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Organismo Judicial sancionó a solo dos de cada 100 jueces denunciados durante el 2024
Las estadísticas reflejan que entre las denuncias en el OJ que no fueron tramitadas hay cargos por incumplimiento de deberes y retardo malicioso.
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La desconfianza social hacia el trabajo de los jueces y magistrados se refleja con la cantidad de operadores de justicia que fueron denunciados en el 2024.
Estadísticas del Organismo Judicial (OJ) detallan que hubo 736 denuncias contra jueces y magistrados en la Supervisión de Tribunales. Los datos se obtuvieron mediante solicitudes de acceso a la información pública.
Aunque la cantidad de denuncias fue elevada, los números se reducen de manera significativa cuando se habla de sanciones. Las autoridades judiciales impusieron 16 durante el 2024.
Eso significa que, de cada cien denuncias recibidas, en solo dos casos se llegó a sanciones, cifras que, para analistas en Derecho Penal y justicia, deben ser una alerta para que las autoridades judiciales tomen cartas en el asunto.
De las 736 denuncias contra jueces y magistrados, 339 ni siquiera fueron admitidas para trámite. Tres señalamientos figuran entre los que se desestiman con mayor frecuencia:
- Inconformidades e irregularidades con lo resuelto dentro de los expedientes judiciales.
- Atraso en el trámite de los expedientes judiciales.
- Incumplimiento de deberes o retardo malicioso.
Las autoridades de la Junta de Disciplina Judicial, a cargo del seguimiento de las quejas que presentan los usuarios del sistema, explicaron sobre las denuncias desestimadas que “cada caso tiene sus particularidades, las cuales son objeto de análisis para que esta Junta emita alguna decisión sobre admisibilidad”.
Entre las 16 sanciones emitidas en el 2024 contra jueces y magistrados, destacan 12 suspensiones sin goce de sueldo y cuatro amonestaciones por escrito.
Las cifras, a criterio de analistas, son reflejo de la desconfianza social contra los jueces del OJ, y algunos de los casos salen a la opinión pública.
En la actualidad, los jueces de Alta Verapaz están envueltos en una investigación administrativa por señalamientos que involucran al juzgado y tribunales de la localidad en prácticas de consumo de licor y convivencia con menores de edad.
El caso Melisa Palacios, en el cual figura como principal acusada Fernanda Bonilla, también ha acaparado la atención pública. Abogados querellantes del caso exponen que, aunque el juez Juan José Regalado ha mostrado aparente simpatía hacia Bonilla, no aceptó la recusación, por lo que dudan de su objetividad.
Otro caso que también estuvo en el ojo del huracán en las últimas semanas es el del médico Kevin Malouf, ya que el juez a cargo, Pedro Laynez, no aceptó las recusaciones en su contra, pese a que emitió opinión sobre la situación, según el Ministerio Público (MP).
Esgrimen independencia
Para el analista independiente Zoel Franco, experto en Derecho Penal, ahora existen muchos jueces que evaden normas éticas y de conducta dentro de sus juzgados, con el argumento de la “independencia judicial”.
“Deben mejorar los controles del OJ sobre sus operadores de justicia. Es cierto que existe el límite de la independencia judicial, pero eso no debe ser un escudo para que los jueces tengan conductas contrarias a la ley”, advirtió.
Las conductas recientes de algunos jueces, junto a otros sobre quienes, incluso, pesan dudas por supuesta corrupción, hacen que muchas personas desconfíen de la administración judicial.
“Hay falta de confianza en el sistema de justicia y se ha venido perdiendo desde hace mucho tiempo. Las personas tienen la percepción de que el sistema de justicia no responde por tantos señalamientos de corrupción contra operadores de justicia”, añadió Franco.
Las cifras no son nada alentadoras y asegura necesario que las actuales autoridades judiciales busquen una forma para solucionar el problema.
“Hay casos de jueces que han tomado decisiones dentro de su función que generan desconfianza y que posiblemente no van conforme a derecho. Esto abona a la degradación del sistema de justicia, principalmente el penal, en Guatemala”, indicó.
Nunca al 100%
Alejandro Rodríguez, del Centro de Estudios Comparados en Ciencias Penales, opina que las estadísticas sobre los jueces necesitan soluciones de fondo. Por ello, la actual Corte Suprema de Justicia (CSJ) debe prestar atención.
“La supervisión que existe en tribunales es un órgano bastante dependiente del Organismo Judicial, y por eso no es objetiva al momento de hacer las investigaciones. En el 2016, cuando se hizo la Ley de la Carrera Judicial, la idea era que la Junta de Disciplina fuera electa por la Carrera Judicial, pero luego hubo retrocesos”, indicó.
Considera que el retardo de justicia es un problema sistémico que ameritaría que se tomaran acciones concretas para reducir lo más posible la mora judicial.
Finalmente, Rodríguez ve necesario que la CSJ verifique que se están respetando los plazos para programar audiencias, incluso si se respeta su hora pactada; de lo contrario, estos problemas continuarán.
“El juez tiene mucho control sobre cuándo programar las audiencias, su duración, y son pequeños retrasos que no se dan en todos los juzgados, pero sí en muchos; existe un retraso en cadena”, afirmó.
Las estadísticas reflejan que entre las denuncias en el OJ que no fueron tramitadas hay cargos por incumplimiento de deberes y retardo malicioso.
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Organismo Judicial sancionó a solo dos de cada 100 jueces denunciados durante el 2024
Las estadísticas reflejan que entre las denuncias en el OJ que no fueron tramitadas hay cargos por incumplimiento de deberes y retardo malicioso.
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La desconfianza social hacia el trabajo de los jueces y magistrados se refleja con la cantidad de operadores de justicia que fueron denunciados en el 2024.
Estadísticas del Organismo Judicial (OJ) detallan que hubo 736 denuncias contra jueces y magistrados en la Supervisión de Tribunales. Los datos se obtuvieron mediante solicitudes de acceso a la información pública.
Aunque la cantidad de denuncias fue elevada, los números se reducen de manera significativa cuando se habla de sanciones. Las autoridades judiciales impusieron 16 durante el 2024.
Eso significa que, de cada cien denuncias recibidas, en solo dos casos se llegó a sanciones, cifras que, para analistas en Derecho Penal y justicia, deben ser una alerta para que las autoridades judiciales tomen cartas en el asunto.
De las 736 denuncias contra jueces y magistrados, 339 ni siquiera fueron admitidas para trámite. Tres señalamientos figuran entre los que se desestiman con mayor frecuencia:
- Inconformidades e irregularidades con lo resuelto dentro de los expedientes judiciales.
- Atraso en el trámite de los expedientes judiciales.
- Incumplimiento de deberes o retardo malicioso.
Las autoridades de la Junta de Disciplina Judicial, a cargo del seguimiento de las quejas que presentan los usuarios del sistema, explicaron sobre las denuncias desestimadas que “cada caso tiene sus particularidades, las cuales son objeto de análisis para que esta Junta emita alguna decisión sobre admisibilidad”.
Entre las 16 sanciones emitidas en el 2024 contra jueces y magistrados, destacan 12 suspensiones sin goce de sueldo y cuatro amonestaciones por escrito.
Las cifras, a criterio de analistas, son reflejo de la desconfianza social contra los jueces del OJ, y algunos de los casos salen a la opinión pública.
En la actualidad, los jueces de Alta Verapaz están envueltos en una investigación administrativa por señalamientos que involucran al juzgado y tribunales de la localidad en prácticas de consumo de licor y convivencia con menores de edad.
El caso Melisa Palacios, en el cual figura como principal acusada Fernanda Bonilla, también ha acaparado la atención pública. Abogados querellantes del caso exponen que, aunque el juez Juan José Regalado ha mostrado aparente simpatía hacia Bonilla, no aceptó la recusación, por lo que dudan de su objetividad.
Otro caso que también estuvo en el ojo del huracán en las últimas semanas es el del médico Kevin Malouf, ya que el juez a cargo, Pedro Laynez, no aceptó las recusaciones en su contra, pese a que emitió opinión sobre la situación, según el Ministerio Público (MP).
Esgrimen independencia
Para el analista independiente Zoel Franco, experto en Derecho Penal, ahora existen muchos jueces que evaden normas éticas y de conducta dentro de sus juzgados, con el argumento de la “independencia judicial”.
“Deben mejorar los controles del OJ sobre sus operadores de justicia. Es cierto que existe el límite de la independencia judicial, pero eso no debe ser un escudo para que los jueces tengan conductas contrarias a la ley”, advirtió.
Las conductas recientes de algunos jueces, junto a otros sobre quienes, incluso, pesan dudas por supuesta corrupción, hacen que muchas personas desconfíen de la administración judicial.
“Hay falta de confianza en el sistema de justicia y se ha venido perdiendo desde hace mucho tiempo. Las personas tienen la percepción de que el sistema de justicia no responde por tantos señalamientos de corrupción contra operadores de justicia”, añadió Franco.
Las cifras no son nada alentadoras y asegura necesario que las actuales autoridades judiciales busquen una forma para solucionar el problema.
“Hay casos de jueces que han tomado decisiones dentro de su función que generan desconfianza y que posiblemente no van conforme a derecho. Esto abona a la degradación del sistema de justicia, principalmente el penal, en Guatemala”, indicó.
Nunca al 100%
Alejandro Rodríguez, del Centro de Estudios Comparados en Ciencias Penales, opina que las estadísticas sobre los jueces necesitan soluciones de fondo. Por ello, la actual Corte Suprema de Justicia (CSJ) debe prestar atención.
“La supervisión que existe en tribunales es un órgano bastante dependiente del Organismo Judicial, y por eso no es objetiva al momento de hacer las investigaciones. En el 2016, cuando se hizo la Ley de la Carrera Judicial, la idea era que la Junta de Disciplina fuera electa por la Carrera Judicial, pero luego hubo retrocesos”, indicó.
Considera que el retardo de justicia es un problema sistémico que ameritaría que se tomaran acciones concretas para reducir lo más posible la mora judicial.
Finalmente, Rodríguez ve necesario que la CSJ verifique que se están respetando los plazos para programar audiencias, incluso si se respeta su hora pactada; de lo contrario, estos problemas continuarán.
“El juez tiene mucho control sobre cuándo programar las audiencias, su duración, y son pequeños retrasos que no se dan en todos los juzgados, pero sí en muchos; existe un retraso en cadena”, afirmó.
ESCRITO POR:
Douglas Cuevas
Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y del sector justicia, con 15 años de experiencia en periodismo escrito, televisivo y radial.
ARCHIVADO EN:
Prensa Libre | Guatemala
