, las empresas destinan hasta 20% de sus presupuestos operativos a seguridad privada.
Lavado de dinero
Los mecanismos de lavado de dinero han alcanzado altos niveles de sofisticación. El informe estima que la región pierde entre US$60 mil millones y US$80 mil millones cada año por este concepto, mediante métodos como:
- Comercio ilegal de oro desde el Arco Minero del Orinoco, Venezuela, con unas 20 toneladas anuales (US$1.2 mil millones) que se mezclan con oro legal para su exportación.
- Facturación fraudulenta en la Zona Libre de Colón, Panamá, donde se detectan sobrefacturaciones de hasta 500%.
- Compra de bienes raíces de alto valor en Miami, Estados Unidos, Ciudad de Panamá y Ciudad de Guatemala.
- Uso de criptomonedas y sistemas informales de transferencia de valor.
Respuesta estratégica
Ante esta problemática, el informe propone la creación inmediata de un Centro Regional de Inteligencia Financiera (CRIF), que serviría como ente coordinador contra el lavado de dinero. Tendría su sede en Ciudad de Panamá o San Salvador, contaría con 150 analistas multinacionales y tecnología de punta para procesar 5 mil reportes mensuales de transacciones sospechosas.
El centro operaría con una junta directiva tripartita integrada por gobiernos centroamericanos, organismos internacionales y representantes del sector privado.
“El objetivo es pasar de una respuesta fragmentada a una estrategia regional integrada”, explicó Zapata.
Nueva base militar en Guatemala
El informe también analiza la viabilidad de establecer una base militar en la costa del Pacífico de Guatemala, identificando al Puerto Quetzal como ubicación potencial. Esta instalación fortalecería la interdicción marítima, la respuesta ante desastres naturales y la protección pesquera, aunque reconoce los desafíos políticos y ambientales que implicaría.
Sobre este punto, Zapata indicó que este es uno de los principales temas abordados por Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, lo cual considera positivo, ya que Guatemala ha comenzado a trabajar con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército estadounidense para retomar el proyecto de mejora del Puerto Quetzal.
“La recomendación va en la línea de ver la posibilidad de poder establecer una base militar aquí en Guatemala y que eso también ayude a facilitar la coordinación en la lucha contra el narcotráfico. Sabemos lo que está pasando en la región, lo que ya estamos viendo. Entonces, con una posible intensificación de la presencia militar en el Caribe hacia Venezuela, pues eso también hace pensar que Guatemala tiene que seguir trabajando de la mano con Estados Unidos en posicionar la lucha contra el narcotráfico como un tema crítico para nuestro país y para la región”, indicó Zapata.
Conclusión
El informe concluye con una advertencia: “Centroamérica se encuentra en una encrucijada crítica. Sin una respuesta coordinada, regional e integral, se arriesga a una mayor combinación entre crimen y Estado, donde las líneas entre gobierno, pandillas y traficantes globales se difuminan más allá del reconocimiento.”
Advierte que la migración ilegal y el narcotráfico ya no son crisis separadas, sino “un solo sistema criminal integrado” que requiere soluciones igualmente integradas.
El director ejecutivo de Fundesa indicó que el informe fue lanzado esta semana y se estará socializando con distintos sectores. Además, anunció que el documento será presentado al Ministerio de Gobernación el próximo 19 de noviembre, como un aporte y una recomendación de la Coalición por la Seguridad Ciudadana en beneficio de la seguridad nacional y regional.
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