¿Son efectivas las interpelaciones?

Conciencia

¿Son efectivas las interpelaciones?

Los diputados deben usar la interpelación con responsabilidad, no como herramienta de presión o chantaje.


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La semana pasada, diputados de la UNE solicitaron interpelar a cinco ministros. De aceptarse en el pleno, habría seis ministros en proceso y siete interpelaciones, ya que el ministro de Desarrollo tiene dos. La interpelación es un derecho constitucional (artículos 165 al 168 y 199) y está regulada en la Ley Orgánica del Congreso (artículo 4 y del 139 al 145). Fiscalizar es tarea de los diputados, pero debe hacerse con responsabilidad y coherencia. Una vez aceptada, el ministro citado no puede salir del país ni excusarse de responder (artículo 167 de la Constitución). Este proceso afecta su trabajo y altera la dinámica del ministerio. Además, los equipos se distraen preparando respuestas, mientras la incertidumbre y tensión interna aumentan por un posible voto de desconfianza.

Antes, las interpelaciones se usaban para bloquear la agenda legislativa. La Corte de Constitucionalidad intervino y fijó un proceso para evitar que paralizaran el Congreso. En el pasado, los ministros interpelados debían esperar en fila en el hemiciclo. Un caso extremo fue el de una ministra que pasó dos años en interpelación, en 120 sesiones, casi la mitad de su período. Hasta trasladó su despacho a una oficina en el Congreso para atender su trabajo.

El gobierno anterior no fue distinto. Según Congreso Eficiente, la interpelación del ministro de Energía y Minas inició el 31 de agosto de 2021 y ese año solo se avanzó en ocho sesiones. En 2022, solo hubo dos reuniones más. La última fue el 20 de enero de ese año y solo se abordaron nueve de 20 preguntas. Terminó en febrero, cuando el diputado ponente retiró la solicitud. Un desgaste sin beneficio para la población.

En 2024 se solicitaron ocho interpelaciones. Tres para el canciller a partir de mayo, impidiéndole salir del país durante meses, lo que afectó su labor diplomática. Las tres fueron evacuadas hasta enero de 2025. El ministro de Gobernación estuvo interpelado por 15 semanas mientras se discutía la reforma a la Ley de la Policía Nacional Civil. En ese tiempo se aprobó el decreto 35-2024 de urgencia nacional, plagado de inconstitucionalidades y grandes deficiencias institucionales.

Las citaciones a veces se usan más para presión política que para verdadera fiscalización.

Interpelar es un derecho, pero se ha convertido en moneda de cambio. Algunos diputados la usan para presionar por plazas, proyectos y obras. No es fiscalización, es espoliación. Cuando no logran su objetivo, alargan las sesiones. No hay discusión sobre políticas públicas ni estrategias de gobierno. Solo chantaje y desgaste.

Aunque la interpelación es un mecanismo legítimo, en la práctica pocas veces tiene consecuencias reales. En 30 años, solo ha habido dos votos de desconfianza, ambos contra ministros de Educación. En ambos casos, el presidente de turno rechazó sus renuncias, regresaron al Congreso y, al no alcanzar los votos suficientes, terminaron su período en el cargo.

El Congreso actual se ha excedido. Según Congreso Eficiente, 2024 tuvo la mayor cantidad de solicitudes de interpelación en el primer año de una legislatura: ocho en total. Además, se registraron 1,538 citaciones a funcionarios. Muchas no con el fin de fiscalizar, sino de presionar o desgastar a los ministros.

Las citaciones también se han desvirtuado. En muchos casos, no buscan fiscalizar, sino presionar a los funcionarios o humillarlos ante comunidades. Algunos diputados gritan, insultan y denigran a los citados. Incluso, en algunas ocasiones les han prohibido ingresar teléfonos celulares o han impedido el acceso a la prensa.

Las interpelaciones no deben usarse para extorsionar a ministros ni paralizar la agenda legislativa. Su fin es fiscalizar cuando se han agotado todas las instancias. Si no cumplen ese propósito, solo generan desgaste y ruido innecesario. Y el país, en lugar de avanzar, sigue atrapado en la misma dinámica de confrontación y estancamiento.

 Los diputados deben usar la interpelación con responsabilidad, no como herramienta de presión o chantaje.  

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¿Son efectivas las interpelaciones?

Los diputados deben usar la interpelación con responsabilidad, no como herramienta de presión o chantaje.

La semana pasada, diputados de la UNE solicitaron interpelar a cinco ministros. De aceptarse en el pleno, habría seis ministros en proceso y siete interpelaciones, ya que el ministro de Desarrollo tiene dos. La interpelación es un derecho constitucional (artículos 165 al 168 y 199) y está regulada en la Ley Orgánica del Congreso (artículo 4 y del 139 al 145). Fiscalizar es tarea de los diputados, pero debe hacerse con responsabilidad y coherencia. Una vez aceptada, el ministro citado no puede salir del país ni excusarse de responder (artículo 167 de la Constitución). Este proceso afecta su trabajo y altera la dinámica del ministerio. Además, los equipos se distraen preparando respuestas, mientras la incertidumbre y tensión interna aumentan por un posible voto de desconfianza.

Antes, las interpelaciones se usaban para bloquear la agenda legislativa. La Corte de Constitucionalidad intervino y fijó un proceso para evitar que paralizaran el Congreso. En el pasado, los ministros interpelados debían esperar en fila en el hemiciclo. Un caso extremo fue el de una ministra que pasó dos años en interpelación, en 120 sesiones, casi la mitad de su período. Hasta trasladó su despacho a una oficina en el Congreso para atender su trabajo.

El gobierno anterior no fue distinto. Según Congreso Eficiente, la interpelación del ministro de Energía y Minas inició el 31 de agosto de 2021 y ese año solo se avanzó en ocho sesiones. En 2022, solo hubo dos reuniones más. La última fue el 20 de enero de ese año y solo se abordaron nueve de 20 preguntas. Terminó en febrero, cuando el diputado ponente retiró la solicitud. Un desgaste sin beneficio para la población.

En 2024 se solicitaron ocho interpelaciones. Tres para el canciller a partir de mayo, impidiéndole salir del país durante meses, lo que afectó su labor diplomática. Las tres fueron evacuadas hasta enero de 2025. El ministro de Gobernación estuvo interpelado por 15 semanas mientras se discutía la reforma a la Ley de la Policía Nacional Civil. En ese tiempo se aprobó el decreto 35-2024 de urgencia nacional, plagado de inconstitucionalidades y grandes deficiencias institucionales.

Las citaciones a veces se usan más para presión política que para verdadera fiscalización.

Interpelar es un derecho, pero se ha convertido en moneda de cambio. Algunos diputados la usan para presionar por plazas, proyectos y obras. No es fiscalización, es espoliación. Cuando no logran su objetivo, alargan las sesiones. No hay discusión sobre políticas públicas ni estrategias de gobierno. Solo chantaje y desgaste.

Aunque la interpelación es un mecanismo legítimo, en la práctica pocas veces tiene consecuencias reales. En 30 años, solo ha habido dos votos de desconfianza, ambos contra ministros de Educación. En ambos casos, el presidente de turno rechazó sus renuncias, regresaron al Congreso y, al no alcanzar los votos suficientes, terminaron su período en el cargo.

El Congreso actual se ha excedido. Según Congreso Eficiente, 2024 tuvo la mayor cantidad de solicitudes de interpelación en el primer año de una legislatura: ocho en total. Además, se registraron 1,538 citaciones a funcionarios. Muchas no con el fin de fiscalizar, sino de presionar o desgastar a los ministros.

Las citaciones también se han desvirtuado. En muchos casos, no buscan fiscalizar, sino presionar a los funcionarios o humillarlos ante comunidades. Algunos diputados gritan, insultan y denigran a los citados. Incluso, en algunas ocasiones les han prohibido ingresar teléfonos celulares o han impedido el acceso a la prensa.

Las interpelaciones no deben usarse para extorsionar a ministros ni paralizar la agenda legislativa. Su fin es fiscalizar cuando se han agotado todas las instancias. Si no cumplen ese propósito, solo generan desgaste y ruido innecesario. Y el país, en lugar de avanzar, sigue atrapado en la misma dinámica de confrontación y estancamiento.

ESCRITO POR:
María del Carmen Aceña
Ingeniera en Sistemas, con maestría en Administración de Empresas de INCAE. Vicepresidente del Centro de Investigaciones Económicas (Cien). Exministra de Educación. Amante de la vida y de Guatemala

 Prensa Libre | Guatemala

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