Dinamarca, Alemania, Países Bajos, Grecia y Austria, todos ellos Estados miembros de la UE, han anunciado este lunes la creación de un centro de deportación de migrantes en Ruanda al que enviarán a extranjeros cuyas solicitudes de asilo hayan sido rechazadas y no puedan ser devueltos a sus países de origen. Esta iniciativa, que los gobiernos impulsores planean hacer efectiva en 2027, llega en un momento en que Bruselas busca la manera de resolver uno de los principales escollos en su política migratoria: la enorme brecha entre las órdenes de expulsión que emiten los Veintisiete y los retornos que finalmente consiguen ejecutar.
Los detractores de la apertura de centros de retorno en terceros países como Ruanda alertan de la falta de garantías y de supervisión para los migrantes trasladados
Dinamarca, Alemania, Países Bajos, Grecia y Austria, todos ellos Estados miembros de la UE, han anunciado este lunes la creación de un centro de deportación de migrantes en Ruanda al que enviarán a extranjeros cuyas solicitudes de asilo hayan sido rechazadas y no puedan ser devueltos a sus países de origen. Esta iniciativa, que los gobiernos impulsores planean hacer efectiva en 2027, llega en un momento en que Bruselas busca la manera de resolver uno de los principales escollos en su política migratoria: la enorme brecha entre las órdenes de expulsión que emiten los Veintisiete y los retornos que finalmente consiguen ejecutar.
Las cifras ilustran la magnitud del atasco: En 2025, los Estados miembros de la UE emitieron 491.950 órdenes de retorno de ciudadanos extracomunitarios, pero se registraron 135.460 deportaciones, un 28%, la tasa más elevada de los últimos 10 años, según Eurostat. Entre los motivos figuran la ausencia de acuerdos de readmisión y las dificultades a la hora de identificar a las personas y obtener sus documentos de viaje o la falta de cooperación de algunos países de origen, que se resisten a reconocer la nacionalidad o a readmitir a sus ciudadanos, según concluyó el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (Acnur) en un análisis sobre los sistemas de retorno publicado en marzo de 2025.
Para mejorar estos resultados, Europa busca soluciones más allá de sus fronteras, y no es la primera vez que lo hace: la UE ya ha firmado una serie de acuerdos de cooperación migratoria de distinta naturaleza en la última década con países como Libia, Túnez, Marruecos o Mauritania, con los que ha buscado reforzar la vigilancia, frenar las salidas irregulares, combatir las redes de tráfico de personas y mejorar la cooperación en materia de retornos. El proyecto en Ruanda introduce una diferencia sustancial, pues ya no se trata de impedir que los migrantes entren en Europa o enviarlos de vuelta a sus países de origen, sino de trasladar a un tercer país a personas que ya han entrado en territorio comunitario, no tienen permiso para quedarse y su expulsión no ha podido ejecutarse.
Estrella Galán, europdiputada de The Left y directora general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) entre 2011 y 2024, cuestiona que la eficacia de la política migratoria europea “deba medirse por el número de expulsiones”, y la considera “un verdadero fracaso”. A su juicio, la externalización responde a una estrategia que desplaza fuera de Europa tanto a las personas como a las responsabilidades de los Estados.
La iniciativa sigue la estela de otros intentos europeos de externalizar las políticas migratorias, como el acuerdo entre Italia y Albania, pero plantea un modelo distinto: trasladar a personas con órdenes de retorno pendientes a un país con el que no tienen necesariamente ningún vínculo.
El Reino Unido firmó en 2022 un acuerdo con Ruanda para enviar al país africano solicitantes de asilo, pero el proyecto no se materializó porque el Tribunal Supremo lo declaró ilegal un año después, alegando que existían motivos sustentados para creer que los trasladados corrían un riesgo real de ser devueltos a sus países de origen, donde podían sufrir persecución o malos tratos. El Gobierno intentó reactivarlo con modificaciones, pero el Ejecutivo laborista de Keir Starmer lo canceló definitivamente en 2024 al considerar que no era un mecanismo eficaz y que los resultados no compensaban el coste.
Hoy en día, sin embargo, esta opción es más sencilla de conseguir debido a un cambio en el marco normativo que facilita estas expulsiones desde el pasado 1 de octubre, cuando el Consejo de la UE dio luz verde al nuevo Reglamento de Retornos. Este contempla la posibilidad de establecer centros de retorno en países extracominutarios y trasladar a personas que no tienen derecho a permanecer en la UE y sobre las que pesa una orden de expulsión, aunque no tengan ninguna relación con ese tercer país o no hayan estado allí antes.
Para ello, la normativa europea establece que debe existir un instrumento de cooperación previo con el país receptor, y que este también debe respetar los estándares internacionales de derechos humanos y los principios del derecho internacional, incluido el de no devolución, es decir, aquel que prohíbe trasladar a una persona a un territorio donde su vida o libertad puedan correr peligro.
Los gobiernos defensores de esta iniciativa sostienen que los centros permitirán aumentar la eficacia de los retornos y que tendrán un efecto disuasorio sobre la migración irregular, tal y como aseguró el lunes la primera ministra danesa, Mette Frederiksen: “Creo que esto supone un cambio de juego. Recuperaremos el control y eliminaremos el incentivo para la migración ilegal”, manifestó en el anuncio del acuerdo en Viena.
Los detractores de la medida, por su parte, cuestionan la eficacia del acuerdo y sus consecuencias para los derechos de los afectados y se preguntan si trasladar a un tercer país a estos migrantes resolverá realmente los obstáculos que impiden su expulsión desde Europa, si este mecanismo de externalización garantizará sus derechos fundamentales y de qué manera se monitorizará ese cumplimiento en el país receptor. Acnur coincide en que estos centros no pueden considerarse una solución por sí solos, según admite Paula Barrachina, portavoz de la agencia en España. “No deben sustituir los esfuerzos dirigidos a lograr retornos seguros, dignos y asequibles”, advierte, en una entrevista.
Judith Sunderland, directora asociada de la división de Europa y Asia Central de Human Rights Watch (HRW), considera prematuro hablar de garantías concretas. “No sabemos cuáles serán y no sabemos cómo van a monitorizar la situación de las personas eventualmente deportadas”, aduce por teléfono. Según esta portavoz, las autoridades ruandesas impidieron la entrada a una investigadora de HRW en 2024, la cuarta integrante de la organización a la que se le denegó el acceso.
Situado en el corazón de África, Ruanda ha experimentado una profunda transformación económica desde el genocidio contra los tutsis de 1994 y el fin de la guerra civil. Su PIB real por habitante ha aumentado un 245% desde el año 2000, según el Banco Mundial, y su economía ha crecido un 9,4% en 2025, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística ruandés.
Sin embargo, en cuestión del respeto a los derechos fundamentales y las libertades civiles, aún le queda un largo camino por delante, según organizaciones como Amnistía Internacional. El Gobierno de Paul Kagame, presidente desde el 2000 y al frente de un Gobierno en manos del Frente Patriótico Ruandés desde 1994, ha sido objeto de críticas por reprimir a la oposición política y limitar la libertad de expresión. El informe Freedom in the World 2026, elaborado por la organización Freedom House, otorga al país 21 puntos sobre 100 y lo clasifica como “no libre” después de haber hallado evidencias de intimidación, detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones o presuntos asesinatos de opositores.
Naciones Unidas también ofrece elementos para evaluar la idoneidad de Ruanda. En noviembre de 2025, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos publicó un documento en el que recoge persistentes problemas de hacinamiento en las prisiones y el acceso limitado a la atención sanitaria y el saneamiento. Igualmente, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Ruanda señala que los centros de detención están sobreocupados: en su informe anual de 2023-2024 cifró la tasa de ocupación en un 134,3% de la capacidad disponible.

Más allá de la idoneidad de Ruanda, las críticas se dirigen hacia la dificultad de garantizar y supervisar que los derechos fundamentales de los extranjeros allí expulsados se vayan a respetar y también cuestionan que, al delegar en un tercer país la acogida y control de estas personas, los gobiernos europeos puedan acabar eludiendo sus responsabilidades. “Estos centros lo que hacen es desplazar a las personas fuera de la jurisdicción territorial europea y alejarlas de los mecanismos de protección”, sentencia Galán.
“Lo que [la iniciativa] hará es volver mucho más difícil la supervisión y el acceso a la justicia”, señala, y por ello reclama que cualquier acuerdo aclare las responsabilidades legales y jurídicas, y garantice a los trasladados mecanismos para denunciar posibles vulneraciones de sus derechos, completa Sutherland.
En el propio seno de la UE nacen algunas de estas reservas. La Agencia de Derechos Fundamentales de la UE (FRA) advirtió en febrero de 2025 que los centros de retorno no pueden convertirse en espacios ajenos a las obligaciones jurídicas europeas y en un documento sobre estas instalaciones reclamó que cada traslado esté respaldado por una decisión individual recurrible, que exista un acuerdo jurídicamente vinculante con el país receptor, que se evalúen previamente los riesgos para los derechos fundamentales y que se establezcan mecanismos independientes de supervisión.
Acnur, por su parte, considera que los centros podrían ser una herramienta complementaria para organizar retornos, pero recomienda limitarlos a casos en los que la solicitud de protección internacional haya sido rechazada definitivamente tras un procedimiento justo y la persona no tenga otra base legal para permanecer en la UE. Paula Barrachina, portavoz de la agencia en España, reclama que las instalaciones sean temporales y que se garantice que ningún traslado se lleve a cabo si hay riesgo de persecución o malos tratos. “Las personas no deben ser detenidas ni privadas de libertad en estos centros”, insiste.
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