El Supremo de Estados Unidos rechaza la demanda de México contra los fabricantes de armas

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha rechazado la demanda del Gobierno de México contra los fabricantes de armas de fuego, a los que consideraba responsables últimos de la violencia de los cárteles de la droga y de facilitar el tráfico ilegal de armas hacia el país. “Dado que la demanda de México no alega de manera plausible que los fabricantes de armas demandados ayudaron e incitaron a los distribuidores de armas a vender ilegalmente armas de fuego a traficantes mexicanos, la PLCAA [Ley de Protección del Comercio Legal de Armas] impide la demanda”, dice el fallo unánime de los nueve magistrados del Supremo, seis de ellos conservadores y tres progresistas.

En este caso los magistrados debían dar respuesta a dos cuestiones. Primero, si la producción y venta de armas de fuego en Estados Unidos es la “causa inmediata” de las presuntas lesiones al Gobierno mexicano derivadas de la violencia cometida por los cárteles de la droga en México. Segundo, si la producción y venta de armas de fuego en Estados Unidos equivale a “ayudar e instigar” el tráfico ilegal de las mismas porque las empresas que las fabrican y comercializan supuestamente saben que algunos de sus productos son objeto de tráfico ilegal. Los jueces se ponen del lado de los fabricantes e impiden que las acciones legales contra ellos avancen.

El Gobierno mexicano demandó a Smith & Wesson Brands, Barrett Firearms Manufacturing, Beretta, Glock, Colt y otros fabricantes y distribuidores para hacerlos responsables de los daños infligidos por los cárteles de la droga mexicanos. Según México, las empresas estadounidenses de armas de fuego han llevado a cabo una serie de prácticas comerciales durante décadas —desde la venta de rifles semiautomáticos hasta la fabricación de cargadores con capacidad para más de diez cartuchos, pasando por la no imposición de diversas restricciones de venta— que han creado una oferta de armas de fuego que posteriormente se introducen de contrabando a través de la frontera y que, en última instancia, son utilizadas por los cárteles para cometer delitos. México aspiraba a lograr miles de millones de dólares en daños y perjuicios, y también reclamaba una amplia medida cautelar que impusiese nuevas medidas de control de armas en Estados Unidos.

El tribunal de distrito había desestimado el caso en virtud de la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA), que generalmente prohíbe las demandas contra empresas de armas de fuego basadas en el uso indebido de sus productos por parte de delincuentes. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito revocó esa decisión con una sentencia que permitiría que el caso siguiese adelante. Los fabricantes de armas recurrieron al Supremo, que admitió el caso a trámite.

México optó por abrir otros frentes en su ofensiva judicial e interpuso a finales de 2022 otra demanda en Arizona contra cinco distribuidores de armas. Ese proceso va por un carril separado, aunque el fallo del Supremo en contra del Gobierno mexicano podría sentar un precedente legal y condicionarlo.

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