El Gobierno de Trump planea colocar a la Universidad de Columbia bajo tutela federal, según ‘The Wall Street Journal’

No satisfecha aparentemente con las cesiones de la Universidad de Columbia para recuperar 400 millones de dólares en fondos federales, la Administración de Donald Trump planea un acuerdo legal que en la práctica pondría a la institución bajo tutela judicial, según ha informado este jueves el diario The Wall Street Journal. El centro se encuentra en el punto de mira de la Administración republicana por permitir manifestaciones presuntamente antisemitas durante la oleada de protestas contra la guerra de Gaza de la primavera pasada y la tutela judicial sería un paso de gigante en la presión sobre la universidad, así como un serio aviso a navegantes para otras muchas universidades investigadas por el mismo motivo, su respuesta a manifestaciones contrarias a Israel.

Según la exclusiva del diario, el acuerdo legal que Washington estudia imponer a Columbia bajo la fórmula del denominado decreto de consentimiento daría a un juez federal durante un tiempo indeterminado —incluso años— la responsabilidad de garantizar que Columbia modifique su reglamento, en especial en lo relativo a las protestas, para adecuarlo a las directrices del Gobierno federal. Sería un acuerdo vinculante y, en caso de que el juez determinase que la institución no acata los términos, podría ser declarada en desacato y castigada con sanciones.

Desde que el 7 de marzo la Administración republicana anunció la retirada de 400 millones de dólares en subvenciones y contratos federales —una pérdida que afectaría en especial a las facultades de medicina y ciencias de la salud—, Columbia está negociando con el Gobierno cómo restablecer la financiación federal, capital para el funcionamiento de esta y el resto de universidades privadas. El 21 de marzo, en medio del escándalo por la detención del activista palestino Mahmud Khalil en su campus, Columbia claudicó ante la primera andanada de demandas, entre ellas regular y endurecer las reglas para permitir protestas; prohibir el uso de mascarillas en las mismas; permitir a guardias de seguridad privados recién contratados que detengan estudiantes en el campus y, puede que la más importante de todas, la imposición de un supervisor o vicerrector especial en el Departamento de Estudios de Oriente Próximo, incluido el prestigioso Centro de Estudios Palestinos. El supervisor tendría competencias sobre el temario y la contratación del profesorado.

Pero la cesión de Columbia está lejos de haber resuelto la crisis, en la que se han visto implicadas numerosas universidades de EE UU desde que Trump firmara a finales de enero una orden ejecutiva para combatir el supuesto antisemitismo —en realidad, cualquier crítica a Israel por su ofensiva militar en Gaza— y que ha puesto contra las cuerdas el presupuesto de algunas de las más prestigiosas instituciones.

La Administración republicana se escuda en la posible violación del título VI de la ley de derechos civiles. Habitualmente, informa el Wall Street Journal, después de que una investigación federal —como la que está en curso bajo el pretexto de combatir el antisemitismo— determine que se han violado los derechos civiles, las escuelas llegan a acuerdos voluntarios para corregir las prácticas que han dado lugar al quebrantamiento, pero el gobierno federal tiene poca capacidad para hacer cumplirlos. La Administración del demócrata Joe Biden firmó acuerdos voluntarios de este tipo con las Universidades de Brown y Rutgers por acusaciones de antisemitismo.

Para que un decreto de consentimiento surta efecto, Columbia tendría que aceptar someterse a él, exponiéndose en caso contrario a la judicialización del contencioso. No está claro si el consejo de la universidad ha debatido asumir voluntariamente el pacto, que le ataría en cualquier negociación, pero el periódico universitario ha publicado, casi a la misma hora de publicación de la exclusiva, un feroz alegato por la libertad académica y de expresión, que ve en peligro por la ofensiva de la Administración republicana. “Al negociar y ceder [en las demandas citadas anteriormente], Columbia ha ofrecido a Trump una victoria en su campaña para reducir los derechos de la Primera Enmienda a la libertad de expresión y de investigación en la educación superior. Al dar la bienvenida a la supervisión federal en los departamentos académicos (…) la Universidad ha ayudado a poner en marcha una bola de nieve de represión y restricciones en la educación superior. La Universidad de Pensilvania, Harvard, Princeton, Brown, y más recientemente [este martes] Cornell y Northwestern, también se enfrentan a pausas de financiación e investigaciones como las de nuestro campus”, dice el artículo, que admite que, en efecto, la universidad, “como muchas instituciones”, tiene mucho trabajo por hacer para fomentar y apoyar el aprendizaje de todos abordando activamente el antisemitismo, pero también “la islamofobia y todas las formas de racismo, discriminación y odio”.