El nuevo presidente de EE UU, Donald Trump, baraja enviar hasta 10.000 soldados a la frontera con México, según informan este jueves varios medios estadounidenses que han tenido acceso a un documento interno de la administración estadounidense. El documento, además, contempla que se utilicen bases militares para custodiar a los inmigrantes que estén a la espera de ser deportados. Las medidas forman parte del programa antiinmigración que Trump ha puesto en marcha nada más llegar a la Casa Blanca, que incluye también la declaración del estado de emergencia en torno a la frontera para permitir el envío de soldados. La primera legislación no ejecutiva de la era Trump, también referida a la inmigración, ha salido del Congreso. La llamada Ley Laken Riley ha sido aprobada por la Cámara y ya solo necesita la firma del presidente. La norma permite a las autoridades detener y deportar a inmigrantes sin necesidad de una condena si son acusados, imputados o admiten haber cometido delitos como allanamiento de morada, robo, agresión a un agente de policía o cualquier acto con resultado de muerte o lesiones corporales. La Casa Blanca informó el miércoles de que ha cerrado la frontera con México a los inmigrantes, incluidos los solicitantes de asilo. Unas horas antes se supo que el Gobierno del republicano había ordenado a los fiscales federales que investiguen a cualquier funcionario estatal o local que se interponga en el camino de la aplicación de las medidas migratorias del nuevo mandatario.
El Congreso aprueba la Ley Laken Riley, que permitirá deportar a migrantes acusados de ciertos crímenes | El Gobierno de Trump procesará a cualquier funcionario que se oponga a sus políticas de inmigración
Entablan una demanda judicial contra Trump por el grupo de trabajo que lidera Musk
Un grupo de organizaciones han entablado una demanda judicial contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a raíz del grupo de trabajo que creó para reformar la administración pública y que lidera Elon Musk, el hombre más rico del mundo.
Según la Federación Estadounidense de Empleados Federales (AFGE, en inglés), el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) va en contra de los dispuesto en la Ley del Comité Asesor Federal (FACA), que establece que un grupo de trabajo como ese debe estar balanceado en cuanto a miembros y puntos de vista.
Para la AFGE, que representa a unos 800.000 empleados federales, Trump y la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB) «los miembros de DOGE no tienen un equilibrio justo de puntos de vista, las reuniones se llevan a cabo en secreto y sin previo aviso público, y los registros y el producto del trabajo no están disponibles al público», según un comunicado difundido este martes.
La AFGE, junto a Public Citizen y State Democracy Defenders Fund, han interpuesto en un tribunal federal de Washington una querella contra Trump y OMB por el grupo de trabajo que lidera Musk, el cual «está acosado tanto por conflictos de intereses como por las opiniones sesgadas y extremistas de la clase libertaria multimillonaria», de acuerdo a Robert Weissman, copresidente de Public Citizen.
Esta querella se suma a la que interpuso el lunes, el mismo día de la inauguración del segundo mandato de Trump, la National Security Counselors, que igualmente afirma que DOGE viola a la FACA, que regula las funciones y la transparencia de los comités asesores federales.
Tras su triunfo electoral en noviembre pasado, Trump encomendó a Musk y al empresario biotecnológico Vivek Ramaswamy estar al frente del DOGE, un grupo de trabajo no gubernamental dirigido a reducir y reestructurar la administración pública con el fin de ahorrar miles de millones de dólares a las arcas del Estado.
Ramaswamy, sin embargo, dejó el lunes este grupo de trabajo para enfocarse en un puesto electivo en el estado de Ohio, posiblemente para el cargo de gobernador, como han deslizado medios estadounidenses.
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