Guatemala
Congreso emite la Ley Antipandillas que declara terroristas a los mareros
La norma endurece penas y permite congelar cuentas con aval judicial.
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Los diputados aceleraron la aprobación de la ley tras la fuga de 20 pandilleros. Fotografía: Prensa Libre.
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El Congreso aprobó este martes la Ley Antipandillas, que declara terroristas a los integrantes de maras y endurece las penas por delitos vinculados con estas estructuras.
La ley fue avalada la semana pasada en tercera lectura y en la mayor parte de su articulado. Sin embargo, la votación final fue aplazada por un fondo de revisión presentado por diputados que propusieron cambios en la redacción para evitar confusiones al momento de aplicar la norma.
Entre los promoventes del fondo se encuentra Elmer Palencia, jefe del bloque Valor. “Sellamos y damos por aprobada una ley importante”, afirmó el legislador.
Palencia aseguró que, luego de presentar el fondo, fue objeto de críticas en redes sociales, donde lo acusaron de oponerse a que se congelaran las cuentas bancarias de pandilleros.
Aclaró que respalda esas medidas, pero insistió en que la redacción debía ser precisa para evitar efectos colaterales que pudieran perjudicar a personas inocentes, como quienes se dedican a la economía informal.
“Es a criterio de un juez dentro de un proceso penal. Con eso garantizamos que los recursos mal habidos de las estructuras que declaramos terroristas no puedan utilizar el sistema bancario”, explicó.
El fondo de revisión incluyó una modificación que autoriza al Ministerio de Gobernación a usar hasta Q200 millones en la compra de equipo con países con los que Guatemala tiene convenios —no solo con Estados Unidos, como estaba planteado inicialmente—.
La revisión fue aprobada sin mayor oposición ni razonamientos de voto. La ley quedó en firme con 145 votos a favor y se convirtió en el decreto 11-2025.
Crisis impulsó aprobación
La nueva norma cobró impulso luego de que el gobierno de Estados Unidos declarara terroristas a las pandillas, lo que generó presión en el Congreso para aprobar legislación similar.
El presidente del Congreso lideró una mesa técnica en la que se consensuaron enmiendas, en reuniones privadas por razones de seguridad nacional.
Sin embargo, la fuga de 20 pandilleros de la prisión Fraijanes 2 agravó el clima político y aceleró el proceso legislativo. Como resultado, la ley incorpora el tratamiento de terroristas para estos grupos.
También establece que todos los procesos penales contra pandilleros deberán ser conocidos en juzgados de alto impacto, debido a su peligrosidad y para garantizar la seguridad de jueces y fiscales.
La crisis desembocó en la renuncia del ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, quien permanece en el cargo a la espera de que su sucesor, el juez anticorrupción Marco Antonio Villeda, asuma funciones.
Rechazan objeciones
Durante la sesión de pleno de este martes también se conocieron las objeciones al decreto 9-2025, ley reformas a la ley de protección y mejoramiento medio ambiental, impulsadas por la diputada Karina Paz, independiente tras ser expulsada del bloque Voluntad Oportunidad y Solidaridad (VOS).
La ley, a criterio de los opositores, reduce los controles para la emisión de licencias ambientales, lo que repercutiría en la calidad del entorno, atentando contra el medio ambiente.
Ahora, el decreto deberá de ser enviado al Organismo Ejecutivo, así el presidente analiza si sanciona o veta la norma.
Durante la sesión también se acordó dar por concluida la interpelación del ministro de Salud, Joaquín Barnoya, luego de la renuncia del diputado interpelante a continuar con el juicio político.
La norma endurece penas y permite congelar cuentas con aval judicial.
Guatemala
Congreso emite la Ley Antipandillas que declara terroristas a los mareros
La norma endurece penas y permite congelar cuentas con aval judicial.
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Los diputados aceleraron la aprobación de la ley tras la fuga de 20 pandilleros. Fotografía: Prensa Libre.
El Congreso aprobó este martes la Ley Antipandillas, que declara terroristas a los integrantes de maras y endurece las penas por delitos vinculados con estas estructuras.
La ley fue avalada la semana pasada en tercera lectura y en la mayor parte de su articulado. Sin embargo, la votación final fue aplazada por un fondo de revisión presentado por diputados que propusieron cambios en la redacción para evitar confusiones al momento de aplicar la norma.
Entre los promoventes del fondo se encuentra Elmer Palencia, jefe del bloque Valor. “Sellamos y damos por aprobada una ley importante”, afirmó el legislador.
Palencia aseguró que, luego de presentar el fondo, fue objeto de críticas en redes sociales, donde lo acusaron de oponerse a que se congelaran las cuentas bancarias de pandilleros.
Aclaró que respalda esas medidas, pero insistió en que la redacción debía ser precisa para evitar efectos colaterales que pudieran perjudicar a personas inocentes, como quienes se dedican a la economía informal.
“Es a criterio de un juez dentro de un proceso penal. Con eso garantizamos que los recursos mal habidos de las estructuras que declaramos terroristas no puedan utilizar el sistema bancario”, explicó.
El fondo de revisión incluyó una modificación que autoriza al Ministerio de Gobernación a usar hasta Q200 millones en la compra de equipo con países con los que Guatemala tiene convenios —no solo con Estados Unidos, como estaba planteado inicialmente—.
La revisión fue aprobada sin mayor oposición ni razonamientos de voto. La ley quedó en firme con 145 votos a favor y se convirtió en el decreto 11-2025.
Crisis impulsó aprobación
La nueva norma cobró impulso luego de que el gobierno de Estados Unidos declarara terroristas a las pandillas, lo que generó presión en el Congreso para aprobar legislación similar.
El presidente del Congreso lideró una mesa técnica en la que se consensuaron enmiendas, en reuniones privadas por razones de seguridad nacional.
Sin embargo, la fuga de 20 pandilleros de la prisión Fraijanes 2 agravó el clima político y aceleró el proceso legislativo. Como resultado, la ley incorpora el tratamiento de terroristas para estos grupos.
También establece que todos los procesos penales contra pandilleros deberán ser conocidos en juzgados de alto impacto, debido a su peligrosidad y para garantizar la seguridad de jueces y fiscales.
La crisis desembocó en la renuncia del ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, quien permanece en el cargo a la espera de que su sucesor, el juez anticorrupción Marco Antonio Villeda, asuma funciones.
Rechazan objeciones
Durante la sesión de pleno de este martes también se conocieron las objeciones al decreto 9-2025, ley reformas a la ley de protección y mejoramiento medio ambiental, impulsadas por la diputada Karina Paz, independiente tras ser expulsada del bloque Voluntad Oportunidad y Solidaridad (VOS).
La ley, a criterio de los opositores, reduce los controles para la emisión de licencias ambientales, lo que repercutiría en la calidad del entorno, atentando contra el medio ambiente.
Ahora, el decreto deberá de ser enviado al Organismo Ejecutivo, así el presidente analiza si sanciona o veta la norma.
Durante la sesión también se acordó dar por concluida la interpelación del ministro de Salud, Joaquín Barnoya, luego de la renuncia del diputado interpelante a continuar con el juicio político.
ESCRITO POR:
Douglas Cuevas
Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y del sector justicia, con 15 años de experiencia en periodismo escrito, televisivo y radial.
ARCHIVADO EN:
Prensa Libre | Guatemala
